Esclavitud y venta de sangre para financiar el régimen cubano
Desde brigadas médicas y de marinos a la venta de sangre, el castrismo ha comerciado durante décadas con el trabajo y la vida de los cubanos para nutrir las arcas del Estado. El Gobierno cubano habría ingresado casi 800 millones de dólares por la venta de sangre entre 1995 y 2019.
El régimen castrista ha ideado durante décadas numerosos mecanismos –muchos de ellos perversos– para financiar su economía. Una economía dependiente desde la misma llegada de Fidel Castro al poder en enero de 1959, tras el embargo impuesto por EE.UU. (en 1959, el 73 por ciento de las exportaciones se hacían a los Estados Unidos y el 70 por ciento de las importaciones procedían de ese territorio). Tras el triunfo de la revolución, Cuba se alimentó de las subvenciones que recibía de la Unión Soviética y a través del Comecon (organización de cooperación económica de partidos socialistas), hasta la desaparición de ambos. Esto desencadenó, en 1991, el establecimiento por parte del régimen del ‘Periodo especial en tiempos de Paz’, una de las épocas más negras que recuerdan los cubanos. En pocos meses, la isla perdía el 85 por ciento de su comercio exterior y el PIB se contraía en un 35 por ciento.
Esto llevó al Gobierno cubano a intensificar el comercio de exterior de algunos de sus productos estrella, como la venta de sangre y derivados de esta, sin el conocimiento de los donantes cubanos. A esto se sumó años más tarde la venta a otros países de los servicios prestados por trabajadores profesionales, como médicos, ingenieros, educadores, marinos o deportistas, de cuyos salarios –realizados directamente entre gobiernos– el régimen se queda con entre el 70 y 80 por ciento. Una comercio que fue bautizado con el eufemismo de ‘Misiones de internacionalización’.
En los últimos años, la ONG Archivo Cuba ha sido quien ha dado la voz de alarma sobre el comercio de Estado con la sangre de los cubanos –una actividad menos conocida que las misiones–. Su directora, María Werlau, reconoce, en conversación telefónica con ABC, que se enteró de este comercio en 2013, «a través de un periodista que me llamó para decirme que la primera exportación de Cuba a Uruguay era sangre. Es ahí donde empecé a indagar sobre este tema». A pesar de la opacidad del régimen cubano, Werlau ha seguido investigando y recabando datos gracias «a las estadísticas internacionales de material humano» de los propios países que adquieren esta sangre. Su trabajo ha alumbrado varios informes de los que se ha hecho eco la prensa independiente cubana y algunos medios internacionales. Pero no se ha detenido ahí. En la actualidad, la investigadora trabaja en un libro sobre este comercio exterior, que verá la luz los próximos meses. En él aborda y documenta temas como las exportaciones de sangre y sus derivados, de tejidos, glándulas y órganos humanos; el turismo sanitario y de trasplantes; así como el mercado de la biotecnología en Cuba, sector importantísimo para el régimen.
La primera venta de sangre documentada por Archivo de Cuba tuvo lugar en 1964, según el Anuario del Comercio Exterior Cubano que señala como destinatario a Canadá. Un comercio que ha seguido hasta nuestros días y que ha logrado un volumen de ingresos importante para las arcas del Estado cubano. Según la ONG, entre 1995 y 2019, el régimen habría recibido casi 800 millones de dólares por la venta de sangre. Según sus datos, el mejor año habría sido 2011, en que el estado ingresó casi 63 millones dólares; mientras que los peores fueron 2008, con 14 millones de dólares; y 2019, con 16 millones de dólares. Entre los países con un volumen de compra mayor destacan sus aliados, como Rusia, Irán, Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Estos últimos con mejores cifras en los años de los gobiernos de Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa.
Todas estas ventas se habrían producido sin el conocimiento de los cubanos, alentados por el régimen a realizar donaciones altruístas, bien para salvar vidas en la isla así como para ofrecerla en casos de desastres humanitarios en otros países, silenciando siempre el objetivo comercial. El propio Fidel Castro participó en campañas propagandísticas –existe una foto del comandante donando sangre con motivo del terremoto que sufrió Perú en 1970– para que la población acudiera en masa a los centros de extracción. A cambio, los donantes recibían un diploma, un refresco o un bocadillo.
«He revisado muchas publicaciones médicas cubanas, y en ellas se habla de manera velada del uso de la sangre para la producción de medicamentos, pero no dicen que es para sostener un negocio de exportación. Maquillan la situación», afirma Werlau. Los cubanos acuden a donar sangre «por las campañas que se dirigen desde los centros de trabajo y los CDR (Comités de Defensa de la Revolución)». Otro sector de la población que participa de estas extracciones es el de los cubanos que realizan el servicio militar. «Es prácticamente obligatorio para ellos». También lo es para los presos. «Cuando tienen (el régimen) una necesidad imperiosa mandan unos autobuses para recolectar sangre en las prisiones», señala.
Esta última práctica se ha dado también en otros países de la órbita comunista, como la República Democrática Alemana (RDA), que durante años obligó a sus reclusos a donar sangre para vendérsela a la vecina República Federal Alemana (RFA) con el objetivo de ingresar divisas, según desveló el programa de investigación ‘Report Mainz’ en 2014.
También están obligados a donar sangre en Cuba todos aquellos que se someten a una operación quirúrgica en la isla. «El régimen hace grandes campañas para extraer sangre en los centros de trabajo, en las universidades, en los barrios... Eso forma parte de vivir en Cuba», asegura Werlau, aunque reconoce que el ciudadano cubano de a pie se puede negar. «El sistema de donaciones en cierto modo es coercitivo, pero también es una gran campaña de propaganda».
En Cuba, el 49 por ciento de su población dona sangre de manera voluntaria, al menos así lo reflejaba el año pasado la Agencia Cubana de Noticias en una información con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. Una fecha en la que, año tras año, el presidente Miguel Díaz-Canel no falta a su cita para felicitar a los donantes a través de su cuenta de Twitter. «El reconocimiento a los cubanos donantes de sangre por su compromiso humano, altruismo y aporte». Un reconocimiento muy sincero si se tiene en cuenta que los beneficios de este comercio de Estado revierte en las arcas del Estado.
La investigadora atribuye la reducción de venta de sangre en 2019 a una combinación de factores:«Crisis económica acumulativa, mayor deterioro de las instalaciones médicas, menos ‘regalos’ para premiar a los que ganan los concursos de donación, comida cada vez más pobre para los que donan sangre, pérdida creciente de la legitimidad del régimen y de entidades como los CDR». También confía en que la visibilidad que ella ha dado durante los últimos años a este comercio de ‘oro rojo’ «puede haber calado, tal vez por lo aberrante que es».
Otra fuente de ingresos para el régimen cubano es la venta de servicios de trabajadores profesionales a otros países a través de las ‘Misiones de internacionalización’, que se han convertido en su principal fuente de financiación (en 2018 el régimen ingresó casi 8.500 millones de dólares), junto con las remesas (alrededor de 6.000 millones de dólares en 2019, que cayó a la mitad en 2020). Un comercio de Estado que diversas ONG y organismos internacionales –como la ONU y la UE– han calificado como «trabajo forzoso», esclavitud moderna y trata de personas. Esta misma semana, la ONG Prisoners Defenders presentaba una nueva denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional ampliando la presentada en 2019, con más testimonios de médicos y añadiendo otro sector afectado, la de los marinos que son explotados en los barcos mercantes y en los cruceros de lujo.
«La misiones son un instrumento del gobierno cubano para obtener ingresos en divisas para las arcas del Estado», explica a ABC el economista cubano, exiliado en España, Elías Amor. «Como consecuencia del modelo que se adoptó con la URSS en los años 60, convirtió la economía cubana en una economía dependiente del exterior, de los subsidios de la URSS». Unos subsidios sin los que «no podía funcionar», pues el gobierno cubano destinaba ese dinero «a cosas que muchas veces estaban en contra de la nacionalidad económica y del desarrollo y la prosperidad de los cubanos», subraya. Esas ‘cosas’ eran, según el economista, «meterse en guerrillas o apoyar movimientos revolucionarios en América Latina». Cuando eso se acaba, con la caída del Muro de Berlín, el régimen se da cuenta de que ha perdido «el móvil de sostenimiento a largo plazo e intenta identificar otros procedimientos».
El origen de las misiones médicas se remonta a la década de los años 80, cuando tuvo lugar la creación de las brigadas, en 1984, por iniciativa de Fidel Castro para llevar la atención sanitaria a todo el país. Esto se tradujo en la multiplicación de centros y la intensificación en la formación de profesionales. Sin embargo, la llegada del ‘Periodo especial’ provocó una implosión que llevó a la reducción de las infraestructuras y la necesidad de buscar una salida a esa ingente cantidad de médicos.
Con el ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1999, también llegó la internacionalización de las misiones. «Esas misiones tienen su origen en la aparición de Venezuela como financiador de Cuba. Caracas le daba a La Habana petróleo muy barato, y Cuba suministraba esas misiones de asesores, educadores, miembros de la Seguridad del Estado, del espionaje..., que sostenían al régimen de Chávez, que era quien beneficiaba después a Fidel Castro». Lo hacía a través de la entrega de petróleo, que luego Cuba transformaba en las refinerías en derivados de petróleo –gasolina, diésel– que vendía a pequeños países del Caribe, «como si fuera una maquina venezolana, logrando vender así más productos a pesar de las imposiciones de EE.UU. ».
Este modelo de negocio entraría en crisis en 2016, cuando Venezuela disminuye drásticamente los envíos de crudo a Cuba; mientras, esta sigue suministrado personal profesional. Esta disminución de envíos de petróleo provoca, según el analista, que en 2019 se produzca una gran recesión económica en la isla. «Entonces ponen en marcha el modelo de facturación: vender los servicios a los países a los que enviaba esos médicos». Unos servicios por los que el régimen cobra de los gobiernos grandes cantidades de dinero, de las que el trabajador solo recibe un porcentaje que oscila entre el 15 y el 20 por ciento. A esta explotación salarial, se suman las restricciones de movilidad en el país en el que trabajan, la hipervigilancia y las amenazas. Quienes deciden abandonar estas misiones son castigados con la cárcel u ocho años de exilio.
Tras el revés que supuso para el régimen la denuncia pública, en 2018, de Jair Bolsonaro por la explotación de los médicos en Brasil, país en el que en tiempos de Lula da Silva las misiones laboraban a sus anchas; la llegada de la pandemia supuso un impulso para el negocio cubano. Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, a fecha de octubre de 2021, unas 57 brigadas habrían viajado a 41 países para luchar contra el Covid-19.
Los presos políticos, drenados antes de su fusilamiento
En abril de 1967, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertó en un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba por parte del régimen cubano. Para entonces, Fidel Castro llevaba apenas ocho años en el poder. Entre la serie de abusos que detalla, señala el de «extracción de sangre a condenados a muerte». La denuncia se refiere a un acontecimiento concreto sucedido el 27 de mayo de 1966, cuando 166 cubanos, civiles y militares, fueron ejecutados mediante «fusilamientos o tiros de gracia» a lo largo de todo el día. Antes de enfrentarse al paredón, los ajusticiados «fueron previamente sometidos al procedimiento de extracción de sangre con fines ilícitos, masivos, para nutrir el Banco de Sangre, con el cual el régimen negocia escandalosamente», señala la denuncia.
Según el documento, la sangre obtenida habría sido vendida después «al Vietnam comunista a razón de 50 dólares por pinta (equivalente a medio litro de sangre) con el objetivo de proveerse de divisas-dólares y contribuir al esfuerzo de la agresión comunista del Vietcong».
La obligación de donar sangre también se extendía a los familiares de los presos si querían «disfrutar» del derecho de visita. En caso de negarse a hacerlo, no se les permitía el acceso. Según el informe del CIDH, para estas «donaciones forzosas» de sangre el gobierno utilizaba los bancos locales de sangre.
Tras el escándalo que supuso la publicación del informe, el régimen dejó de realizar esta práctica, que se venía desarrollando desde el triunfo de la revolución, y que el propio Fidel Castro defendió públicamente en 1961. «Los contrarrevolucionarios no deben creer que muriendo infame ante el paredón ya no le serán útiles a la Revolución Cubana. La sangre de los traidores se extrae antes de la ejecución para salvar la vida de muchos milicianos dispuestos a morir por la patria». Esta cita la recoge un informe de Archivo de Cuba, que hasta mayo de 2021, había logrado poner rostro y nombre a 31 casos de extracción de sangre forzada en presos políticos, entre 1960 y 1964. La misma ONG ha registrado entre los años 1960 y 1967 un total de 1.856 fusilamientos.
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