“En huelga de hambre y sed”, escribió Ferrer, uno de los disidentes más conocidos de Cuba, en un pedazo de papel que logró enviar clandestinamente fuera de la cárcel. “Me han hecho de todo”.
Ferrer, de 49 años, ha estado en prisión desde el primero de octubre. En opinión de algunos activistas defensores de los derechos humanos, el cargo de agresión física con lesiones del que se le acusa es fabricado. En su nota, el prisionero describió cómo, después de arrastrarlo y esposarlo de pies y manos, lo dejaron en ropa interior durante dos semanas, a merced de los mosquitos y el frío matutino.
“Mi vida corre gran peligro”, advirtió.
El encarcelamiento de Ferrer ha reavivado las críticas contra Cuba y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel con tal de controlar a los disidentes. Diecinueve meses después de haber asumido la presidencia y alimentar las esperanzas del pueblo de que iniciaría reformas —no solo al interior de Cuba, sino en su política exterior— el gobierno que encabeza Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía Castro que lo precedió, en opinión de sus críticos.
“No hay que pensar que el poder cambió de manos”, explicó Javier Larrondo, de la institución española de acción jurídica y defensa Prisoners Defenders, que ha seguido de cerca el caso de Ferrer. “El poder sigue en las mismas manos”.
En señal de la seriedad con que el gobierno cubano ha reaccionado a las expresiones internacionales de condena, en particular tras la caída de la presidencia de Evo Morales en Bolivia, el gobierno cubano publicó durante el fin de semana un video de diez minutos de duración en el que se ve a Ferrer golpearse la cabeza contra una mesa mientras estaba en custodia, sugiriendo que él mismo se provocó las lesiones. El gobierno afirma que las autoridades estadounidenses han orquestado una “campaña de mentiras” en torno al caso.
Incluso la conocida bloguera Yoani Sánchez opinó que el video podría tener un costo político para Ferrer y su movimiento. Pero su familia y seguidores advierten que se pueden ver indicios de que el video presentado por el gobierno ha sido manipulado y argumentan que el hombre sin camisa que se golpea en el rostro no es Ferrer.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que su diplomático de mayor rango se reunió con Ferrer y otros disidentes como parte de su estrategia en defensa de los derechos humanos.
“El primer recurso del régimen de Castro es desempolvar puntos de debate obsoletos de una era que debería haber quedado en el pasado y calificar de mercenaria, subversiva y espía a cualquier voz independiente”, dijo un vocero del Departamento de Estado en una declaración.
Desde que asumió la presidencia de Cuba, Díaz-Canel ha intentado (sin éxito) mejorar las condiciones de vida de la población a pesar de una extendida escasez de gasolina y de las devastadoras sanciones estadounidenses. Si bien Cuba ha ampliado el acceso a internet y ofrece a los cubanos un nuevo servicio 3G de telefonía celular que les permite publicar quejas desafiantes en las redes sociales, el caso de Ferrer se ha convertido en un claro ejemplo de lo que puede pasar si alguien se excede en sus críticas, en particular porque el acceso a internet favorece el surgimiento de una nueva clase de medios independientes.
Ferrer llevaba en custodia casi dos meses cuando se informó a su familia el cargo formal en su contra. El anuncio se presentó después de que varias voces estadounidenses de todo el espectro político, incluidos el exvicepresidente Joe Biden y el secretario de Estado Mike Pompeo, criticaron la decisión de encarcelar al activista.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución conjunta la semana pasada en la que exige su “liberación inmediata”.
En una declaración muy inusual en Granma, el periódico oficial del Partido Comunista, el gobierno cubano describió a Ferrer como un “agente asalariado al servicio de Estados Unidos” con una trayectoria delincuencial de “agresiones con violencia física a otros ciudadanos, incluyendo mujeres”. Sus exparejas publicaron videos en los que niegan esta última acusación.
Como parte de sus actividades de organización comunitaria, Ferrer, originario de Santiago de Cuba, en la región este del país, ayudó a recopilar miles de firmas de apoyo para el Proyecto Varela, un referendo que exigía mayores libertades políticas presentado ante la Asamblea Nacional de Cuba en 2002. El líder de ese movimiento, Oswaldo Payá, murió en un accidente automovilístico diez años después. Muchos están convencidos de que fue asesinado.
Ferrer fue uno de los detenidos durante la enérgica campaña de 2003 contra la disidencia conocida como Primavera Negra y estuvo encarcelado ocho años. Fue uno de los pocos miembros de un grupo de 75 prisioneros políticos que se negaron a aceptar una oferta de liberación a condición de ir al exilio en España.
“José Daniel Ferrer tenía la capacidad de observar y comprender lo que ocurría en las calles de Cuba”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de Human Rights Watch para el continente americano. “Me parece que por eso les inspira más temor que cualquier otro”.
Al salir de la cárcel, Ferrer fundó la Unión Patriótica de Cuba, conocida como Unpacu. Esta organización se distinguió por aprovechar el descontento social derivado de la continua escasez de alimentos en Cuba, entre otras dificultades.
“Estableció un centro que ofrece comidas para los ancianos y los discapacitados”, explicó Martha Beatriz Roque, una disidente muy conocida que tiene una relación estrecha con Ferrer. “La dictadura no está de acuerdo con esas acciones, porque involucran liderazgo”.
Desde hace dos años, decenas de disidentes han optado por el exilio, incluso varias de las personas que se reunieron con Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, en La Habana en 2016 y los trece miembros del grupo de abogados Cubalex. Este éxodo dejó sin asesoría legal a los activistas opositores del gobierno.
“Creo que todos nosotros, los opositores, vivimos un periodo que no es nada alentador”, se lamentó Roque.
Algunos defensores de los derechos humanos afirman que en Cuba hay alrededor de cien prisioneros políticos y que el número de capturas arbitrarias al mes bajó casi a la mitad desde la toma de posesión de Díaz-Canel en abril de 2018. Pero esa disminución se debe, de acuerdo con Vivanco, a que quedan menos disidentes en Cuba a quienes detener.
Ferrer fue arrestado junto con tres colegas el primero de octubre, acusados de patear a un hombre en la cabeza hasta que perdió la conciencia. Los amigos y familiares de Ferrer dicen que tienen pruebas de que las lesiones del hombre se produjeron por un accidente con su motocicleta y sostienen que las supuestas declaraciones de testigos que afirman lo contrario son invenciones.
Nelva Ortega aseguro que Ferrer, su esposo, fue víctima de una golpiza y que ha bajado mucho de peso por su huelga de hambre —que duró veinticinco días y que ya concluyó—, que inició cuando se percató de que le daban alimentos y agua contaminados. Se negó a usar el uniforme de prisión y se quedó sin ropa durante semanas, dijo Ortega. Ella afirmó que su esposo ha perdido la mitad de su masa corporal, pero no pudo tomar ninguna fotografía para documentarlo.
En una carta dirigida a las Naciones Unidas, el gobierno cubano sostuvo que las acusaciones de tortura eran mentira.
Carlos Alzugaray, antiguo diplomático cubano y académico de La Habana, señaló que Díaz-Canel ha tardado demasiado en aplicar medidas para impulsar la economía, pero desmintió que la represión contra los críticos del gobierno fuera un problema.
“Nadie en Cuba termina en la cárcel por sus opiniones, no importa lo que piense la gente”, dijo Alzugaray. “Ser el sucesor de Fidel y Raúl no es nada fácil. Cuando te corresponde ser el guardián de un legado, tienes un problema doble: todos esperan que hagas cambios, pero también que mantengas cierta continuidad”.
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