La represión del colectivo LGTBI alcanzará una nueva escala en Rusia a partir de otoño, cuando se aprueben nuevas normas para relegar al colectivo al ostracismo. La Duma Estatal, la Cámara baja rusa, ha anunciado este lunes que cambiará una legislación que ya era antes muy estricta para prohibir así la difusión de demostraciones públicas de afecto entre estas personas y las manifestaciones por cualquier medio de apoyo a sus derechos.
La llamada Ley contra la propaganda homosexual fue aprobada en 2013 para prohibir que se hablase del colectivo delante de menores, ya sea desde escenas de películas a meras conversaciones. “Solo se aplicaba a niños. Por supuesto, esto no es suficiente”, ha subrayado en Telegram el jefe del comité para la Política Informativa de la Duma, Alexandr Jinshtein.
En la reforma legal ya trabajan el Ministerio de Desarrollo Digital y el organismo censor de las telecomunicaciones, Roskomnadzor. “En general proponemos extender la prohibición de dicha propaganda a todas las edades, en medios de comunicación, fuera y dentro de internet, y en redes sociales, y establecer una sanción administrativa por esta propaganda”, ha escrito Jinshtein, quien ha vinculado con esta ley contra los homosexuales otra enmienda que castigará más duramente “la promoción de la pedofilia”.
“También se prohibirá la difusión entre los niños no solo de la propaganda, sino de cualquier otro tipo de información que demuestre relaciones sexuales no tradicionales” y lo que denomina “perversiones”, ha agregado el alto cargo, quien ha abierto una encuesta para pedir más recomendaciones a los ciudadanos con las que perseguir al colectivo: “Considero esta tarea extremadamente importante; no solo como presidente de un comité relevante de la Duma Estatal, sino también como padre de dos hijos”.
La Fundación Esfera, una ONG que agrupa la red de asociaciones LGTBI en Rusia, ha señalado en su página web que la reforma podría implicar multas de hasta 500.000 rublos (8.000 euros) para individuos, o 10 millones para entidades legales (160.000 euros), cuya actividad podría ser suspendida.
La redacción de la nueva ley por varios organismos gubernamentales contrasta con la “inocente” introducción del debate por Telegram que hizo el portavoz de la Cámara baja, Viacheslav Volodin, el pasado 8 de julio, jornada de un nuevo festivo oficial: el Día de la familia, el amor y la fidelidad.
“Con la salida [de Rusia] del Consejo de Europa, las exigencias para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo se han convertido en cosa del pasado. Los intentos de imponer valores ajenos a nuestra sociedad han fracasado”, escribió Volodin en su perfil personal con motivo del nuevo festivo instaurado por Putin, divorciado en 2013.
La reforma legal contra la minoría LGTBI también ha sido respaldada con entusiasmo por la Iglesia ortodoxa rusa. “Es precisamente hoy, cuando nuestra juventud está sujeta a una constante manipulación de su conciencia por parte del colectivo occidental, que es necesario introducir por ley una prohibición estricta y unas sanciones apropiadas contra quienes propagan perversiones no solo entre menores, sino también entre un público adulto”, dijo a la agencia de noticias TASS el jefe de la comisión patriarcal para los Asuntos de la familia, Fyodor Lukyanov.
Las medidas emprendidas contra el colectivo LGTBI se han ido sumando una tras otra a lo largo de los años con el silencio de la sociedad rusa. La reforma constitucional hecha por el Kremlin en julio de 2020 blindaba el matrimonio y lo limitaba al heterosexual al introducir en la Carta Magna que éste es exclusivamente “la unión de un hombre y una mujer”.
Por su parte, el presidente ruso advirtió en diciembre del pasado año de que su país necesitaba un “antídoto” contra los principios occidentales “no tradicionales”. “No podemos evitar esto. Solo tenemos que encontrar un antídoto eficaz. Si alguien piensa que una mujer y un hombre son lo mismo, pues por el amor de Dios, algo de sentido común”, dijo el mandatario en su rueda de prensa anual, donde recalcó que “una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, una madre es una madre”.
En una entrevista concedida a este periódico por la primera política transexual de Rusia, la presidenta regional de Iniciativa Ciudadana en la región de Altái, Yulia Alióshina, esta denunciaba las dificultades que sufre la minoría en su país. “El colectivo LGTBI se encuentra en Rusia inmerso en la oscuridad. El Gobierno hace que se encierre en el armario y no salga. Y si el Gobierno les hace esconderse, hay que hablar abiertamente”, recalcaba.
Poco después, en enero, una excapitana del Servicio Federal de Seguridad (FSB) se sumaba a su reivindicación de un trato justo. Katerina Meyers, Alexandr Chumakov antes de comenzar su transición en 2020, contaba al diario independiente Znak que su sexualidad no había sido un problema durante 12 años de carrera profesional, pero tuvo que renunciar al saberlo sus compañeros. “Quiero luchar contra este sistema discriminatorio. Hay mucha gente como yo en los servicios especiales. También hay gais y lesbianas. ¿Eso les convierte en malos empleados?”, dijo en la entrevista.
Su lucha no podrá ser apoyada por ninguna organización independiente. El Kremlin liquidó en abril la Fundación Esfera. “Esta flagrante censura política homófoba viola las obligaciones con los derechos humanos”, denunció Human Rights Watch. Esta ONG, como Amnistía Internacional y una docena más, también ha sido expulsada del país ante la indiferencia general.
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