La Sección Tres prohíbe ocupar un cargo público a cualquier persona que haya prestado juramento para apoyar la Constitución y posteriormente haya participado o alentado la “insurrección”

   Por Eric Foner

La Enmienda 14, añadida a la Constitución a raíz de la Guerra Civil, ha vuelto a ser noticia últimamente, principalmente porque la Corte Suprema ha apuntado a decisiones pasadas, en particular Roe v. Wade, que la empleó para proteger a los estadounidenses. libertades La enmienda sigue siendo la adición más significativa a la Constitución desde la adopción de la Declaración de Derechos. Su magnífica primera sección estableció el principio de ciudadanía por nacimiento y prohibió a los estados negar a cualquier persona la igual protección de las leyes, sentando las bases de muchos de los derechos que los estadounidenses premian.

 

Las disposiciones olvidadas hace mucho tiempo de la Enmienda 14 de repente están pidiendo a gritos su cumplimiento. La Sección Dos prevé una reducción en el número de representantes asignados a los estados que niegan el derecho al voto a cualquier “ciudadano varón”. (Hoy, esta sanción también se aplicaría a la privación de derechos de las mujeres). Incluso en el apogeo de la era de Jim Crow, cuando a millones de afroamericanos se les impidió votar, esta sanción nunca se implementó. Pero con muchos estados limitando seriamente los derechos de voto, puede que haya llegado su hora.

 

La Sección Tres prohíbe ocupar un cargo público a cualquier persona que haya prestado juramento para apoyar la Constitución y posteriormente haya participado o alentado la “insurrección”. Los hechos del 6 de enero de 2021 han centrado una nueva atención en esta estipulación, que podría aplicarse a los participantes en el levantamiento que anteriormente ocuparon cargos militares, políticos o judiciales, incluido el expresidente Donald Trump.

 

Luego está la Sección Cuatro, que ofrece una salida al estancamiento actual sobre el aumento del techo de la deuda. “La validez de la deuda pública de los Estados Unidos”, declara, “no será cuestionada”. ¿Qué estaban tratando de lograr quienes escribieron, debatieron y ratificaron esta disposición? La sección surgió de los conflictos políticos por la forma en que se había financiado la Guerra Civil. Para pagar el enorme costo de la guerra, el Congreso imprimió papel moneda de curso legal (los “billetes verdes”), elevó los impuestos a niveles sin precedentes y autorizó la venta de cientos de millones de dólares en bonos que devengan intereses. Casi todas las leyes que autorizaban la emisión de bonos especificaban que el gobierno redimiría los billetes en oro. La única excepción fue el acto relacionado con los “cinco veinte”, bonos redimibles en cinco años y pagaderos en 20,

 

Este descuido, para citar al historiador Irwin Unger, condujo directamente a “una década de conflicto intenso y exasperante”. Los demócratas buscaron ganar puntos políticos exigiendo que los cinco billetes de veinte se pagaran en papel moneda (cuyo valor se había deteriorado considerablemente), no en oro. Constituiría una enorme ganancia inesperada no ganada, insistieron, para los bancos y los grandes inversionistas que compraron estos bonos con dólares para recibir oro del gobierno. “¿Quién nos ha pedido que cambiemos la Constitución en beneficio de los bonistas?”. preguntó el Senador Thomas Hendricks de Indiana, cuando se estaba debatiendo la Enmienda. “¿Por qué darles esta extraordinaria garantía?”

 

Los republicanos señalaron que gran parte del beneficio del pago en oro lo disfrutarían los estadounidenses comunes y corrientes, que los habían comprado a un pequeño ejército de agentes desplegados por el financiero Jay Cooke. Insistieron en que la santidad de la deuda nacional era tanto un legado moral de la Guerra Civil como la propia emancipación.

 

La idea de pagar los cinco billetes de veinte en dólares se identificó estrechamente con el "Caballero George" Pendleton, descendiente de una prominente familia de Virginia y candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata en 1864, que esperaba llegar hasta la Casa Blanca. . Lo que llegó a llamarse el Plan Pendleton se abrió paso en la plataforma nacional de los demócratas de 1868 a pesar de las enérgicas objeciones no solo de los republicanos sino también de los demócratas vinculados a Wall Street, como el financiero August Belmont, el representante de la familia de banqueros Rothschild en los Estados Unidos. , que naturalmente prefería que se le pagara en oro en lugar de papel moneda.

 

La Sección Cuatro fue la respuesta de los republicanos. Si bien el lenguaje es ciertamente desafortunado (seguramente el Congreso podría haber encontrado una mejor redacción que declarar ilegal “cuestionar” la validez de la deuda nacional), el contexto histórico deja claro su propósito. En las Actas de Reconstrucción de 1867, el Congreso inició el primer gran experimento de la nación en democracia interracial, otorgando el derecho al voto a los hombres afroamericanos en todos los antiguos estados confederados excepto Tennessee. Esto impulsó a los republicanos a controlar los gobiernos de todo el sur. Pero los republicanos temían que, en el futuro, los ex confederados pudieran volver al poder allí.

 

La nación necesitaba estar “a salvo del dominio de los traidores”, declaró el representante republicano James Ashley de Ohio, “a salvo del repudio”. La Enmienda 14 ayudaría a lograr estos objetivos. Independientemente de lo que uno piense sobre la política fiscal de la era de la Guerra Civil, el lenguaje de la Enmienda es obligatorio, no permisivo: la validez de la deuda pública “no debe ser cuestionada”. Hoy, más de un siglo y medio después de la ratificación de la Enmienda, esta promesa ya no se considera una “garantía extraordinaria”; es un atributo esencial de una economía moderna.

 

Nuestra Constitución no se aplica a sí misma. La Enmienda 14 concluye facultando al Congreso para implementar sus disposiciones. Pero si la actual Cámara de Representantes abdica de esta responsabilidad, arrojando a la nación al incumplimiento al negarse a elevar el límite de la deuda, el presidente Biden debería actuar por su cuenta , tomando medidas para garantizar que el gobierno federal cumpla con sus obligaciones financieras, como exige la Constitución.

 

FUENTE: THE NEW YORK TIMES 2023