En el año 2020 se perpetraron en Argentina ciento cincuenta y dos (152) crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia, dice el Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de odio de la Federación Argentina LGBT que se dio a conocer ayer. Por estos días además se conocieron otros dos informes que documentaron violencias en Argentina durante el año de la pandemia: el de muertes trans elaborados por ATTA y por La Rosa Naranja. Todos coinciden en señalar que la pandemia agravó aún más la situación de vulnerabilidad de las personas trans.
El informe del Observatorio de crímenes de odio de la FALGBT explica que “encontrar los registros de las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tiene sus dificultades particulares, ya que por ejemplo no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales”.
De todos los crímenes de odio registrados, el 57% fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.
En el informe se contabilizan 14 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -10 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; 5 suicidios – 4 de mujeres trans y 1 de un varón trans-; y 67 muertes por abandono y/o ausencia estatal histórica y estructural- todas ellas fueron de mujeres trans-.
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2020, el 84% de los casos (127) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 12% (19) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 3% de los casos (4) le siguen las lesbianas; y por último con el 1% (2) los varones trans.
El informe señala que la franja etaria más afectada por los crímenes de odio es la de 30 a 39 años con el 33,61% de los casos. En segundo, lugar con el 25,21% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 20 a 29 años. En tercer lugar con el 21,01% de los casos, personas de 40 a 49 años. “En estos datos podemos observar como los porcentajes mayores de crímenes de odio se corresponden con las edades más bajas, coincidiendo los mismos con el bajo promedio de vida de las mujeres trans y con los altos índices de violencia que sufre la comunidad LGBT en general”.
Dónde fueron los crímenes de odio LGBT
Según el informe, el porcentaje más alto -34,21%- de crímenes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar con el 14,47% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 8,55% la provincia de Córdoba; y posteriormente con el 6,58% Santa Fe. En quinto lugar, con el 5,92% del total de los casos se encuentran la provincia de Salta; le siguen Catamarca, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero con el 3,95% cada una; luego con el 1,97% cada una, Misiones y Mendoza.
Sobre el lugar físico donde acontecieron los crímenes de odios, los datos relevados señalan que el porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, con el 55% de los casos. “El 26% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 24% corresponde a la vivienda particular de la víctima -y está directamente relacionado con la violencia de género y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación-; el 1% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor, y el restante 1% en otra vivienda”.
Quiénes perpetran violencias: 56% violencia institucional
“De los casos relevados el 44% son cometidos por personas privadas; y el 56% son llevados a cabo por el Estado y, dentro de este porcentaje, el 11% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos en su conjunto, casos de violencia institucional”, dice el informe.
Y destaca que las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios “suelen manifestar particular saña y odio contra las personas LGBT, y especialmente direccionada hacia la comunidad de mujeres trans”. Esto se traduce en “desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”.
Cómo se hizo el informe del Observatorio LGBT
El período de relevamiento va del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las fuentes de las que se obtuvieron los datos fueron los medios de comunicación, información recolectada por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD)- de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT, y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. También se tomaron datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS.
Las trans, las más afectadas por las violencias
En el informe se advierte que los datos sólo incluyen casos difundidos en los medios de comunicación así como las denuncias reportadas por la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT o datos documentados por el CeDoSTALC. “Permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”.
El informe habla también de muertes por abandono y/o ausencia estatal histórica yestructural. Dice que su cantidad “es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans. Estas muertes no responden a una coyuntura particular, si no a una vulneración sistemática e histórica de derechos que vive la comunidad trans en la región y en el mundo”.
El 94% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans (81); el 5% a varones gays cis (4); y el 1% restante a varones trans (1). “Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de la manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que en muchos casos termina con sus vidas”.
ATTTA relevó más de 100 muertes trans en pandemia
Desde ATTTA, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, también llevan otro registro: el de las feminidades trans y travestis muertas ya sea por haber sido asesinadas o por abandono del Estado en relación, principalmente, a su salud. En 2020 este registro contabilizó al menos 104 muertes trans. “Hay compañeras que han muerto de Covid y están en las morgues de los hospitales porque nadie las retira, algunas no tienen documentación, algunas son migrantes. Nos llaman del Muñiz y otros hospitales de CABA para ver si las conocemos”, denunció al principio de la pandemia Marcela Romero, presidenta de ATTTA.
“Uno de los problemas principales sigue siendo la exclusión social y la falta de oportunidades. Lastimosamente, nosotras para el Estado seguimos siendo invisibles”, explicó a Presentes Nazarena Fleitas, de ATTTA. “Las únicas personas que nos preocupamos por esto somos las organizaciones sociales. Pero una bolsa de mercadería no le soluciona los problemas a nadie”, aclaró.
Según Nazarena, las principales causantes de esta cantidad de muertas son la exclusión social, la exclusión del sistema de trabajo y la falta de presencia real de políticas del Estado. “La pandemia afectó muchísimo: nos dejó 8 suicidios. Muchas compañeras no podían pagar el alquiler. Una compañera que pedían para comer porque era trabajadora sexual y no tenía, y se terminó muriendo”, -cuenta- Nazarena. “La pandemia potenció el destrato y el abandono social que se sufre”. Y dice que también hubo casos de chicas trans muertas por abandono de tratamientos de VIH. “Fue tanta la exclusión que algunas han decidido abandonar el tratamiento”, lamentó Nazarena.
La Rosa Naranja: más de 100 muertes, la mayoría travesticidio social
La organización La Rosa Naranja, una asociación civil integrada por mujeres trans y con sede en Ciudad de Buenos Aires, dio a conocer el 12 de enero su propio “Informe estadístico de compañeras travestis, transexuales y transgéneros durante el 2020. Según estos datos, el año pasado hubo por lo menos 10 travestis, transexuales o transgénero muertas por crímenes de odio, un varón trans por suicidio y 97 travesticidios sociales evitables.
El promedio de vida estimado en el informe 2020 de La Rosa Naranja es de 39 a 42 años. Los números se asemejan al informe de ATTTA.
“Nuestras muertes también importan y es necesario visibilizarlas”, dijo Marcela Tobaldi a Presentes. “Los medios visibilizan las estadísticas de feminicidios pero en ningún momento hablan del travesticidio social, ni de nuestros crímenes de odio. Y a veces, cuando lo hacen, está mal abordado”.
El informe documenta un listado con los nombres, las edades, lugares y fechas de fallecimiento de cada persona. Y termina con un pedido urgente: la sanción de una ley nacional de cupo laboral travesti trans.
Conclusiones y recomendaciones del Observatorio
Los crímenes de odio contra el colectivo LGBT documentados por el Observatorio Nacional de Crímenes de odio de la Federación Argentina LGBT en el año de la pandemia (152) son menos que los registrados en 2019 (177) y mayores que en 2018 (147).
“En 2020, a pesar de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio que implicó la mayoría de los meses del año la retirada del espacio público, la cantidad de casos (152) se mantuvo similar a 2019 y superior a 2018. Esto probablemente se debe a que las condiciones que generan estos crímenes de odio son estructurales, y su disminución y erradicación dependen de políticas públicas y acciones afirmativas importantes que reviertan siglos de violencia y discriminación”, dice el informe. Y destaca preocupación por “la diversidad sexual en el actual contexto de pandemia, y en particular la especial y delicada situación que están atravesando las personas trans”. Más aún cuando se trata de personas obligadas a ejercer el trabajo sexual por la falta de oportunidades.
El informe repasa y celebra algunas de las medidas del Estado para paliar temas de vivienda, salud, trabajo, pero dice que no es suficiente. También pide la sanción de una nueva Ley contra la Discriminación (existe un proyecto de Ley Nacional de Actos Discriminatorios elaborado por la Federación Argentina LGBT y presentado por última vez en el Congreso de la Nación en noviembre del año 2020.
Para luchar contra la precarización de las vidas de lesbianas, gays, bisexuales y trans, agravada por el actual contexto de pandemia, el el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT también recomienda al Estado de Argentina la sanción definitiva de una ley integral para personas trans que contemple el acceso a todos los derechos, la sanción de una ley que garantice el carácter laico del Estado y de la educación pública, la sanción de una Ley de Reconocimiento de todos los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales, Derogación de los artículos de los Código de Faltas y Contravencionales de las provincias de Argentina que aún conservan figuras abiertas que son utilizadas para criminalizar la comunidad LGBT y a las personas trabajadoras sexuales -en particular a las mujeres trans- costumbre; políticas públicas que garanticen la capacitación, formación y sensibilización de las fuerzas de seguridad argentinas y del servicio penitenciario federal, y garantizar el efectivo acceso a la justicia de la comunidad LGBT y la debida investigación de los crímenes de odio como tales, ya que el contraste entre los números y las condenas, evidencian un fuerte menoscabo del derecho a la justicia de esta población.
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