Por décadas la imagen del exiliado cubano en Miami evolucionó de la glorificación y la excepcionalidad al trato común a cualquier inmigrante; del héroe-balsero a la denuncia del contrabando humano; de la epopeya de enfrentar la Corriente del Golfo al papeleo más diverso y las rutas más inverosímiles.
Durante ese largo y complejo trayecto, quienes intentan llegar ahora encuentran obstáculos superiores y una suma indiferencia. Y para vergüenza y paradoja, con frecuencia son aquellos que les ha antecedido en pocos años quienes se destacan con esa actitud.
Un inmigrante cubano al parecer se suicidó en un centro de detención en Luisiana —luego de cinco meses de detención y encontrarse en un área de aislamiento conocida como “el pozo”— ante el supuesto temor de ser deportado a Cuba.
El hecho, al menos en el momento de redacción de este artículo (miércoles 16) no había provocado grandes expresiones de pena o de ira. Es más, se trataba de justificar lo ocurrido por motivos personales y librar de toda culpa o participación a la actual administración estadounidense.
Esto último resulta especialmente curioso, porque es la primera o una de las pocas veces en que a un gobierno estadounidense —con independencia de si demócrata o republicano— se le “perdona” algo así en el exilio de Miami.
Esto no quiere decir que a lo largo de los años los cubanos aquí siempre han logrado hacer valer sus criterios, ni tampoco que incluso en ocasiones la Casa Blanca no recurriera al empleo de la fuerza para cumplir sus objetivos (Elián y otros). Pero esa entrega sin límites al gobierno nacional ha abierto un nuevo capítulo.
Más allá de las diversas medidas de cierre de frontera actuales, y una retórica en contra de los inmigrantes latinos y caribeños siempre creciente, lo que vemos ahora, son los resultados de una labor realizada no solo para poner fin a la inmigración ilegal y proteger los intereses fronterizo; destinada a elaborar una política migratoria respecto a Cuba de cara al futuro, para cuando llegara el día en que los residentes en la isla y en EEUU perderían buena parte de sus privilegios a la hora de emigrar o naturalizarse estadounidenses, debido a un cambio político en la isla. No más el proclamar la llegada a “tierras de libertad” como salvoconducto de entrada. Lo curioso es que dicho proyecto ya está en plena marcha y se ha obviado cualquier consideración sobre democracia y derechos humanos.
Por encima de cualquier etiqueta política que identifique a quienes ocupan la Casa Blanca y al Congreso, con respecto a Cuba y desde el punto de vista migratorio, esta administración no ha hecho más que proseguir el camino ya iniciado a mediados de la década de 1990, en que al tiempo que se estableció la devolución de los cubanos, y se convirtió a la fuga en un doble escape ―de las autoridades norteamericanas en alta mar y de las cubanas en mar y tierra―, se empezó a observar el fenómeno migratorio, por parte de los propios exiliados cubanos, de forma similar al existente en otras naciones —México, Haití, Latinoamérica en general—, al considerar a los recién llegados ―y al considerarse estos también— como inmigrantes económicos.
Cuando en julio de 2004 se promulgaron las medidas que limitaban los viajes familiares y las remesas a la isla, salió a relucir el argumento de que quienes iban a Cuba lo hacían fundamentalmente por motivos económicos.
En apoyo a las restricciones, se declararon los propios miembros de la comunidad exiliada, que defendieron a ultranza la medida y recurrieron al argumento de negarles a la mayoría de los cubanos llegados en los últimos años la categoría de perseguidos políticos.
El criterio entonces se resumía en afirmar que quienes llegaron primero eran los verdaderos exiliados políticos y quienes llegaron después, en especial a partir de la década de 1990, simples inmigrantes económicos.
Repetido, tergiversado, gritado por quienes hasta ayer escondían sus criterios políticos, hoy en Miami es muy difícil hablar de exilio, y cada vez más el ruido echa a un lado las palabras.
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