Cubanos y cubanas, abandonados a su suerte en medio de una trágica crisis sanitaria, están a diario enfermando por miles y muriendo por decenas, mientras el régimen sigue sumando pisos a sus hoteles.

En las últimas semanas miles de cubanos y cubanas han protestado o se han mostrado indignados en redes sociales por el fuerte contraste entre lo que sucede con la construcción de hoteles en Cuba y el estado ruinoso de los hospitales y de la salud pública en general.

 

Si por un lado las obras para el turismo, en su mayoría a cargo del monopolio empresarial militar conocido como GAESA (nacido como una empresa off-shore creada por las Fuerzas Armadas en Panamá durante los años 80), no han sido suspendidas ni por un segundo durante este año y medio de crisis agravada por la COVID-19, y hasta mantienen inalterables sus cronogramas de entrega; por la otra se observa el deficiente e irresponsable manejo de la contingencia sanitaria por la dictadura, a lo que se suma el estado deplorable de la atención médica, en un contexto donde reinan la perpetua falta de medicinas y alimentos junto con el deterioro de la infraestructura hospitalaria y de los servicios asociados.

 

Mientras las dos torres de las calles 1ra y D en el Vedado, con más de 600 habitaciones y un costo total sobre los 80 millones de dólares están casi listas para la inauguración, y se alzan sobre el terreno (ya con varios niveles terminados) los complejos hoteleros de las calles 25 y K, en el Vedado, más los de 3ra y 70 en Miramar (que albergará también una inmobiliaria y un centro comercial que sustituirá el mercado actual en la zona), los hospitales en la Isla colapsan, las poquísimas ambulancias que aún brindan servicio se caen a pedazos y, si aún se pudiera hablar de “atención médica” sería gracias al esfuerzo descomunal del personal de salud y a la ayuda internacional recibida por estos días, como resultado de las campañas e iniciativas individuales para hacer llegar donativos, puesto que el Gobierno, controlado por los militares, continúa resistiéndose a desviar un solo centavo de las inversiones hoteleras a otras cuestiones ajenas a sus planes constructivos.

 

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Contra las denuncias constantes en los medios de prensa independientes y en redes sociales, sobre tan escandalosas desigualdades, los defensores del régimen cubano más activos y agresivos (esos cuyo trabajo remunerado con presupuesto del gobierno no consiste en producir bienes sino en monitorear el ciberespacio, combatir la libertad de expresión y justificar lo injustificable) han esgrimido el argumento de que las inversiones hoteleras no se ejecutan con capital cubano sino con el aportado por los inversionistas extranjeros, algo que está muy lejos de la realidad.

 

No son pocas las personas dentro y fuera de Cuba que se adhieren a ese error ya por mala voluntad o ya por ingenuidad, y lo replican, sin investigar un mínimo en las noticias publicadas incluso por la prensa financiada por el Partido Comunista, donde fácil se puede comprobar el crimen que se está cometiendo ahora mismo en la Isla, a manos de un puñado de militares más preocupados por los turistas que llegarán en el año 2030 que por los cubanos que mueren y morirán de hambre o de COVID-19 ahora en 2021.

 

Sin ir muy lejos en el tiempo, fue en mayo de 2018 que, de acuerdo con lo publicado por la Agencia Cubana de Noticias y replicado en otros medios, la directora de Desarrollo de la inmobiliaria Almest, perteneciente al Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), Daysi Malvares Moret, informó sobre tres proyectos hoteleros de capital netamente cubano.

 

Se refería en aquel momento a los dos inmuebles que por estos días se levantan muy próximos al Acuario Nacional de Cuba, en los terrenos al este de calle 70 entre las avenidas 1ra y 3ra. Igualmente la funcionaria se refirió a la construcción (también con capital cubano) de “un complejo inmobiliario que se extenderá desde calle 68 hacia el oeste de la calle 70”, bordeando el espacio donde se erigiría otro hotel, colindante con el Centro de Negocios de Miramar, y a unos 100 metros del que iba a ser la primera instalación administrada por una empresa estadounidense, en este caso Sheraton.

 

El negocio finalmente no llegó a concretarse por el giro que dieron los acontecimientos respecto al deshielo de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y el régimen cubano. No obstante, el proyecto ha seguido en pie y, de acuerdo con información obtenida de funcionarios de la constructora, Almest no lo ha retirado de sus planes ni ha disminuido el ritmo de ejecución, aun cuando no se han recibido otras propuestas de administración extranjera.

 

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“Hay dinero para hacerlo y lo gastarán pero no en otra cosa que no sea el hotel”, ha comentado al respecto una fuente anónima directamente vinculada a la empresa militar. Y además señaló: “La política de Almest, como la del GAE (GAESA) en general, es no trabajar con capital extranjero. No le hace falta, no le interesa pero tampoco le conviene. Trabaja con los franceses (Bouygues Btiment International) porque es un mal necesario, necesitan de esa fuerza especializada que aquí no existe, pero los hoteles son ciento por ciento de Almest, y parte de ese capital proviene del arrendamiento (de hoteles) a Gaviota, y no solo de eso sino de todas las demás empresas del GAE, que son muchísimas. Todo sale y vuelve a entrar en el mismo saco”.

 

También a mediados de 2018, igual en correspondencia con lo declarado por directivos de Almest a la prensa oficialista, solo en parcelas reservadas por GAESA en los municipios de Plaza de la Revolución, Playa y Habana Vieja, se autorizó un plan de construcción de unas 7 500 nuevas habitaciones hasta el año 2025, todas con capital propio.

 

Entre las obras de ese portafolio en particular sobresale, sin dudas, la edificación de la torre de 42 pisos y 565 habitaciones que, emplazada frente a la heladería Coppelia, será el hotel más alto de La Habana cuando se inaugure a finales de 2022.

 

Con un costo que supera los 100 millones de dólares, algunos lo han considerado innecesario, teniendo en cuenta que el nivel de ocupación hotelera, incluso antes de la llegada de la COVID-19, se mantenía por debajo del 50 por ciento, además que era un proyecto pensado para el boom turístico asociado a la normalización de relaciones con los Estados Unidos, una apuesta que jamás fue.

 

Bajo esos planes, desde 2016 hasta el presente, la planta hotelera en Cuba creció en cerca de 15 000 nuevas habitaciones, de las cuales tan solo unas 8 000 se terminaron entre 2018 y 2020, mientras que para el 2022, aún cuando nadie sabe cómo se comportará el llamado “turismo pospandémico”, se pretende incorporar una cantidad similar, de acuerdo con información dispersa acopiada tanto en la prensa cubana como a través de fuentes del Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR).

 

Entre finales de 2018 y mediados de 2019, atendiendo a reportes del medio oficialista Cubadebate, varios funcionarios del MINTUR, entre ellos José Daniel Alonso, director general de Desarrollo, Negocios e Inversiones del Ministerio de Turismo, se referían al plan de Desarrollo 2018-2030 del MINTUR, en el cual se busca “elevar la cifra de habitaciones en más de 83 000 plazas, mediante la puesta en funcionamiento de 216 nuevas instalaciones de alojamiento, más la ampliación y remodelación de otras 77”, un plan ambicioso que no se limita al segmento hotelero, sino que incluye también el desarrollo inmobiliario relacionado con los campos de golf, parques temáticos, de naturaleza y marinas hasta el punto de superar a todas las naciones de Latinoamérica.

 

En total se habla de unos 332 proyectos de alojamiento que serían ejecutados con dos tercios de capital netamente cubano y solo un tercio con capital foráneo. El Plan del MINTUR, más que ambicioso, tiene un costo que supera los 19 000 millones de dólares, una cantidad muy superior a la destinada a las actividades productivas, de ciencia e innovación tecnológica, y cultura y deportes, en los presupuestos del Estado entre los años 2012 y 2018, según los datos del Anuario Estadístico de Cuba para esos períodos.

 

Involucrados como inversionistas mayoritarios en los planes del MINTUR, Gaviota S.A. y la constructora e inmobiliaria Almest (única propietaria de las instalaciones que construye) están asumiendo unos 121 proyectos con un costo cercano a los 13 000 millones de dólares, elevando así su participación en más del 70 por ciento de los proyectos de inversión para el turismo en la Isla, además de, una vez concluidos los hoteles, superar las capacidades habitacionales de los mercados competidores del área, como República Dominicana y Puerto Rico.

 

En poco menos de 20 años, y coincidiendo con la sustitución de Fidel Castro por su hermano Raúl en 2009, el grupo militar GAESA (al que apenas en los años 90 correspondía un 10 por ciento del mercado con menos de 4 000 habitaciones) se ha transformado en líder indiscutible del sector, con cerca de 100 000 habitaciones, así como en el mayor inversionista, con tanto poder financiero que, a diferencia de las entidades del MINTUR, se permite como norma el no aceptar jamás la participación de capital foráneo en sus planes constructivos.

 

De acuerdo con fuentes consultadas por CubaNet, ya que no existen datos publicados al respecto, solo entre 2018 y 2019, Almest habría destinado por lo menos unos 1 500 millones de dólares para la conclusión de poco más de una decena de proyectos en Varadero, así como en la cayería norte desde Villa Clara a Camagüey.

 

Según los estudiosos de la economía cubana Richard E. Feinberg y Richard  Newfarmer, apenas antes de 2016, Gaviota S.A. obtenía unos 700 millones de dólares al año, de los cuales pagaba unos 80 millones a Almest por la renta de inmuebles. En la actualidad esa cantidad se ha duplicado. Y, teniendo en cuenta el total de los hoteles que renta a otras cadenas, la cifra recibida por Almest es mucho mayor, y poco importa si los hoteles se mantienen vacíos o llenos.

 

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Pero no solo hay suficiente dinero para que GAESA construya hoteles en La Habana y en los polos turísticos tradicionales como Varadero y Cayo Coco, también hay otros proyectos altamente costosos en Santiago de Cuba, donde desde finales de 2018, de acuerdo con los reportes de la prensa oficialista, se construye el primer hotel “inteligente y sostenible” de la región oriental.

 

El propio Raúl Castro ha prometido estar presente en la inauguración, de modo que se apresurarán a terminarlo en breve, no importa si hay turismo o no, aunque sea solo para satisfacer los deseos del dictador nonagenario.

 

El hotel, pensado para un tipo de turista fanático del castrismo y por tanto, de acuerdo con su proyectista principal, “conectado de forma expedita por la Avenida Patria con el cementerio patrimonial Santa Ifigenia” (donde se encuentra el nicho funerario de Fidel Castro), ha sido asumida por la Empresa de Proyectos No.15 (Emproy-15) de Santiago de Cuba, y se anuncia como “la instalación de su tipo más moderna del país”.

 

Con categoría 5 estrellas plus y un costo sobre los 90 millones de dólares, el hotel estará compuesto por 452 habitaciones distribuidas en dos torres, de 15 y 17 niveles respectivamente, y su forma evocará una bandera cubana ondulante de 72 metros de altura.

 

Contará, además, según Cubadebate, con un centro de convenciones, salón de fiestas, cinco restaurantes, bar, cafetería, gimnasio fisioterapéutico, piscinas y “demás elementos de una lujosa instalación” en cuyos ventanales se emplearán vidrios especiales importados que “lejos de elevar la sensación térmica impiden la penetración de rayos solares nocivos al edificio” y crean “una cámara intermedia de ruptura del puente térmico y de la transmisión de calor al interior, a la vez que contienen celdas fotovoltaicas que, a diferencia de los paneles solares tradicionales son transparentes y de la tonalidad deseada”, asegura la misma nota publicada en el citado diario oficialista.

 

Un derroche de “dinero propio” en medio de una tragedia sanitaria. La cruda realidad es que en este preciso instante cubanos y cubanas, abandonados a su suerte, están a diario enfermando por miles y muriendo por decenas, mientras ven frente a ellos cómo hay más de una veintena de edificios creciendo varios metros por horas y tragando toneladas de materiales en su mayoría importados, muchas veces desde Europa y Asia, dos mercados cuya lejanía geográfica ha sido, junto con el embargo de los Estados Unidos, el pretexto más usado por el régimen comunista para justificar un desastre económico y social de más de medio siglo.