La entrada en vigor del título III de la ley Helms-Burton, suspendido por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 hasta este jueves, es el último cartucho de la Administración de Donald Trump para ahogar al régimen cubano. Este jueves empezaron a presentarse las primeras demandas de ciudadanos estadounidenses contra empresas internacionales por lucrarse con propiedades confiscadas por el régimen castrista tras la revolución. La medida, además, plantea un grave conflicto diplomático con la Unión Europea.
El grupo de cruceros Carnival, con sede en Florida, es el blanco de las primeras dos demandas, presentadas este jueves. En la parrilla de salida hay muchas más, algunas contra empresas españolas. Mickael Behn, heredero de una familia originaria de Kentucky y dueña de la compañía Havana Docks en el puerto habanero, apenas podía contener las lágrimas a la salida del juzgado del distrito sur de Miami. “En los años sesenta, los Castro robaron las propiedades de mi abuelo y hoy, al fin, se ha hecho justicia”, decía.
A su lado, bajo una leve lluvia, igual de elegantemente vestido pero más entero, Javier García Bengoechea, residente en Jacksonville (Florida), heredero de otra familia con propiedades en el puerto de Santiago de Cuba, saboreaba el fin de una “cruzada” que lleva librando diez años. “Me decían que era una pérdida de tiempo y de dinero, pero aquí estamos”, señalaba. Ambos acababan de presentar sendas demandas contra el gigante de los cruceros Carnival, con sede en Florida, por lucrarse con unas propiedades “robadas” a sus familias por el régimen castrista.
Desde este jueves, los ciudadanos estadounidenses (principalmente de origen cubano) pueden presentar demandas ante los tribunales del país contra quienes se benefician de propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959, y pedir indemnizaciones por daños y perjuicios. Las de Bengoechea y Behn son las primeras, porque ambos habían notificado al demandado con 30 días de antelación, una formalidad que les permite ahora litigar por tres veces el valor de la indemnización. “Habrá decenas más de estos casos en los próximos meses, eventualmente habrá centenares”, explica a EL PAÍS Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos, que representa desde hace años a medio centenar de posibles demandantes.
“Yo soy el que más tiempo lleva en esto, pero ahora hay muchos otros abogados que están brincando también, y están ofreciendo incluso representación contra resultados, lo cual lo hace más accesible a más personas”, asegura.
40 años después
La ley para la Libertad y Solidaridad con la Democracia en Cuba, más conocida como Helms-Burton, por el nombre de los legisladores que la promovieron, fue aprobada después de que los republicanos recuperaran el control de las dos Cámaras del Congreso en 1995, por primera vez en 40 años, y en respuesta al derribo en 1996 de dos avionetas operadas por pilotos estadounidenses de origen cubano que volaban en espacio aéreo jurisdiccional de Cuba. La norma suponía un endurecimiento del embargo al régimen comunista. Pero suscitó un duro rechazo internacional y un conflicto con la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que llevó al presidente Bill Clinton, al amparo de las facultades previstas en la propia ley, a dejar en suspenso dos de sus capítulos: el título III, que permitía a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras que se lucraran de bienes expropiados, y el título IV, que preveía la rescisión de visados a los gestores de las empresas. Todos los presidentes desde entonces han mantenido la suspensión.
Pero Donald Trump ha decidido que la norma completa entre en vigor como parte de sus esfuerzos para propiciar un cambio político no solo en Cuba, sino también en Venezuela, dado el apoyo de La Habana al régimen de Nicolás Maduro. La idea es que la presión desincentive a las empresas extranjeras a invertir en la isla y ahogue al régimen cubano.
Los litigios pueden ser “muy largos, costosos e inciertos”, explica Gutiérrez. Por eso los demandantes confían en llegar a acuerdos con las empresas. “Nosotros preferiríamos que estas no invirtieran en una tiranía totalitaria que ha violado los derechos de su pueblo, y que exporta represión a otros pueblos como el venezolano. Pero nos conformaríamos con que por lo menos nos reconozcan como los dueños y que nos paguen, porque eso va a mandar un mensaje importante a otros empresarios de que Cuba no es el mejor lugar para invertir”, asegura Gutiérrez.
El exilio cubano ha celebrado la noticia. Y sigue con expectación la escalada de tensión de la Administración de Trump con el régimen y con su aliado en Caracas. En la víspera, los rumores sobre una eventual intervención militar en Venezuela dominaban el corrillo de intrigantes cubanos a las puertas del restaurante Versailles, epicentro del exilio en Little Habana, que se disolvía entrada la noche al grito de “¡Viva Cuba libre!”. Orlando Gutiérrez-Boronat, director del Directorio Democrático Cubano en Miami, advertía que, a partir de ahora, “quien quiera invertir en la isla tendrá que pensárselo”. “Se acabó la temporada de barra libre en Cuba”, zanjaba.
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