QUITO -- El gobierno extendió el estado de excepción hasta el viernes, el cual había decretado por cinco días a raíz de la sublevación de la policía contra el gobierno del presidente Rafael Correa y el martes fue detenido un mayor retirado del ejército, para indagaciones y separaron a agentes de la seguridad del mandatario.
Mediante un decreto el martes, Correa señaló que se renovó el estado de excepción "con el objetivo de garantizar la paz y el orden". El estado de excepción vencía la medianoche del martes.
A través del decreto "se ratifica la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los derechos de los ecuatorianos. Además, se dispone que se otorgue las seguridades indispensables para que la Asamblea Nacional pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales".
El mayor retirado del ejército Fidel Araujo, acusado de conspiración por Correa, fue detenido por la policía por pedido del fiscal José Jiménez con el propósito de hacer indagaciones. El mismo Araujo, en las dependencias de la policía Judicial, confirmó que estaba detenido, y habló con la radio Sonoroma.
"Tengo la convicción de que se va a llevar adelante el debido proceso y en ese sentido estaré listo para cumplir todas las exigencias de la justicia y levantar esta imputación que es un equívoco del presidente", dijo Araujo a Sonorama.
La detención de Araujo no podrá extenderse más allá de las 24 horas, tal como lo estipula la ley ecuatoriana.
Filmaciones de la televisión mostraron a Araujo dentro del regimiento policial sublevado haciendo llamadas telefónicas con su celular.
Se informó que a raíz de la revuelta del jueves, a los motociclistas policiales le fueron quitadas las armas, y los efectivos del principal cuartel de la policía capitalina - el Regimiento Quito -, fueron redistribuidos en varias unidades y varios oficiales fueron a otras funciones, sin mando de grupos.
Miguel Palacios, el fiscal adjunto para la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, encabezó la reconstrucción con ayuda de peritos y la participación de policías y militares que no tuvieron participación en la rebelión del 30 de septiembre. El procedimiento, como parte de la investigación de los hechos, se realizó en las inmediaciones del hospital policial donde Correa estuvo retenido por varias horas. La indagatoria busca determinar cómo y quienes tomaron parte en ese suceso.
Policías agredieron al mandatario cuando acudió a intentar apaciguar una protesta por una ley que los uniformados temían les redujera las prestaciones laborales.
El secretario de Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, afirmó que "la separación de un grupo de policías del Palacio Presidencial responde a la vigencia del estado de excepción". La medida afectó a unos 20 uniformados que prestaban seguridad al mandatario.
La mañana del día de la sublevación. los militares tomaron el control de la seguridad de la Asamblea, debido a que el día de la insurrección los policías agredieron a los asambleístas y descuidaron la custodia de esa institución, según denunciaron los propíos asambleístas.
El presidente del Congreso, Fernando Cordero, en rueda de prensa, dijo que mujeres legisladoras fueron maltratadas por la policía.
Los legisladores suspendieron las sesiones hasta el jueves, aduciendo falta de garantías.
En una reunión con corresponsales, el canciller Ricardo Patiño dijo creer firmemente que el presidente de Estados Unidos Barack Obama no tuvo "nada que ver" en la sublevación policial, como lo denunciaron el presidente venezolano Hugo Chávez y el mandatario boliviano Evo Morales.
"No puedo decir lo mismo de los grupos de poder que hay en Estados Unidos y que no son controlados por el gobierno, y no puedo decir lo mismo ... de otro tipo de personas", señaló, pero sin identificarlos.
El martes la firma de encuestas Cedatos-Gallup, aseguró que un sondeo reveló que la aprobación a la gestión de Correa subió cinco puntos hasta el 58%, y el 92% defiende el régimen democrático como la única forma de gobierno.
La encuesta se desarrolló en 11 ciudades entre el 2 y 4 de octubre con 2.028 entrevistas. El margen de error es de 3.4%.
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