Si antes la discrecionalidad arbitraria era el accionar de la dictadura, hoy las arbitrariedades y violaciones se erigen en ley

  Marlene Azor Hernández | Cubaencuentro

Esperamos próximamente la ley o decreto ley sobre “La Suprema Felicidad Universitaria”, muy a tono con la narrativa del presidente designado, en la que se “legalicen” los despidos ilegales que la policía política ordena contra los profesores que disienten de alguna política gubernamental.

 

El despido del 29 de julio, primer día de sus vacaciones, de la profesora “Omara Ruiz Urquiola es la noticia más reciente. El ejemplo último de la intolerancia oficial dentro de la universidad cubana, justo el sitio donde la divergencia de criterios debería fomentarse como forma de crecimiento intelectual”. La excusa administrativa fue la baja cantidad de horas de docencia, una falacia, la profesora tiene el triple de las horas que le endilgan para despedirla: en docencia, investigación y consultoría a sus alumnos.

 

“Pero el de Omara no es un caso aislado. Las expulsiones, cierres de contratos y cambios de condiciones que obliguen al perjudicado a renunciar, han sido un mecanismo sistemático de purga dentro de las universidades cubanas. Lo mismo había sucedido antes con su hermano Ariel en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. En ninguno de los dos casos se esgrime una razón política, sino que se trata de justificarse la cesantía por temas profesionales. A Ariel lo expulsaron por ausentismo: había estado dos días fuera sin certificado médico”.

 

“Mucho más burdos fueron los argumentos en otras expulsiones. Para el profesor de Derecho de la Universidad de La Habana, Julio Fernández Estrada, la excusa fueron sus publicaciones en la revista digital OnCuba. Para René Fidel González García, también profesor de Derecho pero en la Universidad de Oriente, “perder el prestigio” por sus publicaciones en Internet. Para Roberto Peralo, profesor en la Universidad de Matanzas, sus artículos en el blog La Joven Cuba. Para José Raúl Gallego, profesor de Periodismo en la Universidad de Camagüey, colaborar con medios digitales no gubernamentales. Para la profesora Dalila Rodríguez, de la Universidad Central Martha Abreu, “dañar la formación de los estudiantes”, aunque ella misma no pertenecía a ningún grupo político; a diferencia de su padre, quien sí formaba parte del Instituto Patmos. Para la estudiante de periodismo Karla María Pérez González, también de la Martha Abreu, por pertenecer al movimiento político Somos+.”

 

Hasta ahora todas estas violaciones del derecho al trabajo y al estudio quedan impunes en Cuba. Cinco generaciones de cubanos hemos sufrido estas expulsiones de manera discrecional y dirigida todas por la policía política, que ordena y se esconde, para que los funcionarios públicos parasitarios despidan o no contraten más a los profesores que discrepan de la línea del PCC.

 

Otros sectores, ya tienen decretos leyes y leyes que los reprimen

En el ámbito cultural, los decretos leyes 349 y 373 ya penalizan la libertad de creación cultural que antes se aplicaba de manera discrecional. Ambos decretos, someten a los creadores e intelectuales a los parasitarios y mediocres funcionarios culturales que deben dar el permiso para ser creador o no en Cuba. En adición el 349 establece multas y confiscación de sus instrumentos de trabajo por inspectores funcionarios que así lo decidan. La corrupción y el tráfico de influencias está garantizado en estos dos decretos leyes, que además excluyen a los que discrepen de la línea oficial del PCC.

 

El decreto ley 370 sobre las TICS en Cuba, penaliza toda gestión privada individual o grupal con multas y decomiso de instrumentos de trabajo. Sólo las empresas estatales tienen personalidad jurídica acotada, las personas no tienen ningún derecho a gestionar privadamente su conexión y consumo a Internet. Todos tienen que estar sometidos al monopolio extorsionador de ETECSA, con sus precios imposibles, su censura a los sitios que la dictadura decide, y su pésimo servicio.

 

En el sector privado desde el 1º de agosto de 2017, cada decreto nuevo o resolución reprime la creación de las PYMES o criminaliza a los cuentapropistas. Los decretos leyes del 10 julio de 2018, reducen el trabajo privado a un autoempleo precario con altos impuestos y multas exorbitantes si compran insumos fuera de los mercados minoristas estatales. En Cuba no existen mercados mayoristas.

 

En el sector cooperativo Decreto ley 365 y su reglamento 354, sobre las cooperativas agropecuarias, regulan desde el reglamento interno de las cooperativas, así como sus relaciones con actores económicos estatales. Refuerzan el control y la dependencia de las cooperativas al Estado y legalizan las restricciones en insumos, créditos, producción y distribución, ingresos, a la discrecionalidad de los funcionarios públicos cubanos. Abocados a un nuevo período de hambruna, el gobierno continúa asfixiando la producción de alimentos por las cooperativas y el sector privado de la agricultura, el mayor proveedor de los alimentos en el país. ACOPIO, conjunto de empresas estatales que compran a los campesinos sus cosechas a precios risibles y los obligan a entregar entre el 70 % y el 75 % de sus producciones al estado, ahora se erige, por resoluciones ministeriales, en el distribuidor monopólico del estado, siendo un organismo que deja podrir en el campo el 57 % de las cosechas por incompetencia. El “encadenamiento productivo” no es más que el encadenamiento literal del sector no estatal al incompetente estado en una asimetría de poder que los asfixia.

 

“El 29 de julio de 2019 fueron publicadas tres nuevas resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios (Resoluciones 300, 301 y 302/2019). De ellas, las Resoluciones 301 y 302 establecen el paso a un sistema generalizado de precios congelados, tanto en mercados estatales como privados, sin definir el alcance temporal del congelamiento.”

 

“En ese sentido, la decisión de pasar a un sistema de congelamiento general de precios en Cuba indica dos cosas: la supremacía de mecanismos administrativos y el anclaje de la planificación en un esquema centralizado. Es el equivalente económico de un coma inducido y sus múltiples consecuencias pudieran ser significativas.”

 

Hay que agregar que la nueva subida de salarios en el sector presupuestario del país se diluirá rápidamente en inflación e incremento del mercado negro, porque en los dos últimos años la dictadura no ha generado una legislación que incentive y facilite la producción agropecuaria del país, sino justamente lo contrario: mayores controles, mayores impuestos y mayores prohibiciones para la producción libre y la distribución libre de alimentos.

 

Quizás en estos días salga la nueva resolución, decreto ley, o ley que regule la “Suprema Felicidad de la Universidad” donde se “legalice” los atropellos de la policía política contra los docentes discrepantes. Toda la sinrazón es posible en la distopía cubana.

ACERCA DEL AUTOR:

Marlene Azor Hernández es consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.

 

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