Por Érika Montecinos Urrea

Hay un antiguo mito en Chile que cuenta que, durante el gobierno del general Carlos Ibañez del Campo (1927-1931), cientos de homosexuales varones fueron arrojados al mar. La historia oral sugiere que fueron apresados por la Policía y llevados a la ciudad de Valparaíso para ser embarcados y, enseguida, atados con piedras en los pies para hundirse en el fondo del océano. Si bien esto nunca fue documentado, sí lo fueron las detenciones simultáneas que se realizaron, registradas profusamente en revistas de la época: “Un grupo de degenerados sorprendidos en Valparaíso”, titularon.

 

La persecución, que parecía imperaba con el beneplácito del Estado y todos los aparatos de poder, creó una visión en la memoria popular de las comunidades LGBTIQ del país que los sistemas políticos eran sus férreos enemigos. Hay que recordar que en esos tiempos regía una ley redactada en el siglo XIX que condenaba con pena de cárcel las prácticas sexuales: la de sodomía de 1875 y derogada recién en 1999.

 

Por otra parte, el mito inicial de los homosexuales arrojados al mar dejó su estela. Desde 1973, vendría la dictadura de Augusto Pinochet que se extendió hasta 1989, en que lesbianas, gays y trans caían en la patologización y la persecución. Sin más, en 1974 se dictó una ley que regula cualquier comportamiento que altere “la moral y las buenas costumbres”. Esta ley, la cual aún está vigente en el código penal chileno, daba pie para que la Policía vigilara cualquier comportamiento que consideraba “soez” para proceder a la detención; es decir, al arbitrio y criterio del uniformado.

 

A esta ley y a la de sodomía apelaba también la persecución de la Policía en los años venideros, irrumpiendo en espacios de diversión exclusiva para personas LGBTIQ a punta de patadas e improperios homofóbicos. Así fue el caso que sucedió en 1996 en Santiago de Chile, cuando funcionarios de la Policía realizaron intensas redadas a clubes nocturnos de diversión de las personas LGBTIQ.

 

Por esto, la propuesta de una nueva Constitución en Chile representa un hito que abre la puerta al reconocimiento y reparación de miles de chilenos y chilenas que fueron violentados e invisibilizados de la cronología local por no encajar en las estructuras heterosexuales vigentes. En las primeras páginas de la propuesta, que se votará en un plebiscito este 4 de septiembre, dice lo siguiente: “El Estado promoverá una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y ciudadanía”.

 

El hecho de nombrar los derechos sexuales de las personas LGBTIQ es algo al parecer impensable para un sector de la sociedad chilena que se reconoce como conservadora. Sin ir más lejos, hace unos días se viralizó un polémico video de la franja publicitaria de la opción “Rechazo”, que mostraba a un joven contando una historia de vulneración y justificando la violencia que recibía por ser parte de las disidencias sexuales al perdonar a su agresor “como un acto de amor” y cerrando con la dudosa frase: “Si en Chile nos quisiéramos más, no ocurriría esto”. Las imágenes, además de mostrar errores en la representación de las diversidades, explicaba por qué, desde ese punto de vista, había que rechazar la propuesta.

 

Más allá de los conservadurismos existentes y de la historia pasada, sin duda ha existido un avance en derechos y reconocimiento de esta comunidad. Sin embargo, se tuvo que pelear ante muchos obstáculos para llegar a una reparación real. La ya mencionada derogación de la sodomía en el año 1999; la ley contra la discriminación en 2012; el acuerdo de Unión Civil en 2015; la ley de identidad de género en 2018 o la aprobación del matrimonio igualitario en 2020, no alcanzan para enfrentar la violencia que aún impera contra las personas LGBTIQ+ porque sus vivencias y existencias no están protegidas por la actual Constitución; es decir, ni siquiera son mencionadas con sus especificidades identitarias.

 

Entonces, cabe preguntarse: ¿podrá la propuesta actual solucionar la demanda de mayor protección estatal contra la violencia hacia las comunidades? El artículo 27 de la propuesta lo manifiesta: “Todas las mujeres, las niñas, adolescentes y personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado”.

 

En este texto hay un reconocimiento a las vidas vulneradas de la comunidad LGBTIQ en el transcurso de la historia, y eso es más que suficiente para una reparación real desde el Estado a tanta violencia histórica y estructural como lo es, por ejemplo, crecer libremente con la identidad escogida o sentir protección si alguien vulnera sus derechos. No son palabras al azar, es el compromiso fehaciente de un Estado que comprende y reconoce esa gran deuda histórica, sin la cual no se podría avanzar mucho más. Finalmente, y como broche de oro, también se indica en esta propuesta que toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas.

 

¿Cómo no es esperanzador para las disidencias tener acceso a este reconocimiento mediante esta carta de navegación que llevará a Chile a nuevos tiempos de rostros y sensibilidades dejando atrás todos los mitos que desde siempre los violentaron en la cultura popular? Estos artículos fueron propuestos de manera conjunta y colectiva por organizaciones LGBTIQ a los convencionales a cargo de redactarlas y aprobarlas con un alto apoyo, lo que hace que este borrador y propuesta sea aún más legítima. Claro está que este 4 de septiembre, el día que chilenos y chilenas votarán, será recordado y visto alrededor del mundo como una épica que comenzó con un estallido social que quería terminar con el privilegio de unos pocos. Si se rechaza, habrá predominado el individualismo liderado por élites con el poder monetario y mediático suficiente para impedir, como siempre, cualquier cambio que afecte sus vidas.

 

THE WASHINGTON POST