Brasil ha dado un paso importante para la comunidad LGTB después de que el Tribunal Supremo del país decidiera el jueves que los actos de homofobia y transfobia serán considerados delitos y tendrán el mismo trato penal que el racismo -con penas de hasta cinco años de prisión- hasta que el Congreso legisle sobre ese asunto. La decisión, tomada en pleno mes del orgullo mundial LGTB, contó con ocho de los 11 magistrados votando a favor, en una decisión esperada desde que los jueces empezaron a debatir el tema en febrero. La tesis fijada por el Supremo es válida hasta que el Congreso apruebe una ley específica. En un momento en que el conservadurismo hace fuerza para ganar espacio en Brasil en el Legislativo y en el Ejecutivo, la decisión de la Corte refuerza el pulso que se hizo evidente desde la elección del presidente Jair Bolsonaro, que ya se declaró, en el pasado, un "homófobo orgulloso".
Bolsonaro dijo que la decisión del Supremo perjudica a la propia comunidad LGBT y genera un conflicto en la esfera penal. "La decisión del Supremo fue equivocada", afirmó el presidente durante un desayuno con periodistas que cubren el Palacio del Planalto. Bolsonaro argumentó que ahora una persona LGBT puede tener más dificultad en encontrar trabajo, pues el jefe se asustará con la posibilidad de ser falsamente acusado de discriminación si el futuro empleado es despedido un día. El presidente llegó a decir que el Supremo ha creado "una escisión de lucha de clases".
El presidente encuentra eco entre diputados conservadores que ven en los avances de leyes de protección a los homosexuales un sesgo ideológico. Quien también se ha mostrado contrario a la decisión ha sido el diputado estatal Carlos Jordy (PSL-RJ). "Lamentablemente la decisión del Supremo, el activismo judicial llegó a su punto álgido, y ya comenzó la cacería ideológica de la patrulla del activismo LGBT, pronto habrá activistas en iglesias buscando criminalizar la fe cristiana", escribió en Twitter.
"La homofobia es un crimen", dijo la diputada federal María del Rosario (PT-RS) sobre la sentencia del Supremo: "Durante años luchamos para que este día llegara”. Rosario tuvo otra razón para celebrar este jueves. Poco antes de la decisión del Supremo, Bolsonaro publicó en su twitter una petición de disculpas, siguiendo determinación judicial, por las palabras dirigidas a la diputada en 2014, cuando afirmó que María del Rosario "no merecía ser violada" por ser "muy fea" y porque ella "no es” su "tipo". Bolsonaro fue condenado por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal en 2015 a pagar una indemnización de 10.000 reales por daños morales a Rosario y a pedir disculpas públicamente. Él recurrió de la decisión en el Tribunal Superior de Justicia, pero no tuvo éxito. Fue luego al Supremo, que confirmó la misma decisión.
Las diferencias con la Corte, por cierto, ya hicieron a Bolsonaro afirmar que era hora de que el Supremo tuviera un ministro evangélico. El presidente podrá proponer un nuevo ministro de la Corte el año que viene cuando el magistrado Celso de Mello se jubila.
Peligro constante
La decisión del Supremo de criminalizar la homofobia se produce tres semanas después de que el Ejecutivo eliminara las responsabilidades relacionadas con la comunidad LGTB del Ministerio de Derechos Humanos y poco después que Bolsonaro dijo que Brasil no debe convertirse en un "paraíso del turismo gay". En un país profundamente religioso, donde tanto la Iglesia católica como los movimientos populares evangélicos son muy críticos con los derechos LGTB, la sentencia del Supremo aclara que permitirá a los practicantes de todas las religiones manifestar su oposición a las relaciones homosexuales, siempre que sea "de acuerdo con sus libros y códigos sagrados " y no se incurra en la discriminación.
Al menos 320 personas LGBT murieron por homofobia en el país en 2018 y 126 asesinatos ya se registraron hasta junio de 2019, de acuerdo con el Grupo Gay de Bahía (GGB), la más antigua asociación brasileña en pro de los derechos de la comunidad. Entre el 2011 y el 2018, el país registró una muerte por homofobia cada 16 horas, de acuerdo con un informe solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reunió denuncias de asesinatos contabilizados por el Disque 100 (un canal que recibe denuncias de violaciones de derechos humanos), por el GGB y por la asociación internacional Transgender Europe.
Brasil también es el país más peligroso del mundo para ser transgénero, según el proyecto Trans Murder Monitoring, con al menos 167 personas asesinadas en los 12 meses anteriores a septiembre de 2018. Hoy, la expectativa de vida de una persona trans o travesti es de 35 años. Sólo en 2019, el número de asesinatos como consecuencia de la transfobia (odio o aversión a la identidad de género) ya ha llegado a 123, siendo 65 asesinatos de travestis y 53 de mujeres transexuales, según un informe del GGB.
Por eso, la sentencia dictada por el Supremo ha sido muy esperada por los colectivos LGTB, que la consideraron "histórica". "La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para los seres humanos, para la autodeterminación de decidir su propia vida y buscar la felicidad", afirmó el juez Gilmar Mendes, durante la votación en el Supremo. El juicio comenzó a pedido del Partido Socialista Brasileño, que denunció la "omisión del Congreso" para legislar durante 30 años sobre un tema vinculado a los derechos humanos. Los diversos proyectos de ley presentados hasta el momento fueron bloqueados por las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad. También fue el Supremo que legalizó el matrimonio homoafectivo el 2013.
La magistrada Carmen Lucia Antunes dijo, en un emocionado discurso, que "todos los seres humanos nacen libres e iguales y deben ser tratados con el mismo espíritu de fraternidad", añadiendo que "lo que se busca es dotar de una protección inmediata a aquellos que son discriminados y marginados” por las leyes. "Todo prejuicio es violencia, toda discriminación es violencia, toda discriminación es una forma de sufrimiento, pero algunos de esos prejuicios causan más sufrimiento, porque castigan desde el hogar y por la simple circunstancia de intentar ser lo que se es", dijo.
¿Qué dice esta maravillosa ley?
Esta nueva legislación sanciona los actos de odio motivados por homofobia con penas que incluyen multas y pueden alcanzar una pena máxima de cinco años de prisión. Algunos grupos religiosos criticaron la ley, pues argumentaron que se les restringe su libertad de culto.
La ley dice que si bien las personas pueden manifestar su oposición a la orientación sexual e identidad de género de los LGBT —lo que no está tan padre—, no se permitirá que propaguen discursos discriminatorios o que inciten al odio y violencia en contra de la comunidad.
Con esta nueva ley aprobada, el presidente Jair Bolsonaro ya no podrá seguir esparciendo su verborrea homofóbica a través de sus redes sociales, discursos, políticas o en ningún otro espacio. De lo contrario, podría terminar encarcelado.
Joana Oliveira, São Paulo / Brasilia 2019
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