El 26 de mayo, Costa Rica legalizó el matrimonio igualitario. En un momento en el que tantas democracias viven asaltos conservadores, el logro de Costa Rica parece excepcional.
Lo que ocurrió en Costa Rica es el tipo de victoria de los derechos civiles que se puede esperar cuando un país adopta un modelo de gobierno que fusiona la inclusión social con instituciones liberales y rechaza el populismo en favor del Estado de derecho.
El matrimonio igualitario se ha convertido en un estándar en muchas democracias ricas, pero sigue siendo poco común en casi todo el mundo. Hay una razón para ello.
La oposición al matrimonio igualitario tiende a ser extensa y virulenta, al menos al inicio. Costa Rica no fue la excepción. Una encuesta de 2014 reveló que solo el 28,2 por ciento de la población aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los socialdemócratas del país se sentían incómodos con este conservadurismo.
Costa Rica posee una tradición de hacer uso de las instituciones del Estado para atender la salud, la educación y los derechos laborales de los pobres. Los activistas se unieron para exigir que estas instituciones se actualizaran para también proteger a las estigmatizadas minorías sexuales.
El problema era cómo lograr un cambio efectivo ante una oposición generalizada. En 2016, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís tomó la decisión de consultar de manera oficial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre cuatro aspectos que se podrían resumir en dos grandes temas: si Costa Rica estaba obligada o no a ofrecer los derechos de propiedad y patrimoniales a las personas LGBT y si debía permitir o no a las personas trans cambiar su identidad de género en los documentos nacionales.
La Corte IDH no solo respondió que sí, sino que fue más allá al argumentar que los Estados debían ofrecer todos los derechos, inclusive derechos matrimoniales.
Fue en ese momento cuando el modelo de inclusión social con respeto a la ley de Costa Rica se puso en marcha. El presidente Solís, que al menos de manera pública no había sido un asiduo defensor del matrimonio igualitario, aceptó la recomendación de la Corte IDH. En una decisión que fue posteriormente ratificada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Solís argumentó que el país tenía que cumplir debido a que la constitución establece que los tratados internacionales, especialmente aquellos relacionados con los derechos humanos, están por encima de las leyes nacionales. De esta forma, se dispuso que el matrimonio igualitario entrara en vigor el 26 de mayo de 2020.
Este modelo de inclusión fomentado por un fuerte Estado de derecho emergió en Costa Rica a finales de la década de los cuarenta. Hasta ese momento, Costa Rica había tenido dificultades con la democracia. Cuando en el país brota una breve guerra civil en 1948, a José Figueres, uno de los líderes que peleaban contra el gobierno, se le ocurrió una idea para una paz permanente: abolir al ejército para que las minorías nunca derrocaran a gobiernos elegidos por la mayoría; limitar los poderes del presidente; fortalecer los tribunales y a las autoridades electorales para asegurar el cumplimiento de la ley, y destinar los dividendos resultantes de que no hubiera guerras, golpes de Estado ni fuerzas armadas a la inversión en educación y salud.
El modelo Figueres que fusiona la inclusión con los derechos y las leyes liberales fue consagrado en la constitución costarricense de 1949. Fue un rechazo a dos modelos que se volverían populares en Latinoamérica posteriormente. Uno es la inclusión social por imposición del Estado —aun si eso representa violar derechos básicos—, un modelo que se volvió famoso gracias a Fidel Castro en Cuba y más recientemente a Hugo Chávez en Venezuela. El otro es dar prioridad a los derechos empresariales —aun si eso representa obviar la inclusión social—, un modelo al que dieron fama las juntas militares de las dictaduras sudamericanas de la década de los setenta y, en fechas recientes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
El modelo Figueres ha transformado a Costa Rica en una de las democracias más prósperas de Latinoamérica en la actualidad. Así mismo, ha convertido al país centroamericano en un campeón mundial de los derechos LGBT.
Lamentablemente, la decisión de Solís produjo una reacción populista adversa, y ahora el modelo enfrenta desafíos. En la elección presidencial de 2018, el favorito era un cantante evangélico conservador, Fabricio Alvarado, quien prometió complacer a las mayorías oponiéndose al matrimonio igualitario, incluso si eso significaba desafiar a las cortes. Se enfrentó a un joven socialdemócrata, Carlos Alvarado, quien defendió el modelo de inclusión social mediante el Estado de derecho, incluso si ello conllevaba ir en contra de los gustos de la mayoría.
Fue una de las elecciones más polarizantes en Costa Rica. Al final, los votantes eligieron a Carlos Alvarado, con lo que reafirmaron de manera efectiva el modelo de inclusión por la vía legal.
Sin embargo, la batalla no terminó ahí. Cuando se acercaba el plazo del 26 de mayo, legisladores conservadores presentaron una moción en el Congreso para posponer la fecha de implementación, con la justificación de que la crisis del coronavirus les había impedido crear una ley específica sobre el matrimonio igualitario. En una demostración ejemplar de defensa de los derechos LGBT por parte del Congreso, se rechazó la moción y la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor según estaba programado.
La mayoría de los países en el continente americano, incluyendo a Estados Unidos, se han valido de los tribunales, en vez de los votos de la mayoría, para promulgar el matrimonio igualitario. Esto es entendible pero problemático porque los fallos se perciben carentes del apoyo de la mayoría de la población. Costa Rica empleó este enfoque, pero con importantes cambios. No hubo un plebiscito, pero una elección presidencial reafirmó el sistema de inclusión mediante los derechos legales. Además, aunque el matrimonio igualitario no provino de una propuesta de ley del Congreso, los legisladores repelieron los ataques populistas.
Puede parecer un milagro que un pequeño país conservador haya adoptado el matrimonio igualitario en medio de una pandemia. Sin embargo, este no fue un milagro, sino un proceso democrático en acción. Cuando a un modelo de democracia que da prioridad a la inclusión social por ley se le permite seguir su curso y es reafirmado por las mayorías, las minorías ganan.
Javier Corrales es profesor de Ciencias Políticas en Amherst College y recientemente publicó Fixing Democracy: Why Constitutional Change Often Fails to Enhance Democracy in Latin America.
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