Denuncian al régimen cubano por la
explotación de marinos en cruceros de lujo internacionales
La empresa Selecmar, propiedad del Gobierno cubano, gestiona las contrataciones y se
quedaría con el 80% de su salario base, según un informe de Prisoners Defenders
Este miércoles se ha presentado, arropado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos y varios eurodiputados del grupo Renew Europe, un informe que amplia –y documenta con más de 1.100 testimonios– la denuncia por trata de personas, esclavitud y trabajo forzoso presentada en 2019 por Prisoners Defenders (PD) contra el régimen cubano por la explotación de los trabajadores que participan en las 'Misiones de internacionalización'. «Entre 50.000 y 100.000 trabajadores cubanos en el exterior sufren estas condiciones. Más de 35.000 relacionados con misiones médicas, más de 7.000 relacionados con el servicio de marineros, pero otros muchos miles de civiles empleados en los más diversos sectores (arte, deporte, enseñanza, ingeniería, arquitectura y muchos otros sectores). A todos aplica la misma legislación, y todos sufren condiciones similares», asegura el documento.
Unos abusos que están encabezados por el apropiamiento, por parte del Gobierno cubano, del 80% de su salario, dinero que utiliza para nutrir las arcas del Estado. Esto ha convertido a estas misiones en su mayor fuente de ingresos, por delante del turismo. Según datos de 2018, el Estado cubano habría ingresado casi 8.500 millones de dólares por el pago de los servicios que ofrecen estas misiones en decenas de países. Unos servicios que se han multiplicado debido a la pandemia del Covid-19.
A la precariedad económica que sufren estos profesionales, se suman las condiciones de trabajo en que desarrollan sus servicios, como las restricciones de movilidad y en sus relaciones sociales, manipulación de datos (en el caso de los médicos), u la obligación de hacer proselitismo ideológico en el país en el que trabajan. Todo esto ha empujado a muchos de ellos a abandonar las misiones, a pesar del calvario que supone tomar esta decisión, pues supone el exilio forzoso –durante 8 años no pueden volver a isla, si lo hacen son encarcelados–; la pérdida de residencia y de sus propiedades (al estar más de dos años fuera de Cuba), así como de sus títulos de formación, lo que les convierte casi en apátridas y les imposibilita continuar con sus profesiones en otros países.
El informe, realizado por Prisoners Defenders (PD), supone la segunda ampliación de la denuncia realizada en 2019 por esta misma ONG española. Remitida entonces a la Corte Penal Internacional y a la ONU, en ella se denunciaba tanto a Raúl Castro como al presidente Miguel Díaz-Canel, así como a otros miembros del régimen, por los abusos cometidos contra los profesionales de las misiones internacionales. Meses después, tras analizar toda la documentación, que incluía cientos de testimonios, la relatoría especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la relatoría especial sobre la trata de personas de la ONU c alificaron de «trabajo forzoso» las condiciones en las que laboraban esos profesionales. Denuncia de la que también se ha hecho eco, meses después, la Unión Europea a través de dos resoluciones; y a la que también se han sumado ONG como Human Rights Watch.
La nueva denuncia, contra los mismos nombres que las anteriores y remitida también a la ONU y la CPI; ha sido promovida por el disidente José Daniel Ferrer, en prisión desde el pasado 11 de julio, y la ONG Unpacu (Unión Patriótica de Cuba), de la que s coordinador; la argentina Cadal (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina); Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders; y Sebastián Rivero Silva. El informe incluye más de un millar de testimonios (suma los de las dos anteriores denuncias) y documenta la involucración en la explotación de estos trabajadores en más países, «hasta un total de 47». También incorpora otros sectores de profesionales afectados por estos abusos. «Cualitativamente, aportamos nueva documentación y ejes de explotación laboral que alcanzan a todas las profesiones que uno pueda pensar, como los marinos», explica a ABC Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Si bien algunas de estas denominadas misiones se amparan en Convenios internacionales, según la denuncia ahora presentada, otros muchos miles de trabajadores no, «como la venta de camareros para cruceros de lujo donde Cuba extrae el 80% del salario base de los trabajadores empleados en terceras empresas, pero Cuba las sigue denominando internamente “misión”». Y como tal las trata, pues quien abandona su servicio en el barco, cumple el mismo castigo: el exilio forzoso.
Si bien la explotación de médicos en las misiones internacionales es la más conocida tras la denuncia realizada por el presidente Jair Bolsonaro, la de profesionales del mar no es nueva, aunque es ha escrito mucho menos de ellos. El medio independiente cubano ‘14ymedio’ ya se hizo eco de ella en una información publicada en 2018, señalando que los profesionales de la Salud no fueron los primeros en padecer un régimen de esclavitud organizado por el propio Gobierno cubano. «Mucho antes y sin el ruido mediático provocado por la polémica salida de Brasil de 'Mais Médicos', los marinos han sido víctimas invisibles de los mismos abusos de parte del Estado», escribió Miriam Celaya, que recogió el testimonio de un ingeniero mecánico que durante años trabajó como maquinista en la flota mercante de la Empresa de Navegación Mambisa, la gran naviera cubana creada por Fidel Castro para transportar mercancías. Las «remesas familiares» y otros descuentos reflejados en la documentación de este marino constituían el 80% del salario mensual que pagaba la compañía extranjera al trabajador. Pero los marinos mercantes no son los únicos que han sufrido esta explotación. También aquellos que trabajan en barcos de recreo por todo el mundo, según documenta PD.
Cuba, país de tradición marinera, formó una inmensa plantilla de marinos que durante décadas trabajaron para las empresas estatales cubanas y algunas extranjeras, que pagaban los salarios al régimen. Con la desaparición de la URSS y de sus subvenciones, muchos astilleros cubanos fueron a la quiebra, y había por tanto que colocar a esa inmensa mano de obra ahora varada. Para ello se crearon varias empresas que funcionan como agencias de contratación. Una de ellas es Selecmar, que se ocupa de formar y reclutar profesionales para luego colocarlos en grandes empresas navieras. Una de ellas es MSC Cruceros, una filial de MSC Group, con sede en Ginebra, que cuenta con la mayor compañía del mundo en transporte de mercancías y una de las más importantes en el sector de los cruceros de lujo.
Selecmar, fundada en 1995 por el Estado cubano, está especializada en la «selección, entrenamiento y contratación de personal calificado» relacionado con los servicios a bordo de cruceros, ferries y otros buques de pasaje; así como «en la contratación de oficiales de cubierta y máquina y personal subalterno para todo tipo de buque mercante», según explica en su página web. En el mismo texto, la compañía asegura respetar «los acuerdos sindicales de nuestros clientes en cuanto al ámbito salarial, condiciones de trabajo y tráfico que realiza el buque, tipo de buque y otros». Y agrega que «los niveles básicos para conformar nuestra tabla de salarios son los establecidos por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)». Lo que no explica es cómo reparte ese salario.
Según los datos recabados para este informe, Selecmar se quedaría con el 80% del salario base con el que debe ser compensado el marino por la compañía de cruceros. Según uno de los contratos de MSC que aporta PD, del salario base de 408 dólares la agencia de empleo (Selecmar) se queda con 326,40 dólares, por lo que la partida del trabajador se reduce a 81,6 dólares. A esta cantidad, se suman las aportaciones (a las que ya no tiene acceso la empresa cubana) por las horas extras y fines de semana trabajados. El total del salario que debería recibir el marino de este contrato asciende a 870 dólares, cantidad de la que realmente recibe 550 dólares. Según uno de los marinos consultados por ABC, esta cifra puede aumentar si se suman «las propinas», así como cobrar por actividades extra, «como realizar tareas de limpieza para otros empleados...». Trabajos que amplían su jornada laboral, ya extensa, para poder ganar «un poco más de dinero», explica Antonio (nombre ficticio por motivos de seguridad),
Estos 870 dólares se ajustan aproximadamente al salario mínimo de Malta (785 euros), país –y paraíso fiscal para muchos empresarios–en el que está inscrito MSC Malta Seafarers Company Limited, que aparece como contratante. Dicha compañía contaría en su tripulación, según el testimonio de otro exmarino con el que ha podido hablar ABC, con decenas de cubanos debido a «un acuerdo» entre Cuba y la empresa. «Para que los barcos de MSC puedan atracar en la isla, la empresa debe emplear un porcentaje determinado de cubanos», asegura. Así, en algunos de sus barcos, la cifra llegaría al centenar de marinos de esa nacionalidad, realizando distintas funciones. «Los cubanos y los brasileños hacen las peores tareas», asegura Rubén (nombre ficticio). Otra de las razones para reclutar cubanos parece clara para él: «Nos pagan menos que a otros trabajadores».
Los salarios que baraja la denuncia de PD están muy alejados de los sueldos que abonan otras compañías de cruceros internacionales. Mientras un ingeniero puede cobrar entre 2.500 y 4.500 euros, el salario de camareros, cocineros y chefs oscila entre los 1.400 y 2.500 euros, según la información publicada por la periodista Carolina Ferreiro en 2018, a partir de las ofertas de empleo publicadas en este sector. La horquilla salarial para animadores se situaría de entre 1.300 y 1.800 euros, y bajaría en la de trabajadores de la limpieza, que recibirían, en condiciones normales, entre 1.200 y 1.900 euros.
La propia MSC, en un anuncio para reclutar trabajadores para sus cruceros en EE.UU., ofrece un salario que se sitúa entre los 4.000 y 5.000 dólares.
Tanto Antonio como Rubén creen que MSC es consciente del abuso salarial del régimen con sus trabajadores, «y por eso nos da otros estipendios». Sin embargo, Larrondo se muestra más cauto: «Todo apunta a ello, pero la empresa MSC tiene que ser la que aclare la situación. Hay mucha documentación, alguna pública y otra que sólo hemos entregado a las cortes donde se ha denunciado esta situación. La explicación que se ofrezca por parte de MSC debe alejarse de la retórica, pues hay mucha documentación entregada por los afectados en las cortes y organismos donde se ha presentado la denuncia», señala.
Respecto a cuántos cubanos habrían sido contratados en cruceros bajo estas mismas condiciones, es difícil concretar la cifra, pero es una práctica que lleva años realizándose. La propia empresa Selecmar al denunciar el bloqueo de EE.UU., que prohíbe -según ellos- a los barcos de mercancias o cruceros que atracan en sus costas que lleven tripulación cubana, perfilaba algunas cifras el pasado verano. Según su director, Rafael Peraza, el bloqueo había provocado a la empresa pérdidas superiores a los once millones de dólares entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. «Nuestro país tiene una tradición marinera muy grande. Si no existiera el bloqueo, hasta unos 3.500 marineros de este país pudieran ser contratados por navieras de Estados Unidos y otros lugares del mundo, lo que duplicaría la actual cifra», recogió la agencia estatal china de noticias Xinhua.
Además del económico, otro abuso que discrimina a los marinos cubanos respecto a sus compañeros de trabajo, por imposición del régimen, es la libertad de movimientos cuando el barco atraca en algún puerto. Tanto Antonio como Ruben, que se embarcaron en Italia, coinciden al afirmar que en el momento de subir al barco «te retiran el pasaporte, y para bajar en las paradas nos dan una tarjeta de la compañía». El motivo: evitar que abandonen la misión y el país. Este control se intensificó, recuerda Rubén, cuando «un grupo de ciudadanos cubanos compraron un pasaje en Cuba, bajaron al llegar a México y no volvieron a subir», explican.
Este control no ha impedido, sin embargo, que se produzcan «deserciones», como las califica el régimen cubano, por parte de los trabajadores cubanos. Algunos las abandonan porque no soportan las condiciones de trabajo; otros porque al salir de la isla y trabajar durante meses abordo de estos barcos, desembarcando en puertos de Italia, Francia o España, «ves las diferentes libertades que tienen», señala Rubén, que confiesa que durante años ha vivido en Cuba una realidad distorsionada por su familia «para protegerme». Desde el exilio, ha visto ahora la represión que el régimen ha ejercido contra aquellos que se manifestaron pacíficamente el pasado 11 de julio, por lo que no tiene muchas ganas de volver.
Al igual que cientos de trabajadores de las misiones misiones, que un día decidieron abandonarlas por los abusos, Antonio y Ruben viven actualmente en el exilio, en países europeos, en un limbo legal al no haber podido obtener asilo debido a las gestiones del Gobierno cubano para que no puedan comenzar una nueva vida, de manera legal, en otro país.
Entre la nueva documentación aportada en esta última denuncia, Larrondo destacan cuatro certificados consulares «con validez legal internacional ejecutiva en los que el Gobierno de Cuba declara la barbarie, con todo detalle, a la que somete a los trabajadores civiles cubanos en el exterior, y la terrible persecución a la que les somete cuando dejan el trabajo», señala. El presidente de PD se refiere a la prohibición, por ley, de volver a Cuba por considerarles desertores. Lo que impide que puedan ver a su familia durante ocho años. A esto se suma, que al declararlos desertores «les confisca todas sus propiedades al declararlos “emigrados”, un eufemismo que significa “cubanos sin derechos ni propiedades”. Es decir, si no aceptan la esclavitud, como dijo Fidel Castro: “¡No los queremos!, ¡no los necesitamos!”», señala Larrondo.
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