Activistas pro derechos de los inmigrantes alzaron su voz para defender el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses argumentando que es una vía legal y segura para migrantes que buscan protección, además de beneficiar a la economía de EEUU.
Durante una conferencia de prensa virtual destacaron los beneficios del programa y rechazaron la demanda presentada en contra de la medida por 20 estados, entre estos la Florida, que arguye que se verá perjudicado por los “recursos significativos” que erogaría en educación pública y atención médica, entre otros costos.
Tessa Petit, directora ejecutiva de Florida Immigration Coalition, dijo que “la decisión del gobernador de participar en la demanda contra el parole humanitario es una prueba de que las vías legales no son aceptables para nuestras comunidades, y es factor que incentiva el sentimiento antiinmigrante en nuestro estado”.
Samuel Vílchez Santiago, director estatal de American Business Immigration Coalition en Florida, dijo que esa organización considera que el programa es una “solución de sentido común” para los migrantes que buscan libertad y oportunidades, y que ayudaría con la escasez de mano de obra y a poner orden en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 5 de enero el programa tras enfrentar una avalancha de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses en la frontera sur y en el sur de la Florida.
El programa permite emigrar de manera legal a las personas de esos cuatro países que tengan un patrocinador en Estados Unidos, reúnan los requisitos sanitarios y no tengan antecedentes penales.
Las personas que lleguen bajo este nuevo proceso también pueden solicitar una autorización de empleo.
Vílchez Santiago dijo las detenciones en la frontera cayeron 96% desde el anuncio de este programa y aunque el parole “no es perfecto, es un excelente ejemplo de solución de migración con sentido común que puede ayudar a salvar nuestros negocios y a construir nuestra economía”.
En ese aspecto, el empresario que llegó a EEUU hace 13 años y solicitó asilo, detalló que el programa ofrece un camino para que los inmigrantes ingresen a la fuerza laboral, lo que consideró sumamente importante “en un momento de inflación y cuando estamos lidiando con una escasez de mano de obra en sectores como salud, agricultura y turismo”.
Comentó que una tía y prima de él llegaron a Estados Unidos hace un mes mediante el programa y ahora trabajan en la industria hotelera en el centro de la Florida.
“Creo que para todos el punto es claro, nuestras empresas necesitan urgentemente nuevos trabajadores y estos migrantes vienen a trabajar por lo tanto debemos proteger estas soluciones como el parole humanitario”, dijo el representante de la coalición bipartidista de líderes empresariales que apoya soluciones migratorias.
Adelys Ferro, directora ejecutiva y cofundadora Venezuela American Caucus, coincidió con el empresario al decir que un gran número de migrantes ocupan puestos de trabajos de primera línea, en su mayoría, que están vacantes desde hace meses y lo hacen al obtener el permiso de trabajo.
“Desde el punto de vista económico para el estado y para el gobierno federal va mucho más allá de pagar impuestos”, manifestó.
Ana Sofia Peláez, cubanoamericana cofundadora de Miami Freedom Project, también defendió el programa destacando que ofrece una via para la migración legal y” sobre todo segura”.
Peláez participó el lunes en una reunión que sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con haitianos y cubanos, sobre el programa humanitario.
La activista cubanoamericana informó que durante el encuentro se realizaron planteamientos incluso hasta para mejorarlo.
“Esas son las soluciones las que tenemos que ofrecer a nuestra comunidad, no introducir más caos y confusión a un proceso que ya sabemos lo difícil que es”, expresó Pelaez hija de una cubana que se benefició con el programa Pedro Pan que en la década de 1960 permitió que más de 14,000 niños de Cuba viajaran solos a EEUU.
María Antonieta Díaz, empresaria y presidenta de Venezuelan American Alliance, afirmó que los activistas están “alzando su voz para proteger al parole humanitario” y detalló que en el caso de Venezuela la profunda crisis humanitaria ha generado un éxodo de 7.1 millones de personas, siendo una de las más grandes migraciones del mundo.
Ella y su esposo han patrocinado a 20 personas mediante el parole humanitario y aseguró que han visto de primera mano como el programa ha logrado reunificar familias y ha brindado oportunidades de una mejor vida a “nuestros hermanos (venezolanos)“.
Aseguró que el sufrimiento “de nuestro pueblo está siendo utilizado por los líderes del Partido Republicano como un arma política”.
“La demanda está basada en un absurdo supuesto de que no existe una crisis humanitaria que justifique el parole. Los venezolanos no se han lanzado a recorrer siete países y pasar la peligrosa selva del Darién por puro gusto. Se ven obligados por la grave crisis humanitaria que el régimen dictatorial de Maduro ha impuesto en Venezuela”, dijo Díaz.
Maureen Porras, comisionada de la Ciudad de Doral y de origen nicaragüense, resaltó que el programa establece una vía útil y más beneficioso para el migrante y para las comunidades.
“Insto a la administración a continuar con el programa de libertad condicional y explorar un camino hacia el estatus permanente”, dijo Porras, quien también es directora legal de Church World Service.
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