El vocero del Departamento de Estado norteamericano Edward "Ned" Price respondió este martes a una pregunta sobre el reciente congreso del Partido Comunista de Cuba y el retiro de Raúl Castro asegurando que es el pueblo cubano quien debe juzgar la supuesta "transición de poder".

 

"Lo que yo diría es que, por supuesto, es el pueblo cubano quien debe hablar de los resultados del Congreso del Partido cubano", dijo Price en su tradicional ronda de prensa.

 

"Hemos hablado de la revisión de nuestra política hacia Cuba, que sigue en curso, pero sabemos, por supuesto, que se regirá por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y a los derechos humanos estará en el centro de esos esfuerzos, y trataremos de capacitar al pueblo cubano para que determine su propio futuro. Y en segundo lugar, los estadounidenses, como hemos dicho, son o tienden a ser los mejores embajadores de la libertad en Cuba", aseguró el funcionario ante una pregunta que precisó, en tono irónico, que Raúl Castro llevaba en el poder más tiempo que el que Price llevaba vivo (38 años).

 

"No tengo nada que añadir sobre el cambio que se ha anunciado. De nuevo, es el pueblo cubano el que tiene que hablar con los resultados de su Congreso del Partido", concluyó.

 

La Administración Biden ha asegurado que Cuba no es una prioridad para la política norteamericana en este momento así que unos posibles cambios en las medidas que determinan el status quo de las relaciones podrían tardar aún varios meses.

 

Raúl Castro, por su parte, manifestó su deseo de normalizar los vínculos con EE.UU. en la sesión inaugural del VIII Congreso, el pasado viernes, cuando mencionó la posibilidad de un diálogo "respetuoso" y un "nuevo tipo de relaciones" de Cuba con la actual administración estadounidense.

 

A la vez, agregó que el país debe permanecer alerta para impedir que se pierda la autonomía nacional.

 

"Al propio tiempo, tenemos el deber de permanecer alertas, de asumir con responsabilidad las enseñanzas de la historia y de proteger a nuestro país y al derecho soberano existente, por el que se han sacrificado tantas generaciones de cubanos", afirmó Castro.

 

La respuesta diplomática de EE.UU. a ese pedido ha sido tibia.

 

Ya desde principios de marzo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que un cambio en la política hacia Cuba no figura entre las prioridades del presidente demócrata, aunque ésta sí está comprometida a revisar la decisión tomada por Donald Trump de incluir a la isla en el listado de países patrocinadores del terrorismo.

 

Desde enero, varios funcionarios norteamericanos han repetido lo mismo: que la actual política de EE.UU. sobre Cuba está regida por dos principios: apoyo a la democracia y los derechos humanos, en un esfuerzo por empoderar a la sociedad civil cubana "para que puedan decidir su futuro", y la idea de que los cubanoamericanos, "son los mejores embajadores para la libertad en Cuba", como declaró Psaki en marzo, dejando la puerta abierta a revisar las políticas de la administración Trump, pero sin prisas.

 

"Y estamos comprometidos en revisar cuidadosamente las decisiones políticas tomadas en la administración anterior, incluida la decisión de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo", añadió también la funcionaria.

 

Junto con Irán, Corea del Norte y Siria, Cuba es uno de los cuatro países en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esta clasificación implica “sanciones a las personas y a los países que realicen ciertas actividades de comercio con Cuba”.

 

Varios senadores cubanoamericanos, tanto demócratas como republicanos, han advertido que la actitud represiva del gobierno cubano con respecto a la sociedad civil y sus constantes violaciones de derechos humanos no merece ser premiada con ninguna medida que relaje las actuales restricciones, incluida la eliminación del régimen cubano de la lista de naciones terroristas.

 

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