IKER SEISDEDOS
Clevelandgrado no suena tan bien como Londongrado, pero hasta la ciudad de Ohio también llegan, como a la capital británica, los tentáculos del dinero de la cleptocracia nacida de las ruinas de la Unión Soviética. Los oligarcas cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin, tienen en Estados Unidos, además de jets privados en California, superyates en Florida o mansiones de lujo en Aspen o Nueva York, negocios inmobiliarios y fábricas metalúrgicas en insospechados rincones del Medio Oeste. Rincones como Cleveland.
Todos esos bienes están en el punto de mira de las sanciones impuestas desde hace un mes por Estados Unidos y sus aliados como respuesta a la invasión de Ucrania. Y no es una lista cerrada. Biden la amplió sensiblemente este jueves, durante su visita a Bruselas, hasta abarcar a 400 políticos, empresas y plutócratas rusos.
Los oligarcas incluidos en esa nómina se movían hasta ahora inadvertidamente en el sistema estadounidense, basado en dar la bienvenida a la riqueza, lícita o ilícita, sin hacer demasiadas preguntas. Ni la guerra del Donbás ni la anexión de Crimea en 2014, ni siquiera las injerencias de Moscú en las elecciones de 2016 que acabaron con Donald Trump en la Casa Blanca, habían convencido a Washington de hacer mucho al respecto. Esta vez es distinto, aunque los obstáculos para que las sanciones sean efectivas no han cambiado.
Así lo explica el periodista de investigación Casey Michel, autor del libro American Kleptocracy (St. Martin’s Press). Lleva por subtítulo Cómo Estados Unidos creó el mayor sistema de lavado de dinero de la historia. Lo publicó en noviembre, y la guerra lo ha convertido inesperadamente en el manual de uso de una impunidad que no es precisamente nueva: ya en 1999, en cuya Nochevieja Putin tomó las riendas del Kremlin, Richard Palmer, que había sido agente de la CIA en Moscú, advirtió al Congreso de que cleptócratas y antiguos miembros del KGB estaban inundado de dinero negro Estados Unidos.
Michel aplaude las sanciones, “fantásticas en sí mismas, mucho más osadas de lo que cabría esperar (y sobre todo, de lo que esperaba Putin), pero también insuficientes”. “Si no se acompañan de reformas que refuercen la transparencia y sirvan para combatir el lavado de dinero, les será muy fácil sortearlas. Es urgente abolir las normas que permiten el anonimato de las empresas pantalla y de los fideicomisos en Estados Unidos”, opina.
Un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, que lleva trabajando durante meses en ese programa de castigos y que pidió mantenerse en el anonimato, reconoció la semana pasada a EL PAÍS el problema. “El atosigamiento a los oligarcas es una de las patas más importantes de la respuesta de Estados Unidos a la agresión de Rusia, injustificada y no provocada, y habrá más, sin duda, sobre las que no puedo dar detalles, porque eso permitiría a los sancionados mover sus activos antes de que los congelemos. Pero no se trata solo de añadir nombres a la lista, sino de ver la manera de llegar hasta sus posesiones y negocios, que normalmente están ocultos bajo varias capas de firmas anónimas”, explicó.
También recordó que el Congreso aprobó en 2020 una ley, aún pendiente de aplicación, que obliga a identificar ante el Gobierno a estos intermediarios, que se benefician de normativas especialmente laxas en lugares como el pequeño Estado de Delaware, hogar del presidente Joe Biden, que, en la práctica, es un paraíso fiscal con un millón de habitantes que alberga 1,5 millones de empresas, como recuerda Michel, que añade que su capital, Wilmington, es la “meca mundial de las empresas pantalla”. En proceso está también una iniciativa llamada Enablers Act (algo así como la ley de los conseguidores) que hace extensiva esa obligación a abogados, asesores de inversiones, contables, marchantes de arte o relaciones públicas en contacto con dinero sucio.
El Departamento de Justicia creó, además, a principios de mes un grupo de trabajo llamado KleptoCapture para perseguir a los “corruptos oligarcas rusos”, según los definió el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Y la semana pasada, los departamentos del Tesoro y de Justicia también firmaron un acuerdo para coordinar los esfuerzos de los miembros del G-7. El alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional puso como ejemplo el caso de España (que no es miembro del club), donde “se han incautado tres superyates”, antes de añadir que Estados Unidos ha creado algo que llamó el Equipo Zillow (por el portal inmobiliario más famoso del país, similar a Idealista), pensado para localizar y actuar sobre las mansiones de los oligarcas cercanos al Kremlin.
Tiene sentido: el espectro de los negocios de los amigos de Putin en Estados Unidos es amplio, pero ha mostrado querencia por los bienes raíces: entre 2015 y 2020, se calcula que lavaron en Estados Unidos unos 2.300 millones de dólares [unos 2.094 millones de euros] a través de los negocios inmobiliarios, según un informe de la organización Global Financial Integrity, que, con base en Washington, se dedica a la investigación de los flujos de dinero ilícito.
Esos bienes tangibles son también los más fáciles de identificar. Y por eso están corriendo algunos de los oligarcas en el punto de mira a deshacerse de ellos antes de su congelación; el Financial Times informaba esta semana de movimientos a la desesperada en Nueva York para vender a toda prisa propiedades de alto standing. Más difícil resulta echarle el lazo a las inversiones en fondos de capital privado, de capital de riesgo y los hedge funds. La ley estadounidense no exige a esas firmas verificar la identidad de los inversores, ni tampoco ponerse exquisitas con la procedencia de ese dinero, algo a lo que sí están obligados los bancos por una norma contra el blanqueo de dinero de los años setenta.
Una de esas empresas es Concord. Fundada en 1999 y con sede en Tarrytown, en el Estado de Nueva York, a esta consultora no le gusta la publicidad, así que carece de página web. Como otras de su naturaleza, está cortando lazos con los oligarcas rusos a marchas forzadas durante estas semanas. Lo mismo puede decirse de los abogados que los representan y las firmas que operan en Washington para presionar a los legisladores. Es lo que en la ciudad se conoce como la “gente de la Calle K”, pero la definición obedece más a un estado mental que a una dirección postal: en esa arteria de la capital federal tenían su sede la mayoría de ellas hace décadas, pero hoy apenas queda rastro. Según datos recopilados por OpenSecrets, organización centinela de la relación entre política y dinero en Estados Unidos, los oligarcas rusos gastaron unos 500 millones de dólares en ese tipo de influencia, completamente legal, desde 2014, cuando llegaron las primeras sanciones por la anexión de Crimea.
Es común, además, que esas empresas abran sus puertas giratorias a los congresistas cuando estos se retiran. Una de las más conocidas se llama Mercury, que representaba al Sovcombank, banco que fue incluido en la primera ronda de castigos y salió de nuevo en la última: el jueves, 17 miembros de su junta directiva fueron señalados por Estados Unidos.
De Mercury es socio David Vitter, que fue senador republicano por Luisiana entre 2005 y 2017. En febrero, Vitter aún abogaba por su cliente, Sovcombank. Escribió a miembros del Capitolio para evitar el castigo a una institución financiera “con fuertes lazos con Estados Unidos y con Occidente”. El 3 de marzo, Biden anunció que congelaba los activos del banco en Estados Unidos y que prohibía a sus ciudadanos operar con él. En vista de eso, Mercury ha suspendido su relación con el banco ruso. Simplemente, no podían seguir haciendo negocios juntos.
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