Mientras el coronavirus hace estragos en América Latina, otro enemigo -no tan pequeño- también gana terreno: el autoritarismo. En pocas semanas hemos retrocedido años y los pasos atrás pueden acelerarse en los próximos días.
Junto a los necesarios llamados al confinamiento social, las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras, algunos gobiernos han ido más allá y han emprendido una razzia contra la prensa y la libertad de expresión. Entre una y otra col de medidas preventivas nos quieren colar la amarga lechuga de la censura y del recorte de potestades cívicas. Junto a la cuarentena y las mascarillas se extienden por doquier los castigos y las mordazas.
Hemos visto de todo. Desde líderes y gobernantes que azuzan los odios xenófobos y utilizan políticamente la pandemia, hasta otros que promueven movilizaciones masivas, a pesar del riesgo o minimizan las recomendaciones científicas. Mientras muchos políticos aseguran combatir los bulos peligrosos contra la salud, en realidad hunden las tijeras para intentar de paso arrasar con sus críticos, con quienes cuestionan su gestión y con los medios informativos que les resultan incómodos.
En tiempos de epidemia, en Cuba los reporteros independientes reciben más citaciones policiales que de costumbre y los internautas que reportan los errores oficiales son amenazados con castigos ejemplarizantes. Una lluvia de interrogatorios y multas ha caído sobre la prensa no controlada por el Partido Comunista y es de esperar que estas represalias aumenten en la medida en que también lo hagan los casos positivos por COVID-19.
Junto a los interrogatorios de la policía política, las confiscaciones de útiles de trabajo y las penalizaciones monetarias, la nueva ola represiva incluye campañas de satanización contra los medios privados que presentan a los informadores casi como otro tipo de coronavirus. Las autoridades parecen especialmente interesadas en cortar cualquier narración sobre la dura realidad de las largas colas, el desabastecimiento y la incertidumbre económica que se han recrudecido en los últimos días.
Los ataques oficiales están cargados, además, de amnesia. Cuando hace unas semanas las redes sociales se llenaron de exhortaciones para que se cancelaran las clases en las escuelas y se cerraran las fronteras al turismo, los voceros del Gobierno tildaron las propuestas ciudadanas de manipulaciones fabricadas desde el extranjero. Días después, la Plaza de la Revolución tomó un paquete de medidas muy similar a aquel que repudió.
La demora de esas semanas, en que las campañas turísticas oficiales seguían promoviendo a la Isla como "un destino seguro" y hasta insinuaron que las altas temperaturas del Caribe eran una protección adicional frente al contagio, fue ampliamente denunciada en los medios independientes. El costo en vidas de aquella tardanza nunca lo sabremos con certeza.
Ahora, la intolerancia ha escalado un paso más y una joven periodista fue citada la pasada semana por la policía, y le impusieron una abultada multa. Mónica Baró, ganadora del prestigioso Premio Gabo en la categoría de Texto 2019, recibió amenazas por las publicaciones que ha hecho en Facebook. Según los represores, su delito es haber difundido "información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", según el draconiano Decreto Ley 370 que regula la distribución de contenidos.
Parapetados tras el coronavirus medran otros patógenos peligrosos que, con cuello y corbata o charreteras militares, quieren dejar sin "defensas informativas" a la sociedad.
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