POR DAVID SMILEY, NORA GÁMEZ TORRES, Y  ALEX DAUGHERTY

En un esfuerzo por ganar un segundo período presidencial, Donald Trump ha tratado de presentarse como un campeón para los más de un millón de exiliados cubanos y venezolanos que viven en el sur de la Florida.

 

El presidente respalda un movimiento de oposición que tiene por fin sacar del poder al gobernante venezolano Nicolás Maduro e imponer fuertes sanciones económicas al gobierno de Cuba. El mes pasado, el vicepresidente Mike Pence vino a Miami para presentar la campaña Latinos por Trump, dirigida a recabar apoyo hispano para la reelección del mandatario.

 

Pero en momento que la política de inmigración sube de tono, los esfuerzos de Trump por controlar la inmigración de indocumentados pudieran afectar a los mismos electores a quienes ha tratado de ganarse con tanto ahínco en la Florida, un estado que Trump muy probablemente tiene que ganar para que lo reelijan.

 

El martes, el Departamento de Seguridad Nacional implementó una nueva regla interina que pudiera bloquear efectivamente la mayoría de las solicitudes de asilo en la frontera con México, y potencialmente impedir que miles de cubanos y venezolanos entren a Estados Unidos. Al mismo tiempo, dos senadores federales demócratas dieron a conocer una carta del 11 de julio del director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que expresa que el gobierno de Trump no tiene planes de otorgar el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos que han huido de su país en medio de la fuerte crisis política y económica que afecta a su país.

 

“No puede decir en una actividad de campaña que apoya al pueblo venezolano y entonces deportar a mles de ellos a una situación grave en que pudieran terminar en prisión o muertos”, dijo la estratega demócrata Helena Poleo, una venezolanoamericana que ha respaldado los esfuerzos de Trump por derrocar a Maduro al apoyar al líder opositor Juan Guaidó.

 

Pero si esas personas no reciben alivio inmigratorio en Estados Unidos o hay un cambio significativo en el gobierno de Venezuela, “esto se verá como un truco de campaña”, dijo Poleo.

 

Cortar las rutas de acceso desde países abrumados pudiera tener consecuencias devastadoras para los que tratan de escapar a Estados Unidos. Y debido a los cambios en los patrones de inmigración, la frontera con México es un importante punto de acceso de personas vinculadas con las dos mayores comunidades de exiliados en el sur de la Florida.

 

Durante muchos años los cubanos realizaron el peligroso viaje de cruzar el Estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos, hasta que el presidente Barack Obama tomó la decisión de poner fin a la política de “pies secos, pies mojados” a principios de 2017 , que eliminó el privilegio especial que otorgaba un estatus especial a los cubanos que llegaban a territorio estadounidense.

 

Pero incluso antes de ese cambio, la peligrosa y complicada ruta hasta la frontera con México, a través de Sudamérica y Centroamérica, era una importante vía de acceso de los cubanos que querían llegar a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también han suspendido un programa de reunificación familiar para los cubanos después que Washington retiró a la mayor parte de su personal de la embajada en La Habana hace casi dos años.

 

Unos 20,000 cubanos están esperando en la isla para reunirse con sus familiares en Estados Unidos, y sus frustrados parientes han estado llamando a senadores y representantes para buscar una solución. El programa de refugiados también se ha suspendido en Cuba, y ahora los interesados deben viajar a otro país para solicitar la visa, lo que hace casi imposible la emigración legal de cubanos a Estados Unidos.

 

Los cubanos tienen una tercera vía para llegar a Estados Unidos legalmente, aunque se vuelve cada vez más complicada. La Ley de Ajuste Cubano les permite solicitar un estatus permanente si entran al sistema de inmigración y permanecen en el país al menos un año, pero bajo Trump han detenido a cubanos en la frontera con México y no han podido entrar. En el año fiscal pasado, Estados Unidos deportó a 463 cubanos.

 

El martes, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a exigir a las personas que tratan de cruzar la frontera con México que primero soliciten asilo en ese país, u otro por el que hayan pasado anteriormente. Salvo unas pocas excepciones, lo solicitantes de asilo solamente pueden pedir protección en Estados Unidos si los han rechazado en otro país.

 

La campaña de Trump declinó hacer declaraciones para este reportaje, y lo mismo ocurrió con la Casa Blanca.

 

Pero al implementar la nueva regla sobre el asilo, el Departamento de Seguridad Nacional citó “una gran cantidad de solicitudes de asilo injustificadas” presentadas por personas que alegan tener “un temor creíble” de regresar a su país. La cantidad de personas que se presentaron a un juez de inmigración se triplicó entre 2013 y 2018, y hay más de 900,000 casos —la mitad son solicitudes de asilo— pendientes ante jueces de inmigración, según el DHS.

 

“En ausencia de una decisión del Congreso, el gobierno de Trump usa toda la autoridad que le otorga la ley para abordar la crisis en la frontera”, dijo Ken Cuccinelli, director en funciones del USCIS, en un comunicado enviado a el Nuevo Herald. “Esto tiene por fin mitigar la crisis en la frontera al identificar mejor a los que necesitan protección”.

 

La nueva regla sobre el asilo no se aplicará a nadie que haya solicitado esa protección o que ya esté en el sistema inmigratorio de Estados Unidos antes del martes. Los inmigrantes que tengan temor a la deportación también pueden tratar de bloquear la deportación a su país de origen si tienen temores fundados a la persecución o la tortura, aunque eso es más difícil que solicitar asilo como parte del proceso en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

 

Los abogados todavía están tratando de determinar las consecuencias precisas de la nueva regla, que enfrenta una impugnación jurídica. La American Civil Liberties Union demandó al gobierno federal el martes en el Distrito Norte de California, donde pidió a un juez que impida la entrada en vigor de la nueva norma.

 

Pero si esa norma se mantiene, Saman Movassaghi, abogada de inmigración del sur de la Florida, dijo que habrá familias cuyos parientes no puedan entrar al país.

 

“Todos están analizando esto porque va contra las normas fundamentales para cumplir los requisitos del asilo”, dijo la abogada.

 

Recientemente, el mayor grupo de solicitantes de asilo son, con mucho, los venezolanos. Y aunque Estados Unidos ha reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y ha tratado de sacar a Maduro del poder, en el último año fiscal Estados Unidos deportó a 336 venezolanos, según el DHS.

 

Mientras tanto, Trump pudiera otorgar el TPS a los venezolanos con una firma.

 

Pero el martes, los senadores federales Dick Durbin y Bob Menéndez, los dos demócratas, dieron a conocer una carta de Cuccinelli del 11 de julio que explica que el presidente no está dispuesto a tomar esa decisión en este momento. Cuccinelli agregó que un fallo judicial reciente que prohibió al gobierno eliminar el TPS para los centroamericanos y haitianos ha dificultado que Trump otorgue esa protección a los venezolanos.

 

Los demócratas criticaron de inmediato la decisión, calificando a Trump de “hipócrita” por decir a los venezolanos en un acto este año en el sur de la Florida que lucharía por ellos. Y las representantes federales demócratas Debbie Mucarsel-Powell, Donna Shalala y Debbie Wasserman Schultz señalaron que los representantes demócratas están estudiando activamente una propuesta de ley bipartidista para otorgar el TPS a los venezolanos.

 

“Las acciones de Trump siguen demostrando su hipocresía con el sur de la Florida”, expresó Mucarsel-Powell en un comunicado. “Trump ha eliminado para venezolanos y cubanos una de las últimas vías que tenían para escapar de regímenes brutales con el cambio en las leyes de asilo, lo que pone en peligro la seguridad de esas personas y las coloca en peligro de  deportación”.

 

Pero aunque los dos senadores federales por la Florida, ambos republicanos, han dicho que apoyan el TPS para los venezolanos, culparon al Congreso por los problemas en la frontera. El senador Marco Rubio también dijo que hay pocos venezolanos en peligro de deportación.

 

“Mi mayor preocupación es si un venezolano es detenido y pasa dos o tres semanas detenido en Krome, por ejemplo, y entonces los liberan, porque pasan dos o tres semanas terribles, pierden el empleo y tienen que gastar dinero en abogados y otras cosas”, dijo Rubio. “Obviamente, yo apoyo el TPS, pero me gustaría ver otra solución administrativa porque, francamente, estamos malgastando dinero en detener a personas que no deben ser deportadas y no pueden ser deportadas”.

 

Rubio dijo que no ha pensado en si las medidas de Trump y sus consecuencias sobre los venezolanos y cubanos pudieran tener ramificaciones políticas.

 

“No han deportado a muchos venezolanos”, dijo. “Pero no he analizado eso políticamente, de manera que no sé”.

 

Para calificar como refugiado y solicitar asilo político, los ciudadanos venezolanos deben cumplir ciertos requisitos que sirven de evidencia a fin de corroborar que son o serán perseguidos en su país por sus opiniones políticas. 

FUENTE: EL NUEVO HERALD