Si Nicolás Maduro ha podido seguir usurpando el poder en Venezuela —a pesar del masivo descontento popular y la creciente presión internacional— se lo debe en gran medida a los miles de agentes castristas que, infiltrados en las fuerzas armadas y otras ramas del Estado, vigilan y espían a los cuerpos castrenses venezolanos, a los que proveen adiestramiento para reprimir, empleando la tortura, a los militares dispuestos o proclives a reconocer y sostener al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Por su parte, el régimen castrista podría difícilmente sobrevivir por largo tiempo, en las actuales circunstancias, sin el maná petrolero que ha venido recibiendo de Venezuela desde que Chávez llegó al poder en aquel país.
Como dos alpinistas que escalan una montaña ligados a una misma cuerda, los regímenes de Cuba y Venezuela tienen sus destinos atados el uno al otro. Así, pues, si el chavismo colapsa en Venezuela, no se puede descartar que arrastre consigo al castrismo en Cuba.
Es por ello que el desplome económico de la Venezuela chavista, unido al acorralamiento diplomático y financiero a que está sometido hoy el régimen usurpador de Caracas, es capaz de poner en jaque al régimen cubano.
Un suministro de petróleo declinante
El primer elemento a tomar en consideración en el rompecabezas que nos ocupa es el hecho que el suministro de petróleo venezolano a Cuba —algo vital, cabe repetir, para la supervivencia del castrismo— ya no puede darse por descontado. En un lapso de 11 años, la producción de petróleo venezolano ha sufrido una caída de casi 70%: de 3,2 millones de barriles diarios en 2008, la misma se sitúa en un millón en la actualidad. El abastecimiento de petróleo a Cuba llega apenas a la mitad del nivel de 2012. Y como la producción de petróleo en Venezuela continúa su vertiginoso descenso (las previsiones indican que alcanzará tan solo 750.000 barriles en 2020), los aportes de crudo al régimen castrista están llamados a descender aún más.
Añádase a ello que, con el fin de aumentar la presión en contra de la camarilla que usurpa el poder en Venezuela, el Gobierno de EEUU contempla imponer sanciones financieras a las empresas que faciliten la exportación de petróleo venezolano a Cuba.
Ese tipo de sanciones, conocidas en la jerga jurídico-económica con el nombre de "sanciones secundarias" (pues no se aplican directamente al régimen que se pretende presionar, sino a las empresas y gobiernos que negocien con el mismo) han dado muestras de su efectividad. A guisa de ejemplo, cabe recordar que no son pocas las empresas europeas que se han retirado de Irán o se abstienen de comerciar con el régimen de los ayatolas, por temor a verse afectadas por las sanciones financieras impuestas por EEUU contra los países y empresas que negocien con dicho régimen. Por su parte, las sanciones secundarias impuestas por EEUU a firmas que negocian con el régimen de Nicolás Maduro han empezado a impactar la economía venezolana. Lo mismo podría ocurrir con aquellas que transportan a Cuba el petróleo venezolano.
El Inciso III de la Ley Helms-Burton
La incertidumbre con respecto al suministro de petróleo proveniente de Venezuela no es lo único capaz de quitarles el sueño a los jerarcas del castrismo. El Gobierno de EEUU ha manifestado su intención de utilizar —en represalia por el sostén que La Habana sigue brindándole a Maduro— lo que podría transformarse en un "arma de disuasión masiva" contra el régimen castrista, es decir: poner en aplicación el Inciso III de la Ley Helms-Burton, promulgada en 1996 durante la presidencia de Bill Clinton.
El inciso en cuestión, que los presidentes anteriores a Donald Trump se abstuvieron de aplicar, permite a los ciudadanos y empresas de EEUU (incluyendo a los cubanoamericanos) reclamar indemnización, ante los tribunales de ese país, por las expropiaciones realizadas por el régimen castrista a su llegada al poder a mediados del siglo pasado.
Que quede claro: las demandas de indemnización suelen durar años antes de ser zanjadas por la Justicia. Pero no por ello es menor el efecto disuasivo inmediato de ese tipo de conflictos: si el presidente Trump llega a poner en práctica tal disposición legal, las empresas tanto de EEUU como de terceros países lo pensarían más de una vez antes de invertir en Cuba y embarcarse en costosísimos gastos judiciales en EEUU, amén de correr el riesgo de tener que pagar, en un futuro, indemnizaciones a los antiguos propietarios de empresas ligadas a las que contemplan adquirir.
El reto es considerable: se estima que existen 6.000 demandas certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EEUU, por un monto muy superior a 9.000 millones de dólares, y alrededor de 200.000 reclamos de indemnización están pendientes de validación.
Así, pues, en caso de que se produzca la activación del famoso Inciso III, las perspectivas de inversión extranjera —que el régimen castrista necesita y busca con un marcado desespero— se ensombrecerían considerablemente.
No tiene nada de sorprendente que, oliendo el peligro, los jerarcas de La Habana se hayan apresurado a proponerle a EEUU negociaciones con respecto a los reclamos de propiedades.
Por temores similares, las compañías españolas Meliá e Iberostar, que juegan un papel clave en el sector turístico cubano, han comenzado a contratar los servicios de abogados en EEUU, previendo lo que les podría venir encima si llega a ser aplicado el Inciso III de la Ley Helms-Burton.
Esta no sería la primera vez que Donald Trump activaría una disposición legal de la que habían hecho caso omiso sus predecesores. Trump ya hizo algo semejante cuando, en diciembre de 2017, llevó a la práctica una ley adoptada en 1995 —cuya aplicación había sido postergada por sus predecesores— al trasladar a Jerusalén la embajada de EEUU en Israel.
Por todo ello, los jerarcas del castrismo tendrán que hilar fino y evaluar si el beneficio (en términos de suministro de petróleo) que derivan de seguir ayudando a Nicolás Maduro es superior, o por el contrario inferior, al costo económico y financiero que tal actitud puede acarrear en términos de la aplicación del Inciso III de la ley Helms-Burton y de eventuales sanciones secundarias contra el transporte de petróleo venezolano a Cuba.
Empleando el símil del alpinismo, el régimen cubano tendrá que sopesar si no sería mejor para ellos cortar la soga que lo liga a Nicolás Maduro antes de despeñarse junto a él.
Permanecer ligado al usurpador de Miraflores o romper mediante un oportuno sálvese quien pueda las ataduras con Maduro, es la cuestión existencial, hamletiana, a la que tendrá que responder el régimen castrista y su nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel.
Las opciones del régimen cubano
Queda la cuestión práctica clave: ¿cuáles son las cartas que podría jugar (aún) La Habana con respecto al régimen de Maduro? No muchas, a decir verdad.
El régimen castrista podría abandonarlo simple y llanamente, repatriando a Cuba a sus miles de agentes y esbirros radicados hoy en Venezuela. Ya hizo algo semejante en el caso de Granada en 1983, cuando el presidente Reagan decidió terminar militarmente con la influencia castrista en esa isla y Fidel Castro no tuvo más remedio que repatriar de prisa y corriendo a sus agentes instalados en aquel país.
El problema es que la ecuación no es la misma: a diferencia de la Venezuela chavista, Granada no aportaba nada o poco a La Habana en el plano económico. La opción de abandonar Venezuela con la cabeza baja es además harto humillante, por lo que el castrismo la evitará en la medida de lo posible.
Como segunda alternativa, el régimen castrista podría tratar de jugar el papel de mediador en la formación de un Gobierno de transición en Venezuela, papel similar al que desempeñó en las negociaciones entre la guerrilla colombiana y las autoridades de Bogotá. Aquí también surge un problema, pues el castrismo se ha comprometido tan descaradamente con el régimen de Maduro que le sería imposible pretender asumir el papel de intermediario entre el chavismo usurpador y los representantes legítimos de Venezuela.
Al régimen cubano solo le queda por explorar una tercera opción, a saber: tomar la iniciativa de promover tras bastidores la salida de Maduro y su camarilla y tratar de instalar un Gobierno de transición en el que los intereses de La Habana (en términos de suministro de petróleo) puedan ser preservados, siquiera mínimamente.
La crisis del chavismo es la primera gran prueba que confronta el flamante presidente cubano Miguel Díaz-Canel, designado a dedo por la jerarquía castrista. Nadie puede aún vaticinar la posición que frente a Maduro finalmente adoptará. Lo que sí puede darse por sentado es que de esa posición dependerá en gran medida la viabilidad económica y supervivencia política del régimen que le ha tocado presidir.
FABIO RAFAEL FIALLO, GINEBRA, MARZO 2019
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