Las condenas, que hemos constatado con familiares de implicados en las protestas del pasado 11 de julio, con los cuales mantenemos contacto permanente, aseguran que en los juicios que se han celebrado los tribunales han emitido condenas que son en sí mismas la demostración irrefutable del talante vengativo del régimen cubano y de su supuesta justicia, y son la manifestación contrastable de la intolerancia y el desprecio por los derechos y las libertades individuales.
Hay en todo este proceso varios colaboradores necesarios entre los cuales destacan un significativo número de jueces y fiscales que, olvidando su obligación de administrar con imparcialidad, decidieron gestionar el odio del régimen a la opinión discrepante. Es de justicia que estos representantes de la legalidad socialista reciban el merecido escarmiento por su prevaricación deliberada.
Es de justicia solicitar para ellos, así como para el fiscal de la república y el ministro de justicia cubanos la aplicación de la Ley Magnitsky y el mecanismo sancionador europeo para violadores de derechos humanos, y es justo denunciarlos ante la opinión pública.
Los juicios, celebrados de manera subrepticia, bajo cobertura policial, sin acceso al público o la prensa, son contra personas que han ejercido derechos universalmente reconocidos y están siendo sancionadas a penas concebidas para los crímenes más atroces. ¿Qué oculta el régimen cuando la presencia se permite solamente a miembros escogidos de las organizaciones de masas? Organizaciones que son, todas ellas, apéndices del estado, aunque se presenten ante el consejo de derechos humanos y otras instituciones fingiéndose organizaciones de la sociedad civil. Mientras que cuando a algunos familiares se les permite asistir a la vista oral, tienen que hacerlo acompañados de policías vestidos de civil, y los juzgados y los accesos son sitiados por personal del Ministerio del Interior y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida.
Abogados de la defensa de diferentes casos relacionados con el 11J refieren anomalías procesales, entre estas la demora intencionada y limitación del acceso a los defendidos, la aplicación arbitraria del código penal, o que civiles juzgados son procesados por la fiscalía militar.
Tal cúmulo de irregularidades y opacidad diseñan un escenario ideal para el ensañamiento y la injusticia, y permite sortear el debido proceso. Un comportamiento que además es habitual en causas judiciales de carácter político.
Ante tanta arbitrariedad es de justicia demandar acciones de condena o al menos de pública preocupación a las instituciones encargadas de la observancia de los Derechos Humanos, entiéndase Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Europea de Derechos Humanos, así como otras instituciones relacionadas directa o tangencialmente con esta actividad y garantes por encargo de los derechos y las libertades del ser humano, especialmente la UNICEF y la OIT.
También las instituciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y todas aquellas con vínculos políticos, culturales, comerciales o de otra índole con el gobierno cubano, deben transmitir la más enérgica condena a la actuación vesánica de este.
Estas instituciones tienen, además de la oportunidad, la obligación de hacer valer el mandato que le ha sido confiado sobre instrumentos creados especialmente para la observancia y custodia de los valores inherentes del ser humano. Permanecer impasibles ante esta transgresión grosera de las normas internacionales es incompatible con sus principios rectores o fundacionales y, como mínimo, desconcertante.
Es insostenible una actitud pasiva ante un régimen de exclusión política tan anacrónico, vergonzoso y despótico.
El gobierno cubano no propone justicia, ofrece venganza y castigo; el sistema legal cubano no brinda equidad, ampara al terror, convida al escarmiento. Lo que está sucediendo en Cuba no es un proceso judicial, es una toma de rehenes, un procedimiento inveterado y recurrente que ofrece al régimen un ingente inventario de víctimas con las cuales distraer y negociar.
Es un deber de los demócratas y defensores de los derechos humanos denunciar este oprobio y exigir justicia, evidenciar la actitud servil y la complicidad de esos profesionales de la justicia cómplices y prevaricadores, y defender firmemente la libertad y los derechos del pueblo cubano.
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