Un Senado dividido estudiará en enero un cambio en las normas electorales que persigue unificar las de los 50 Estados. “Hay peligro de que la elección de 2024 no sea justa”, dice un experto

IKER SEISDEDOS

Georgia es famosa por sus melocotones, porque Ray Charles no conseguía quitársela de la cabeza y por las largas colas que se forman en las jornadas electorales en las zonas más pobres y más diversas, que son también las que contribuyeron al triunfo de Joe Biden en noviembre de 2020. Una ley estatal, aprobada en marzo por su Congreso, ilegaliza la distribución de agua o comida entre aquellos que esperan durante varias horas. La norma, impulsada por el gobernador republicano Brian Kemp, que defiende frente a sus críticos que “en realidad refuerza la integridad de las elecciones”, incluye decenas de otros cambios, como plazos más cortos para el sufragio por adelantado, endurecimiento de los requisitos para registrarse o menos horas para depositar la papeleta. Esos cambios, denuncian los activistas por la libertad del voto, están diseñados para privar de sus derechos civiles a las minorías. Minorías que suelen votar demócrata.

 

Georgia se ha convertido en el símbolo de una tendencia: según la entidad no partidista Brennan Center for Justice, referencia en la denuncia de la supresión electoral en Estados Unidos, 19 Estados han promulgado entre el 1 de enero y el 7 de diciembre 34 nuevas legislaciones que restringen el voto.

 

Para frenar una oleada iliberal que la revista The Atlantic considera en su última portada la expresión del “próximo golpe de Estado” de Donald Trump y sus seguidores, una estrategia pensada para alterar en 2024 las elecciones presidenciales, los legisladores demócratas de Washington quieren aprobar a tiempo para las legislativas del próximo otoño la Freedom To Vote Act (Ley de Libertad de Voto), sobre la que el presidente Biden ha advertido a los suyos que “no hay nada nacionalmente más importante” que sacarla adelante.

 

Lo tienen difícil. La votación está prevista para principios de enero en un Senado dividido: 50 contra 50. En realidad, los demócratas necesitan 60 votos, salvo que logren desactivar el filibusterismo, anacronismo de la política estadounidense con efectos más allá de su pintoresca historia: en la práctica, hace necesaria una mayoría parlamentaria de tres quintos para cualquier avance legislativo relevante. Chuck Schummer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, se mostró la semana pasada dispuesto a dejar sin efecto esa dinámica de bloqueo.

 

El senador Joe Manchin (Virginia Occidental), el más republicano de los demócratas, francotirador con fuego amigo del primer año de Biden, explicó en la misma entrevista con Fox News en la que dijo que no secundaría el ambicioso plan de gasto social del presidente (valorado en 2,2 billones de dólares y cuya votación está prevista también para principios de 2022), que no descarta apoyar una reforma del filibusterismo. Manchin también apoya la ley de voto, después de oponerse durante meses. ¿Y la otra senadora demócrata díscola, Kyrsten Sinema (Arizona)? Dice sí a la nueva ley electoral, pero no está por cambiar las normas de votación en la Cámara.

 

Biden, por su parte, declaró este fin de semana en una entrevista en ABC News que ante una ocasión trascendental para salvar su legislatura hará “lo que sea necesario”, incluyendo “una excepción sobre el filibusterismo”.

 

Si Biden logra salirse por una vez con la suya, los 50 Estados estarán obligados, entre otras cosas, a permitir a los ciudadanos votar por 10 o más horas al día, también de noche y en sábado y domingo, durante al menos dos semanas antes de la jornada electoral, que pasará a ser festiva por ley. La norma facilita el registro de los votantes y unifica los requisitos para su identificación y para el sufragio por correo, sistema sobre el que Trump arrojó en 2020 la sombra de la sospecha sin fundamento. También permite votar a quienes hayan cumplido una condena de cárcel, aumenta los controles sobre la procedencia del “dinero oscuro” en la financiación de las campañas y pone coto al gerrymandering, un complejo subterfugio que emplean políticos de ambos signos y permite la alteración de los distritos electorales con fines partidistas. Se bautizó a partir de Elbridge Gerry (1744-1814), quinto vicepresidente de Estados Unidos, que, para favorecer a un amigo, dibujó un distrito del Congreso con forma salamandra (y de ahí la segunda parte del neologismo).

 

“Todas esas reformas son extremadamente necesarias a la luz de los ataques antidemocráticos de los últimos años. Una estrategia que obviamente acentuó el asalto al Capitolio del seis de enero, y la Gran Mentira [del robo electoral] que han estado promoviendo Trump y sus seguidores”, explica Ricardo Ramírez, asesor del Brennan Center. Ramírez dice que en este marco urge también la aprobación de la Ley John Lewis de Derechos Electorales, cuyo debate ha sido torpedeado en varias ocasiones durante 2021 por los republicanos. Para justificar el tercero de esos bloqueos, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, afirmó: “Mientras los demócratas sigan obsesionados con su agenda radical, nosotros seguiremos haciendo el trabajo que nos fue encomendado y cerraremos el camino a sus terribles ideas”.

 

Lewis, activista fallecido el año pasado, fue decisivo en el movimiento por los derechos civiles y empujó por la promulgación de la Ley del Derecho al Voto de 1965, que, según cuenta Ari Berman en su libro (titulado como un famoso discurso de Martin Luther King) Give Us The Ballot. The Modern Struggle for Voting Rights in America (Dennos la papeleta. La lucha moderna por el derecho al voto en Estados Unidos. Picador, 2015), “hizo que el número de votantes negros registrados en los Estados del Sur pasara del 31% al 73%, y que los representantes afroamericanos crecieran en todo el país de 500 a 10.500”.

 

La histórica norma sufrió en 2013 una no menos histórica revisión por parte del Tribunal Supremo. La ley Lewis que ahora está en estudio quiere devolver las cosas a su sitio: considera que las jurisdicciones con un historial de discriminación en el voto deben obtener la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal federal en Washington antes de cambiar sus leyes para votar. Esos organismos velarán por garantizar que esos cambios no acarrean discriminaciones raciales.

 

Richard Hasen, profesor de Derecho y Ciencia Política de la universidad californiana de Irvine, especialista en materia electoral, opina por correo electrónico que “hay dos grandes problemas en la democracia estadounidense en este momento” y que “se superponen en parte”. “Uno es el peligro de la supresión de votantes, lo que dificulta que las personas (especialmente aquellas que probablemente opten por los demócratas) se registren y ejerzan su derecho. La Ley de Libertad de Voto se ocupa de gran parte de esto”, añade. “El otro peligro es el de la subversión electoral e implica que Estados Unidos no pueda celebrar una elección justa en 2024, ni tampoco en sucesivas ocasiones, por el alto riesgo de que los partidarios de Trump intenten alterar los resultados y declarar ganador al perdedor. La Ley de Libertad de Voto trata este tema un poco, pero no lo suficiente”.

 

Hasen describe en un artículo pendiente de publicación en la revista Harvard Law Review Forum las formas que puede adquirir esa subversión. El experto se teme que “los legisladores estatales se erijan en autoridad constitucional y alteren la decisión de los votantes, bendecidas por un Tribunal Supremo súperconservador y con la aquiescencia de un congreso dominado por los republicanos; que los funcionarios electorales infrinjan las normas sobre el escrutinio de los votos y que se produzcan acciones privadas violentas que acaben influyendo en el recuento”.

 

“Irónicamente, el empeño de Trump al afirmar repetida y falsamente que le robaron la votación ha aumentado notablemente la posibilidad de un robo real. Aquellos funcionarios electorales republicanos que se enfrentaron [al magnate] en 2020 y salvaron a Estados Unidos de una posible crisis constitucional y política han sido censurados, apartados y reemplazados por otros que sí creen la Gran Mentira”, añade Hasen.

 

Financiados por donantes poderosos como el fabricante de almohadas y ropa de cama Mike Lindell, quien, según confesión propia, lleva gastados 25 millones de dólares en revisar los resultados que llevaron a Biden a la Casa Blanca, republicanos de todo el país están obligando a nuevos recuentos de votos emitidos hace 13 meses. En Idaho, por ejemplo, acaban de revisar a mano las papeletas de tres condados. Y eso que en ese Estado del Medio Oeste barrió Trump.

 

FUENTE: EL PAÍS INTERNACIONAL