¿Qué harán republicanos y demócratas con el país si ganan?
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes John Boehner, izquierda,
sostiene un ejemplar de la propuesta de su partido "Una Promesa a Estados Unidos"
Por JULIE HIRSCHFELD DAVIS
The Associated Press
WASHINGTON -- Los dos partidos que dominan la política estadounidense tienen visiones marcadamente opuestas sobre cómo gobernar el país luego de las elecciones legislativas de noviembre.
Los republicanos prometen reducir el tamaño del gobierno, recortar los impuestos y revertir las leyes de reforma de salud y de estímulo económico.
El presidente Barack Obama y los demócratas quieren reducir los impuestos de la clase media, gastar más para estimular la economía y cortar el éxodo de empleos estadounidenses al extranjero.
El Partido Republicano publicó el jueves "Una Promesa a Estados Unidos", un manifiesto de palabras duras que promete devolver el gobierno al pueblo, hacer cortes profundos al gasto público y reorientarlo a la defensa y las reducciones de impuestos. Es una lista de prioridades para los próximos dos años radicalmente diferente de la del oficialismo.
A menos de seis semanas de las elecciones legislativas, los dos partidos salen a hacer promesas y los votantes pueden ver cómo es que cada uno de ellos pretende cambiar al país.
Aún así, muchas de las promesas son vagas y la realidad detrás de la retórica encendida es que podría haber pocos cambios luego del 2 de noviembre.
Los republicanos se aprestan a aumentar en forma sustancial su bancada en el Congreso, quizás lo suficiente como para controlar la cámara baja y para reducir el margen del oficialismo en el Senado.
Si los demócratas logran retener el poder, sus mayorías casi con seguridad resultarán seriamente debilitadas, por lo que tendrán poca capacidad de maniobra para llevar a buen puerto las iniciativas aún no conseguidas de su temario. Estas incluyen la reducción de las emisiones carbónicas y la legalización de millones de inmigrantes indocumentados.
De cualquier manera, se puede esperar un estancamiento legislativo, con la oposición dispuesta a frenar cualquier iniciativa de Obama, desde el presupuesto a la reforma migratoria. Las amenazas de veto podrían volverse frecuentes y ningún partido tendría suficientes votos como para imponer grandes proyectos.
Las mayores diferencias están en el gasto público y los impuestos. Los republicanos quieren hacer permanentes todos los recortes de impuestos del ex presidente George W. Bush, lo que costaría unos 4 billones de dólares en 10 años. Y quieren agregar nuevas reducciones, incluida una deducción del 20% a las empresas pequeñas.
Los demócratas proponen mantener las imposiciones en sus niveles actuales para los individuos que ganan hasta 200.000 dólares y las familias con ingresos de hasta 250.000, pero aumentarían las de personas adineradas y algunas empresas pequeñas en enero. Su plan costaría 3 billones.
El oficialismo también propone recortes de impuestos por inversiones a las compañías de menor tamaño. Además, impondría multas fiscales a las empresas que trasladen puestos laborales o fábricas a otros países y ofrecería ventajas impositivas a las que traigan empleos de regreso a Estados Unidos.
En el rubro gasto, los republicanos dicen que quieren volver a los niveles del 2008, aunque dejarían intactos los presupuestos destinados a tres bloques de votantes clave: los ex combatientes, los jubilados y los militares. Congelarían los proyectos de estímulo y limitarían los gastos futuros, aunque no hablan de prohibir las erogaciones en proyectos que cada legislador busca para su distrito, una práctica largamente cuestionada del Congreso.
No está claro cuánto se ahorraría con esas medidas. La mayor parte de los 814.000 millones de dólares del paquete de estímulo ya se gastó. El Partido Republicano calcula que recortaría unas 100.000 millones por año, pero los expertos en presupuesto dicen que el total sería mucho menor.
Los demócratas, por su parte, quieren más gastos para darle impulso a una lenta recuperación económica. Obama propuso un plan de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos por 50.000 millones de dólares y un nuevo banco de infraestructura que pagaría los proyectos futuros.
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