Las presiones de Donald Trump al gobierno de Ucrania para que investigara y perjudicara a uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente y aspirante a la Casa Blanca Joe Biden, han llevado al Congreso a tomar una decisión excepcional contra el presidente estadounidense: iniciar los trámites para su destitución o impeachment . Es, en el fondo, un juicio político.
Deshacerse de un presidente o un alto cargo del gobierno obviamente no es fácil. Es un proceso con garantías para el acusado, sin automatismos, que requiere de un amplio consenso político para salir adelante. Así funciona un procedimiento constitucional pero lleno de lagunas legales que sólo se ha activado cuatro veces a un presidente en los casi 250 años de historia de Estados Unidos.
El verbo to impeach significa impugnar o recusar. Lo que la Cámara de Representantes hace es redactar artículos de acusación o imputar políticamente a alguien con vistas a su destitución, que en último término decide el Senado.
En la sección 4 del Artículo II, la Constitución estadounidense recoge la posibilidad de que el Congreso emprenda la destitución del presidente, el vicepresidente y otros altos cargos del gobierno por traición, corrupción u otros “delitos y faltas”, una categoría muy vaga que deja abierto a especulaciones los motivos por los que se puede dar el paso.
El procedimiento no está claro, más allá de que debe iniciarse en la Cámara de Representantes del Congreso, la House o cámara baja y de que sale adelante si es adoptado por mayoría simple. Una posibilidad es que los congresistas pueden presentar resoluciones de impeachment a título individual. Otra alternativa es iniciar los trámites aprobando una resolución que autorice la investigación.
Desde enero la House está controlada por los demócratas. Fue su presidenta, Nancy Pelosi, quien anoche anunció la apertura de una investigación que actúe como paraguas de todas las pesquisas ya abiertas en varias comisiones parlamentarias para organizar el procedimiento. Algunos demócratas la han acusado de ralentizar el proceso: la comisión de Asuntos Judiciales ya está en el caso y podría dar pasos más rápidamente, alegan.
Lo habitual es que la propuesta sea votada primero en una comisión parlamentaria, habitualmente la de Asuntos Judiciales, que puede celebrar varias audiencias, recabar testimonios y documentos para investigar los cargos, aunque no hay unanimidad sobre si este paso es imprescindible o no.
Basta con que la resolución con los motivos para el impeachment sea adoptada por mayoría simple de votos para que se considere aprobada. El siguiente paso es decidir si se somete a votación del pleno y cuándo. De nuevo, basta con un voto por mayoría simple en el pleno de la House para que la propuesta de impeachment sea aprobada.
El juicio final tiene lugar en el Senado. Mientras la Cámara de Representantes determina las razones por las que el cargo en cuestión merece ser destituido, corresponde a los senadores enjuiciar al acusado. Los congresistas pueden actuar como fiscales para defender su caso. El ‘acusado’ cuenta con un asesor legal para defenderse. La propuesta de destitución necesita dos tercios de los senadores presentes en la cámara para salir adelante.
El Congreso ha abierto procedimientos de impeachment contra altos cargos en 19 ocasiones, de acuerdo con su página web oficial, tres de ellas contra el presidente. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999 fueron impugnados por la Cámara de Representantes pero absueltos por el Senado, por lo que no tuvieron que abandonar la Casa Blanca. Más cerca estuvo de ser destituido Richard Nixon en 1974 como consecuencia del escándalo del Watergate. Dimitió después de que la cámara baja redactara los artículos para su destitución pero antes de que los votara. En el pasado, el Congreso se ha pronunciado a favor de la destitución ocho jueces y en contra de la propuesta sobre otros siete altos cargos (senadores, jueces.
En caso de que las dos cámaras del Congreso acuerden la destitución, el presidente quedaría despedido y debería abandonar la Casa Blanca. Hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales, siempre en la fecha prevista, asumiría el poder ejecutivo el vicepresidente. En el muy remoto supuesto de que Trump acabara destituido por el Congreso, el encargado de sustituirle sería Mike Pence.
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