En Ecuador, Chile, Colombia y también Bolivia, aunque en este último con un detonante diferente, los manifestantes se toman las calles y van a huelga en demanda de mejoras sociales, mayor igualdad, reformas legales y renovación de las instituciones.
Algunas de dichas protestas, las mayores en décadas, han sido empañadas por actos de cruda violencia, saqueos, incendios intencionales, destrucción de bienes patrimoniales y muertes. En este escenario, los migrantes venezolanos y cubanos se han convertido en sospechosos de promover el caos y sus gobiernos, y son incluso acusados de "buscar desestabilizar las democracias de América Latina”.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay más de cuatro millones y medio de refugiados y migrantes de Venezuela - más exactamente 4.626.969 según datos de ACNUR del 5 de noviembre de 2019 - repartidos por la región. La gran mayoría está en Colombia (1,4 millones), pero también en Perú (768 mil), Chile (288 mil) y Ecuador (263 mil).
"Hay muchos rumores sobre quiénes están detrás de los disturbios y hay que tener mucho cuidado, porque generalmente son sólo rumores. Que entre los disturbios haya ciudadanos venezolanos es muy probable, pero no necesariamente quiere decir que haya un plan detrás de eso”, dice a DW Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz.
En Ecuador, 19 venezolanos fueron detenidos cerca del aeropuerto de Quito por estar realizando supuestamente labores de inteligencia, pero luego fueron dejados en libertad sin cargos. Se trataba de conductores de taxi.
En Colombia, la semana pasada fueron detenidos 220 migrantes venezolanos, en medio de las movilizaciones, acusados de realizar o planear actos delictivos. Otros 59 que participaron en el paro nacional del pasado jueves fueron enviados a su país, con prohibición de ingresar a Colombia por 10 años, con cargos de poner en riesgo la seguridad nacional y el orden público. Ese día, el gobierno de Iván Duque cerró la frontera con el país vecino.
En Chile, autoridades de una región vecina a la capital decretó la expulsión de 50 extranjeros, la mayoría cubanos y venezolanos, que estaban en forma clandestina en el país. Entre ellos, algunos habrían participado en saqueos. Y en Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales, el nuevo gobierno ha expulsados a más de 700 ciudadanos cubanos, entre ellos funcionarios y médicos.
¿Agitadores o chivos expiatorios?
Hannes Warnecke-Berger, politólogo de la Universidad de Kassel, indica a DW que "vincular los problemas de la sociedad con aquellos que son diferentes, como los migrantes, es algo habitual. La pregunta es ¿por qué ahora se atribuye a migrantes venezolanos y cubanos que vayan a desestabilizar la democracia, en vez de buscar las causas reales del movimiento?”.
En su opinión, "la violencia no se explica por los migrantes. América Latina es una región que siempre ha estado afectada por la violencia criminal y algunas personas recurren a la violencia para saldar los conflictos cotidianos”.
Lucía Dammert, politóloga y socióloga de la Universidad de Santiago de Chile, dice a DW que "la mayoría de los migrantes en sus lugares de destino en América Latina pasan a ser parte de los grupos de mayor precariedad en términos socioeconómicos y se ubican habitualmente en zonas en que hay desarrollo de violencia. Entonces no es extraño que tengan presencia en este tipo de situaciones”.
La experta advierte que "el que algunos migrantes hayan sido detenidos y luego expulsados por participar en saqueos o marchas, no significa que ellos representen a una organización anarquista transnacional o al algún gobierno”. "Es muy fácil tomar a ciudadanos extranjeros, en este a caso venezolanos, como chivos expiatorios. Colombia ha recibido un gran número de migrantes y pensar que están detrás de los disturbios o casos de violencia es muy peligroso y puede motivar mayores conflictos”, observa Peters.
Las sospechas han escalado a niveles gubernamentales. El presidente chileno Sebastián Piñera señaló que no creía que el estallido social fuera espontáneo y no descartó la injerencia de gobiernos extranjeros. Cuando el vicepresidente venezolano Diosdado Cabello celebró que "brisas bolivarianas” cruzan la región contra "criminales políticas neoliberales”, el ministro de relaciones exteriores chileno, Teodoro Ribera, rechazó "la intervención del dictador Maduro”.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusó una "estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana" para promover el conflicto político y social. En Ecuador, el presidente Lenin Moreno denunció la presencia de agentes venezolanos y cubanos con intenciones de desestabilizar el país.
En opinión de Lucía Dammert, "si presidentes han afirmado algo así, entonces las inteligencias de sus países deberían tener antecedentes y demostrarlo. Lo llamativo es que, al menos en Chile, no se ha confirmado una investigación ni detención que pueda ratificarlo”. La experta considera que hasta que la justicia demuestre lo contrario, es difícil creer que un gobierno u organización extranjera tenga la capacidad de generar este tipo de estallidos.
"Culpar a la migración o a la intervención de otros países que supuestamente estarían operando en Chile es irresponsable y peligroso. Es una excusa para no querer asumir las causas de la profunda crisis de desigualdad y violencia que vive Chile”, apunta Eduardo Vergara, director de la Fundación Chile 21, en diálogo con DW.
Sectores de derecha también apuntan a que el Foro de Sao Paulo, que reúne a partidos y movimientos de izquierda de la región, estaría promoviendo la desestabilización de los gobiernos. En opinión de Dammert, "hay mucha lógica conspirativa para tratar de explicar estos fenómenos. Nada más fácil que decir que detrás de la violencia y las manifestaciones hay un enemigo externo o una mente diabólica”.
La teoría también le sirve a Nicolás Maduro, quien ha dicho que "el plan va perfecto” y que se están cumpliendo las metas del foro. "Esto puede beneficiar a Venezuela, pues necesita mostrar una fuerza que ya no tiene. Pero algo muy distinto es decir que está detrás. Pensar así es no tomar en serio a quienes salen a la calle y reclaman un cambio”, estima Peters.
El catedrático de la Universidad de Giessen agrega que "es un error creer que el gobierno venezolano o el cubano sean tan fuertes como para dirigir movimientos en otros países, cuando los dos están bastante debilitados. Pero el error principal es cerrar los ojos a las causas de los problemas sociales internos en países como Chile o Colombia, principalmente las desigualdades. Todo lo demás es desviar la discusión”.
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