El asesinato de un activista en Medellín y las amenazas a una pareja homosexual en Bogotá alertan sobre la violencia contra la población LGBTI

SALLY PALOMINO

En Colombia, una persona gay corre el riesgo de ser víctima de amenazas o de recibir tres disparos en la cabeza. Jeison Vásquez Borja, de 29 años, fue asesinado a balazos el martes pasado en Medellín. Este año van más de diez hombres gay asesinados en esa ciudad. El fin de semana, dos mujeres, una armada con palos, amenazaron a una pareja homosexual que se besaba en un parque de Bogotá. El video en el que quedó registrada la pelea, y que se hizo viral, llenó de motivos a la ciudadanía que convocó una protesta para rechazar la agresión.

 

La Corte Constitucional ha dado pasos enormes para proteger a la comunidad LGTBI en materia de derechos, pero en la cotidianidad ser gay en Colombia sigue siendo un riesgo. El hecho de discriminación que se conoció este fin de semana es apenas una muestra de la violencia que sufren. Según Medicina Legal, de enero a junio de este año, hubo 354 víctimas de agresiones personales por su orientación sexual, 324 sufrieron algún abuso y 229 lo vivieron dentro de su familia. Ser parte de la comunidad LGBTI es un factor de vulnerabilidad que, según los registros de la institución, es equiparable al de grupos de desmovilizados o defensores de derechos humanos. En 2021, la ONG Colombia Diversa registró agresiones contra de 405 personas LGBTI en el país: 205 homicidios, 97 víctimas de amenazas y 103 víctimas de violencia policial.

 

Mauricio Albarracín, subdirector del programa LGBT de Human Rights Watch (HRW), dice que la violencia de la que son víctimas impide que gocen de sus derechos ya reconocidos. “Si no se atiende esta violencia, que es cotidiana, las ganancias formales [las sentencias y leyes] se van a quedar solo en el papel”. Albarracín señala los hechos ocurridos la semana pasada como el reflejo de un problema profundo que Colombia está en deuda de resolver. “Un acto cotidiano como darse un beso termina convirtiéndose en un hecho de intolerancia social, que puede llegar a la expulsión de dos personas de un espacio público o a hechos irreversibles como un asesinato”, dice. “Colombia vive una paradoja: mientras avanza en la legislación hacia un país más igualitario, la realidad sigue siendo violenta”, continúa.

 

Colombia tiene leyes y una política pública que no han sido eficientes porque ha faltado voluntad política, dice Albarracín, y afirma que los últimos cuatro años, bajo el Gobierno de Iván Duque, el país vivió un retroceso. “Fue un periodo perdido. Hubo inacción por parte del Ejecutivo para implementar lo que ya estaba en marcha y fue hostil en algunos casos, como lo fue con los nombramientos en posiciones de poder de personas que han sido abiertamente antiderechos, como Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA”.

 

Frenar la violencia contra las personas LGBTI se suma a la lista de retos que deberá enfrentar el gobierno que está por empezar, señala Albarracín. “No estamos partiendo de cero, no estamos como hace 20 años, pero ya es el momento en que debería tomarse en serio esta violencia. Todas las instituciones del Estado deben trabajar por el mismo fin, se requiere una intervención especializada y una acción coordinada”, señala.

 

Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la ONG Colombia Diversa, advierte de un aumento en los crímenes hacia la población LGBTI desde 2019 y cuestiona la falta de cifras confiables. “El Gobierno no ha mostrado su compromiso por documentar estos delitos y eso dificulta buscar soluciones. Los homicidios y las amenazas han crecido y no ha habido una política pública para enfrentarlo, no hay datos serios por parte del Estado”.

 

El informe de la Comisión de la Verdad, que menciona Sánchez, constata la violación a los derechos humanos de la que han sido víctimas históricamente las personas de sexualidad diversa en Colombia. “Una de las revelaciones es que hubo silencio por parte de las comunidades, que aun siendo testigos de estas violencias callaron o las alentaron”, dice Sánchez. La escena que tuvo lugar este fin de semana en Bogotá evidencia que las cosas todavía no han cambiado. “Ante el ataque a una pareja de hombres que se daban un beso en un parque, si esos vecinos tuvieran un grupo armado en su barrio, le hubieran pedido que sacara a la pareja y los hubieran amenazado y desplazado”, cita un trino que escribió el fin de semana para ejemplificar el nivel de odio del que siguen siendo blanco las personas LGBTI.

 

María Mercedes Acosta, cofundadora y editora general de la ONG Sentiido, coincide en que aunque el país ha avanzado en temas legales, social y culturalmente todavía hay mucho por hacer. El episodio de este fin de semana en Bogotá es un ejemplo - “uno más”, dice - de un discurso fundamentalista alentado desde la iglesia que se ha trasladado a las calles. “Es necesario que se tome en serio el trabajo de los colegios porque si se sigue desconociendo la educación sexual, vamos a seguir viendo este tipo de escenas”.

 

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, habla de la situación de Medellín para ponerle números al problema. En lo que va de 2022, 17 personas han sido asesinadas por su orientación sexual. “Los hechos ocurrieron mayoritariamente en el centro de la ciudad, en horas de la noche, donde la ausencia de transeúntes y el copamiento de actores ilegales en rutas de tráfico de droga y de control territorial facilitaron los hechos” y menciona ciertos factores que evidencian un patrón común: eran activistas, no fueron víctimas de robo, habían sido amenazados, sus crímenes ocurrieron lejos de sus casas y hubo sevicia en sus muertes. “En materia de seguridad se han incrementado los niveles de riesgos y la ineficacia del Estado para su protección ha llevado a fortalecer las acciones de autoprotección. El Estado se ha limitado a ejercer un control policivo y en ocasiones es la misma policía la que fomenta la violencia”, señala Castañeda.

 

David Alonzo, director distrital de diversidad de Bogotá y activista, destaca la reacción de lo que ocurrió en esa ciudad como un cambio y una muestra del rechazo de la sociedad a acciones violentas y discriminatorias. Pero no es suficiente. “Si no hay una política nacional, todos los otros esfuerzos van a seguir siendo insuficientes para la transformación y el cambio cultural que se necesita”. Alonzo también cuestiona la impunidad que rondan los delitos contra personas LGTBI. “Se necesita de la línea de gobierno para lograr erradicar la impunidad. Más del 93% de los casos no se han resuelto y eso hace que no haya podido darse un mensaje contundente de rechazo a estas violencias”, señala el activista.

 

FUENTE: EL PAÍS INTERNACIONAL