El activismo cubano por los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales (LGBTI) mantiene este mes de mayo la visibilidad por el reconocimiento a sus derechos, en un contexto de poca movilidad por el tema en el llamado Caribe insular.
A un ritmo lento respecto a los países continentales de su entorno, las islas caribeñas persisten como las más atrasadas en América Latina, al punto que en ocho de sus países son ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre todo entre hombres, con el caso más grave en Barbados, donde la ley las condena con cadena perpetua.
Y ahora la pandemia de la covid-19 amenaza con demorar los avances de un segmento poblacional muy discriminado y que ha luchado por cada palmo alcanzado, ya que las prioridades de los países se concentran en la respuesta sanitaria y manejar en los próximos años las graves afectaciones económicas derivadas de la emergencia.
Con grandes contrastes, llega el área del Caribe a un nuevo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conmemoración a la eliminación en 1990 de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
“La situación del Caribe es compleja: hay países donde no tienen derechos, otros completamente opuestos o que la comunidad está luchando y ganando. También depende de la influencia externa, de cuántas personas se han mudado a los países para apoyar a la comunidad LGBTI”, dijo a IPS el activista puertorriqueño Wilfred Labiosa.
“Donde la batalla está empezando, suelen exigir los derechos de las personas transgénero y/o el matrimonio igualitario. Digo batalla para reconocer a los grupos pequeños de activistas, que por lo general comienzan esta lucha y no el gobierno”, amplió el coordinador de la oenegé Waves Ahead, para adultos mayores.
“Es importante que los países con representación en IlgaLac (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe), nos unamos más y aprendamos unos de otros, sobre lo que funcionó y no funcionó de cada movimiento de nuestra comunidad”, propuso el activista.
Labiosa habla desde San Juan, en Puerto Rico, uno de los cinco territorios insulares con matrimonio igualitario mientras en Aruba es posible la unión legal desde 2016, pero el panorama del resto del área es de lucha local y en organismos y foros internacionales a los que se adscriben las diferentes naciones.
En su particularidad de país de gobierno socialista y sistema estatalizado, Cuba vive en mayo debates entre el activismo: un grupo se declara independiente y pide tener oenegés propias, mientras otro aboga por la vía estatal para el logro de sus derechos. Y una franja del reducido activismo parece estar entre dos aguas.
Gracias a un mayor acceso a Internet aunque sigue siendo un servicio inestable y caro, Cuba despliega solo en redes sociales la campaña anual.
“Quiero pedirles la mayor colaboración, que se involucren en este sentido de unidad para enfrentar la covid-19, pero sobre todo a los prejuicios que se han impuesto durante siglos en contra de las personas LGBTI”, dijo Mariela Castro Espín, la directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el 5 de mayo.
Hija de expresidente Raúl Castro (2008-2019) y diputada, la sexóloga es reconocida por impulsar desde 2008 a través de Cenesex las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que consisten en un programa de actividades educativas, culturales y de sensibilización con apoyo de instituciones cubanas y la cooperación internacional.
La actual 13 edición de las Jornadas abarca todo el mes, con debates sobre los derechos de las parejas y familias homoafectivas, los avances y desafíos de la nueva Constitución de 2019, los fundamentalismos religiosos y el impacto de la covid-19 en la comunidad, entre otros, en redes sociales y la prensa estatal.
Cenesex aseguró que varios de sus especialistas participan en la redacción del anteproyecto de Código de Familias y velan por el reconocimiento específico de los derechos LGBTI en otras normas a revisión como la Ley de Salud Pública, el Código Penal y las normas jurídicas procesales, administrativas, laborales y penales.
Por su lado, un segmento del activismo conmemoró el lunes 11 de mayo con un foro virtual y un “tuitazo”, el primer aniversario de una marcha pacífica realizada en 2019 sin la autorización requerida en el céntrico Paseo del Prado habanero, que terminó con detenciones y marcó un punto de giro en el país caribeño.
Activistas analizaron en esa actividad el impacto de la marcha del año pasado, los retos de la construcción de una ciudadanía sexodisidente en Cuba, los fundamentalismos religiosos y la reforma constitucional que derivó en la ley fundamental de 2019, luego de retrasos por supuestos ataques a la página en Facebook donde se anunció el foro.
La decisión del unicameral parlamento cubano de llevar en 2021 a consulta popular y referendo el nuevo Código de Familias, que sustituirá al vigente desde 1975 y contendrá el matrimonio igualitario o al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, provoca insatisfacciones y temores entre la comunidad LGBTI.
“Necesitamos más compromiso político de las instituciones públicas, y la participación y liderazgo de la sociedad civil”, dijo a IPS el activista Raúl Soublett, que participó en el foro virtual y defiende que los derechos de grupos minoritarios no deben someterse a plebiscitos porque defienden derechos de una minoría.
“Tenemos el reto que se tomen medidas efectivas para combatir la discriminación, aprobar una ley de identidad de género, reducir el acoso escolar, trasformar a la policía, contrarrestar los grupos conservadores y fundamentalistas y que la comunidad pierda el miedo a denunciar”, enumeró.
El joven coordina el proyecto Alianza Afrocubana en el municipio capitalino de El Cerro, e integra la Red de Juventudes Afrodiaspóricas de América Latina y el Caribe. “Si Cuba reconociera el matrimonio igualitario y otros derechos, sería un referente para los colectivos del Caribe que luchan en escenarios más complicados”, valoró.
Según el último informe de Homofobia de Estado 2019, elaborado por Ilga, “la región de América Latina y el Caribe se encuentra en un momento histórico de transición y de disputa política, donde las alianzas entre los sectores fundamentalistas religiosos antiderechos y las fuerzas políticas ultra conservadoras avanzan de manera peligrosa”.
“Es hora de que nuestra comunidad pueda disfrutar de sus derechos y esto incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo”, sostuvo Rosanna Marzan, de Coalición LGBTI, en República Dominicana, donde operan más de 20 pequeños grupos de activistas.
“Teníamos planificadas acciones de incidencia por el matrimonio igualitario en abril, pero lo pospusimos por la covid-19”, reveló Marzan a IPS desde Santo Domingo.
“En República Dominicana, se ha avanzado bastante porque hemos usado la estrategia de la incidencia internacional, de la que somos pioneros, y tenemos ciertas acciones positivas del gobierno”, evaluó.
De los nueve países que en América Latina y el Caribe aún resulta ilegal las relaciones entre personas del mismo sexo, ocho se encuentran en el área insular, según el último mapa de 2019 de Ilga. Estos son Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
El noveno país es el también caribeño Guayana, situado en el noreste del territorio suramericano.
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