Cubanos residentes en el extranjero, sí pero no

Decir que buena parte de la economía cubana está planificada para que las familias aporten al menos uno de sus miembros a la emigración no es una broma ni una metáfora sobre lo difícil que van los tiempos. “Hay que tener FE”, sentencian los cubanos, sabiendo que la fe no es más que el acrónimo de “Familiares en el Extranjero”.

 

Es una certeza que abarca mucho más que el drama de la separación familiar y los desarraigos para penetrar otras zonas más tenebrosas de lo social donde abundan las historias de marginación política (¿qué otra cosa fueron si no los sucesos de la Embajada de Perú en los años 80 o la limitación de derechos a los médicos que abandonan las misiones en el exterior?), criminalidad (secuestro de embarcaciones y tráfico de personas) y de comercio sexual (la práctica del llamado “jineterismo” como forma de búsqueda de una alternativa de “escape”).

 

El número de cubanos que reside en el exterior aumenta en la medida que el país donde nacieron se torna cada vez menos atractivo e incómodo para quienes no tienen acceso a una moneda fuerte.

 

Moneda cuya disponibilidad tampoco es una garantía de bienestar, no solo por la cronicidad del desabastecimiento de los mercados y la pésima calidad en la esfera de los servicios sino por burocratismos, trabas y condicionamientos políticos, obstáculos al emprendimiento, anulación más que violación de la privacidad, junto a un ambiente de ambigüedades y contradicciones legales que infunden temor a los ciudadanos entre los cuales crece la sensación de desamparo, más cuando se enfrentan a un sistema de salud “gratuito” donde escasean los medicamentos, el acceso a la atención especializada se torna un calvario o a un sistema laboral donde los mejores puestos de trabajo están reservados para determinadas élites económicas y políticas.

 

De hecho, las cuantías más altas en el reciente aumento salarial solo beneficiaron a las organizaciones políticas y de masas, el sistema institucional del gobierno, las fuerzas armadas, además de sectores estratégicos dentro del discurso oficialista como la prensa, la educación y la salud, relegando nadie sabe por cuánto tiempo al sector empresarial, donde el sistema de pagos depende de una productividad afectada por la escasez de materias primas, donde persisten los desvíos de recursos hacia el mercado negro y donde el personal administrativo manipula los resultados para poder justificar pagos de salarios e incluso viajes al exterior.

 

Lo cierto es que, teniendo por confiables las estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y el Centro de Estudios de Población, un 38 % de los cubanos tiene familiares en el extranjero, y de estos un 77 % envía remesas a la isla para el aporte anual de alrededor de 3,5 mil millones de dólares que, en unos años pudiera sobrepasar los 5 mil millones, una cantidad nada despreciable para un gobierno a la espera de que la inversión extranjera rinda a futuro una cifra similar pero que no dispone del tiempo suficiente para aguardar por la recuperación del capital y las ganancias, un período que la propia ley, a modo de incentivo para sus socios comerciales, extiende casi hasta la década aun cuando la desesperación aumenta.

 

El escenario internacional se vuelve cada vez más hostil y algunos aliados se repliegan o amenazan con el contagio de la toxicidad económica, como es el caso de Venezuela, de modo que en los últimos meses los mensajes para atraer capital proveniente de los cubanos residentes en el exterior se han vuelto más frecuentes y directos en la prensa oficialista cubana, incluso en el discurso de las principales figuras del gobierno.

 

Se insiste en que la Ley de Inversión Extranjera no excluye a los cubanos emigrados pero a la vez no se establecen leyes y normativas especiales de cómo será el tratamiento de estos empresarios “mitad extranjeros” que, bajo los preceptos de la nueva Constitución, y en caso de poseer doble ciudadanía, serán tratados netamente como ciudadanos cubanos y, por tanto, pudiera suponerse que, al traspasar la frontera, estarían renunciando a determinadas garantías y excepciones como empresarios foráneos. En fin, no se ha obrado con suficiente transparencia al respecto.

 

Basta con poner un ejemplo sencillo. Bajo las recién estrenadas leyes y normativas sobre las tecnologías de la informática y comunicaciones (TIC), casualmente aprobadas un 17 de diciembre de 2018 ‒cuando se cumplieron cuatro años del inicio oficial del deshielo entre Washington y La Habana‒ y puestas en circulación en La Gaceta Oficial un 4 de julio, día de la Independencia en los Estados Unidos, se sanciona a aquella persona o entidad cubanas que alojen un sitio digital en un servidor en el extranjero.

 

Teniendo en cuenta que el cubano residente en el exterior con doble nacionalidad, al ingresar en territorio nacional será tratado como ciudadano cubano, entonces ¿estaría expuesto a ser multado si se descubre que el sitio digital de su empresa, desde el cual comercializa sus servicios y productos, estuviera alojado en un servidor fuera de Cuba?

 

Pudiera parecer una exageración de temores y suspicacias, quizás un extremismo legal, pero lo cierto es que la ley no establece tales excepciones y el decreto, tan pleno de prohibiciones como de ambigüedades, pudiera convertirse circunstancialmente en un arma mortal.

 

De hecho, se suele comentar tanto en la calle como entre los que conocen la legislación que muchas de las leyes en Cuba solo se cumplen a conveniencia y posiblemente se emiten con nombres y apellidos de personas muy molestas escondidos entre líneas, como sucedió recientemente con el Decreto 349 para el ámbito de la cultura, una flagrante y anacrónica intromisión del gobierno en cuestiones que solo debieran definir los artistas desde la plena libertad del ejercicio artístico.

 

En medio de tanta nebulosa es lógico que prevalezcan los temores a que esa llamada insistente al capital en manos de cubanos en el exterior no sea más que un canto de sirenas y el culpable de ese estado de opinión negativa no es para nada la prensa extranjera o “enemiga” sino la propia discursividad oficialista que a cada “flexibilización” contrapone un decreto o disposición legal que infunde temor, en tanto pudiera activarse como trampa cuando determinado sujeto se torne molesto o innecesario.

 

Así, frente a la idea de establecer un fondo estatal para capitalizar, de manera voluntaria, el dinero que ingresa al país por concepto de remesas, las personas reaccionan con alta desconfianza no solo porque lean en las noticias que el país mantiene deudas millonarias con grandes empresas extranjeras como la Sherritt, por ejemplo, sino porque en un terreno de juego donde la inmensa mayoría de los cubanos está obligado a comulgar con las ilegalidades y sobornos para poder sobrevivir, cualquier tontería, bajo el pretexto de la legalidad, pudiera causar la pérdida de lo invertido. Han sido los casos de algunos cubanos “repatriados” que han sufrido el cierre de sus negocios por razones absurdas que ocultan posibles ajustes de cuenta.

 

Mientras tanto, por un lado se  establecen “tipos” o “calidades” de cubanos de acuerdo con su elección de quedarse o emigrar, es decir, de acuerdo con su capacidad financiera, en un régimen donde se supone no debieran existir las diferencias de clases, y por otro se continúa profundizando la marginación del capital netamente cubano.

 

Tengamos en cuenta que los funcionarios del gobierno, al hablar de los encadenamientos productivos de las empresas estatales con las extranjeras y con la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, jamás incluyen a ese sector privado que, en contrataste con el sector estatal y a pesar de los obstáculos para impedir su evolución, muestra resultados inéditos en la economía cubana.

 

Sin embargo, brilla por su ausencia la creación de un fondo estatal para fomentar la iniciativa privada mientras que la correlación de la obligación impositiva entre empresarios extranjeros y cubanos es altamente diferenciada, siendo los nacionales los que más dinero desembolsan por tributos al Estado, cuando debiera ser al revés si de verdad quisieran cumplir con aquello de “Lo mío primero” que luce “muy lindo”, aunque solo estampado en una lata de cerveza Cristal o Bucanero, vendidas en moneda fuerte por una empresa “mixta”. No por una fábrica ciento por ciento nacional.

 

En un hilo de publicaciones en su cuenta de Twiter, el 7 de junio de 2019, el economista Pedro Monreal, aclaraba que la ley 118 no impedía que los cubanos residentes en el extranjero (CRE) invirtieran en Cuba pero además advertía que el proceso amparado por ella no parecía “facilitarles las cosas a los CRE que ya invierten en Cuba ni a los que probablemente sería un nuevo inversionista promedio CRE, con un potencial de inversión bajo y medio. El perfil esperable de la mayoría de los inversionistas CRE pudiera encontrarse entonces más acorde con la escala de las PYMES privadas que todavía no han sido legalizadas en Cuba, que con los proyectos millonarios de la Cartera de Oportunidades que ofrece el sector estatal”.

 

De modo tal que, en cuestión de inversiones, todo se reduce a un sí pero no que tal vez sea expresión de ese dilema del gobierno cubano entre fomentar la emigración para aumentar el flujo de remesas ‒pero sin propiciar una crisis migratoria‒, y retener las fuerzas productivas para responder a la demanda de los inversionistas extranjeros que, de escasear los obreros, entonces deberán contratar mano de obra en el exterior, con la consiguiente fuga de capital. Una indecisión que no ofrece ni confianza ni oportunidad ciertas, lo cual hace sospechar a algunos que algún sable se oculta en la maleza o quizás algo menos letal pero, a fin de cuentas, trampas de la fe.

Ernesto Pérez Chang, La Habana, Cuba.