ELPAÍS

En 1964, cuando se aprobó en Estados Unidos la Ley de Derechos Civiles, el legislador consideró necesarioEl proteger la diversidad socialmente aceptada y en su Título VII prohibió cualquier discriminación por razón de sexo, raza, color, nacionalidad o religión. Pero no pensó que tuviera que proteger explícitamente la diversidad sexual. En ese momento, la sensibilidad social estaba muy lejos de reconocerla, pero con el paso del tiempo la discriminación por orientación sexual se ha convertido en una fuente permanente de conflictividad laboral y judicial.

 

La comunidad LGBT ha tenido que sostener una larga batalla para hacer valer que cuando se habla de no discriminación por razón de sexo eso incluye también que no se podrá despedir por el hecho de ser homosexual o transgénero. Esta lucha ha culminado ahora con una sentencia histórica del Tribunal Supremo, la más importante para los derechos de estos colectivos desde la que en 2015 respaldó la legalidad del matrimonio homosexual. El alto tribunal deja claro que “una empresa que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero lo está despidiendo por características o acciones que no se habrían cuestionado en el caso de personas de otro sexo. El sexo tiene un papel necesario e incuestionable en la decisión, exactamente lo que el Título VII prohíbe”.

 

Lo ocurrido con este proceso revela que, por obvio que parezca un principio y por mucho que evolucione la sensibilidad social al respecto no se convierte en un derecho positivo exigible hasta que no tiene el respaldo legal necesario. Aunque la lucha del movimiento LGBT había logrado que 21 Estados prohibieran el despido por esos motivos, era importante dar la batalla en el Tribunal Supremo pese a que su clara composición conservadora hiciera albergar dudas sobre el resultado.

 

La sentencia es clara y contundente. Para sorpresa de muchos, solo tres de los nueve jueces votaron en contra. Y supone un duro revés para el propio presidente Donald Trump, quien desde su llegada a la Casa Blanca ha hecho ostentación de su inquina hacia estos colectivos y no ha dudado en adoptar medidas persecutorias, en algunos casos mezquinas. Por ejemplo, retirar la ley que prohibía a las compañías aseguradoras negar atención médica a los pacientes transgénero; permitir que los albergues para indigentes que se financian con fondos federales puedan excluir a las personas que han cambiado de género o puedan obligarlas a utilizar los lavabos que se corresponden con su sexo biológico o que el Pentágono pueda excluirlas de los procesos de reclutamiento. Ahora, en pleno desplome de popularidad por la gestión de la crisis del coronavirus, Trump recibe este revés de gran significado político por el hecho de proceder un tribunal cuya composición había tratado de modelar a su medida.

EL PAÍS