Estos regímenes castrochavistas tienen un sistema de terrorismo de Estado con presos y exiliados políticos, miseria, violación institucionalizada de derechos humanos e impunidad.

Por Carlos Sánchez Berzain

Llegó el año 2023 y en las Américas la dictadura de Cuba cumple 64 años, la de Venezuela 24 años, la de Bolivia 17 años y la de Nicaragua 16 años. Todas narcoestados, bajo la jefatura de Cuba repitiendo su sistema de terrorismo de estado, con presos y exiliados políticos, miseria, violación institucionalizada de derechos humanos e impunidad. Son la amenaza contra todos los países de la región donde se expanden como socialismo del siglo 21 con dinero mal habido, golpes de estado, fraude electoral, terrorismo, migraciones forzadas y narcotráfico. Terminar las dictaduras debe ser el objetivo fundamental de la democracia el 2023.

 

Las dictaduras del castrochavismo deben terminar como claman los pueblos que en resistencia civil luchan por la libertad. Cesar las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no solo es posible, necesario y urgente, es una obligación de los estados, gobiernos y lideres democráticos del mundo en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de las Organización de Estados Americanos, de la Carta Democrática Interamericana, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen organizado transnacional o Convención de Palermo, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y más.

 

El dominio interno que ejercen las dictaduras para detentar indefinidamente el poder se resume en: 1.- el “terrorismo de estado” que consiste en “cometer delitos desde el gobierno para crear miedo en la población para que asuma conductas que no serían posibles de otra forma”; 2.- la creación y sostenimiento de grupos colaboracionistas a los que benefician económicamente para simular oposición dando lugar a la “oposición funcional” que simulan democracia y que hacen la “dictadura electoralista”; 3.- una narrativa que falsifica la realidad que presenta el crimen organizado como proyecto político de lucha “antiimperialista”; 4.- el enriquecimiento ilimitado de los miembros del régimen con la gestión del “narcoestado”, la corrupción y crímenes; 5.- la garantía de “impunidad” que se dan con los cuatro elementos anteriores.

 

El terrorismo de estado se implementa con el control total de los poderes del estado que siguen existiendo nominalmente pero que son manipulados a discreción. El denominado legislativo hace “leyes infames” que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos, dicta amnistías para la impunidad y criminaliza los derechos fundamentales. El denominado poder judicial es el principal medio de represión y persecución, con falsificación de acusaciones, violación de los principios de “juez imparcial”, “debido proceso”, “presunción de inocencia”, “igualdad jurídica” y más; el castrochavismo llama jueces a los verdugos y procesos a los linchamientos de inocentes.

 

La oposición funcional es la que busca dar legitimidad y legalidad a las dictaduras de delincuencia organizada trasnacional de socialismo del siglo 21. Son individuos y/o grupos que asumen identidad de movimientos sociales o partidos políticos para falsificar la realidad. La oposición es elemento básico de la democracia como “factor de control y limitación de los gobiernos de turno y alternativa de ser gobierno”, por eso la oposición funcional es una oposición de mentira porque es parte de la narrativa dictatorial, de la garantía de impunidad y que nunca tomará el poder por la “dictadura electoralista” en la que el pueblo vota pero no elige.

 

El discurso antiimperialista sigue funcionando de manera sorprendente pese a que los jerarcas de las dictaduras, sus familiares y beneficiarios disfrutan el resultados económicos de sus crímenes de lesa humanidad en Estados Unidos como lo prueba el caso de la hija del dictador Hugo Chávez, de los familiares de los dictadores Castro, de los familiares y vinculados de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

 

En el ámbito internacional también se aplican estos elementos internos. El miedo, los intereses económicos, lucrativos negocios privados bajo la sombra del poder público, las relaciones de impunidad, financiamiento de campañas electorales, efectos de la transnacionalización del crimen organizado y su influencia en los sistemas democráticos, parlamentos, ong’s, organismos internacionales y gobiernos, son los principales pilares internacionales del sostenimiento dictatorial.

 

Los lideres democráticos del mundo no pueden seguir faltando a sus “obligaciones jurídicas internacionales” de: 1.- poner en evidencia a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como sistema de crimen organizado trasnacional y la mayor amenaza para la paz y seguridad internacionales; 2.- apoyar la resistencia civil de los pueblos aplicando las normas de derecho vigentes que impiden tratar como sujetos de derecho internacional o representantes y los detentadores del poder, operadores del “crimen transnacional” que hoy se encubren con “inmunidad soberana”; 3.- establecer sanciones inhabilitantes colectivas; 4.- procesar y capturar a los dictadores de crimen organizado aplicando la Convención de Palermo y ejecutando las órdenes de captura vigentes.

 

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