Pacientes que viven con la enfermedad resienten la falta de atención de las autoridades sanitarias de la región, que enfocan sus esfuerzos en combatir la covid-19.

CARLOS SALINAS

Arturo Bazán, de 55 años, lleva casi dos meses de confinamiento en su casa en el Estado de México, vecino de la capital mexicana. Sus días transcurren entre la limpieza de su casa, ha decidido pintar algunas habitaciones y sigue día a día las conferencias de las autoridades sanitarias que informan sobre el estado de la pandemia de coronavirus en México. Para él es clave saber cuándo podrá regresar de nuevo a las consultas médicas, porque vive con VIH y desde que se ha impuesto la cuarentena no se ha hecho los chequeos mensuales ni ha consultado a su médico: En el hospital de la seguridad social mexicana al que asistía regularmente le entregaron medicamentos antirretrovirales y le ordenaron que por ninguna razón visitara el dispensario. Lo que más resiente es que en todo este periodo no ha recibido ningún tipo de información sobre las medidas que debe tomar como paciente de VIH. “Me siento muy desconcertado”, explica por teléfono. “Casi no salgo, pero es muy estresante vivir con la zozobra de saber que somos pacientes de alto riesgo. Ellos [los médicos] no nos dicen nada. En el Seguro Social no nos dan consulta. Tienen mis datos y no nos envían información”, lamenta.

 

Por el momento, agradece por lo menos tener medicamentos, aunque cuando se le acaben no sabe si le permitirán regresar al hospital para abastecerse de nuevo. Él había participado en febrero en protestas que un grupo de pacientes con VIH organizaron frente a la sede del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y en el zócalo de la capital en su lucha para reclamar a las autoridades mexicanas por lo que consideran un asunto de vida o muerte: el desabasto de fármacos antirretrovirales y otros medicamentos esenciales para el tratamiento del VIH. Algunos de esos pacientes, como Bazán, cumplieron hasta un mes sin recibir las medicinas y entonces temían un deterioro en su condición. Eran, según estadísticas oficiales, cerca de 3.000 personas afectadas (de un total de 63.000 pacientes con VIH atendidos por el Seguro Social) y aunque desde el IMSS afirmaron que trabajaban para reducir el impacto del desabasto, para los manifestantes entrevistados en ese momento la escasez era una enfrenta y una negligencia de parte del Estado. Ahora, dice Bazán, se enfrenta al vacío de información. “Entiendo que tiene prioridad la gente enferma de esto [covid-19], pero también necesitamos atención oportuna”, dice.

 

Bazán tuvo que jubilarse de manera prematura porque el VIH le causó una neuropatía periférica que limitó sus fuerzas. Comparte casa con su hermana, quien es la encargada de salir por la compra. Él recibe como pensión 2.500 pesos al mes (139 dólares) y dice que todo su tratamiento, si tuviera que pagarlo, le costaría unos 48.000 pesos al mes (2600 dólares). “Los retrovirales son difíciles y se debe mantener una disciplina, sino hay una baja en nuestras defensas. Un día que pasa es vital. Y cada organismo es diferente, a lo mejor uno lo puede tolerar, pero habrá otros que no. Estoy en un estrés de pensar en mis exámenes. Hasta el momento, con base a mi último resultado de laboratorio, no he tenido consecuencias”, explica.

 

Un manifestante enciende una vela durante una protesta a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 28 de febrero.

Un manifestante enciende una vela durante una protesta a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 28 de febrero.TERESA DE MIGUEL / EL PAÍS

ONUSIDA, el programa de Naciones Unidas especializado en la lucha contra el VIH y el sida, ha alertado a las autoridades sanitarias de la región del impacto negativo que podría tener la pandemia de coronavirus en la población con VIH si se baja la guardia en lo relacionado a la atención que deben recibir estas personas. César Antonio Núñez, director del Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina, explica que 2.3 millones de personas viven con VIH en Latinoamérica y cada año el organismo registra 120.000 nuevas infecciones, “lo que representa un grupo significativo de personas que van a requerir tratamiento de por vida, porque una vez que una persona se ha diagnosticado con VIH se le tiene que dar tratamiento para que pueda vivir una vida normal”, afirma el experto. En la región, el 38% de las personas que necesitan estos medicamentos no los reciben.

 

Núñez dice que recomiendan a las autoridades de la región la entrega de dosis de medicamentos para “múltiples meses de tratamiento” (de tres a seis meses) a los pacientes, además de información oportuna sobre las medidas que deben tomar. “En este momento, por la covid-19, se van a requerir inversiones significativas, tanto en la parte del sector salud como en respuesta a la protección social, por lo que uno de los llamados que está haciendo ONUSIDA es a mantener la financiación de la respuesta al VIH, porque si no todo lo ganado hasta ahora podría perderse, podríamos retroceder, si nosotros descuidamos la atención al VIH”, alerta el experto en entrevista por videollamada.

 

Desde Cali, Colombia, Yesenia cuenta su desesperación. Ella y su pareja viven con VIH, están desempleados y debido a la situación impuesta por la pandemia de coronavirus no tienen opciones de trabajo para sobrevivir. Viven de la ayuda que reciben de organizaciones humanitarias, como Lila Mujeres, que además la apoya con el suministro de antirretrovirales. Yesenia vivió 24 años en Venezuela, pero desde hace seis meses volvió a su ciudad por la crisis que golpea al país vecino. En Venezuela, afirma, era imposible acceder a medicamentos para el VIH, aunque su situación tampoco es mejor en su patria. “En Colombia aún no tengo acceso a la salud”, cuenta Yesenia, que habita en una barriada junto a su esposo, cuatro hijos y dos nietos. “Estamos desesperados y las personas que vivimos con VIH no estamos en las respuestas de los gobiernos. Es bastante deprimente y frustrante para nosotros. Se debe pensar más en las personas humildes y enfermas que estamos pasando situaciones muy difíciles. Aún existe el VIH, el VIH no se ha acabado”, dice la mujer.

 

Una situación similar de miseria sufren Michela y Luis, quienes habitan en Tegucigalpa, Honduras, con su hijo de nueve años. Antes de la pandemia Luis sobrevivía vendiendo dulces y agua embotellada en las calles de su ciudad, pero la cuarentena que ya dura mes y medio en Honduras le arrebató esa única entrada de dinero. “Estamos de manos atadas”, dice Michela. Ella y su pareja viven con VIH. “Yo no trabajo, cuido a mi hijo. Estamos viendo acá cómo hacemos. No tengo comida para todos los días”, alerta. Al igual que Yesenia en Cali, esta familia sobrevive de la ayuda que les entrega la organización Movimiento de Mujeres Positivas de América Latina y el Caribe. Michela tiene medicamentos para dos meses, pero afirma que no ha recibido ninguna información de las autoridades sanitarias y no sabe cuándo podrá abastecerse de nuevo. “Me toca ir [al hospital] el primero de junio, pero no sé si podré [por la cuarentena]. Eso me da mucha angustia y no sé cómo hacerlo. No me puedo quedar sin medicamentos, pero nadie nos dice nada. Estoy asustada porque somos personas vulnerables. Es desesperante”, concluye.