En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba.

El director ejecutivo de esta organización Kenneth Roth dijo en un ensayo que presenta el informe que en el año que acaba de concluir "los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción" y que "la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales".

 

Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana, junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Esuatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como los "gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones “manejadas”.

 

HRW dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que, en otras oportunidades, permitieron que se realizaran actos a su favor; como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba.

 

A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba en el Informe Mundial 2022 de HRW:

 

DOCUMENTO. Cuba en el informe mundial de Human Rights Watch 2022

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.

 

En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.

 

Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración

El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.

 

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.

 

Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.

 

La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.

 

En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 27 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 27 de noviembre.

 

Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.

 

En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.

 

Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.

 

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

 

En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.

 

Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.

 

En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.

 

El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.

 

El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.

 

El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.

 

Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.

 

El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.

 

Presos políticos

Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.

 

Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.

 

Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.

 

En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.

 

El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.

 

Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.