Laritza Diversent / La Habana
En su serie televisiva contra la tecnología, el régimen manipula información y nada dice de los derechos de los ciudadanos.
En los capítulos recientes de la serie Las razones de Cuba, la televisión nacional puso al tanto a la población sobre las formas clandestinas de introducir equipos de conexión satelital en el país. Sin embargo, no se explicaron por qué y desde cuándo están prohibidas en la isla la recepción de señales televisivas extranjeras.
Los cubanos conocen las drásticas medidas impuestas por el gobierno por tener antenas satelitales. Sin embargo, desconocen que el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), en abril de 1995, puso en vigor la Resolución No 99 que penalizó el uso no autorizado de señales de televisión foránea, con multa que van desde los mil pesos hasta los 20 mil, además del decomiso administrativo.
La disposición sanciona a quien instale equipos, antenas y accesorios, o capte emisiones de "televisión no nacional", incluyendo las provenientes del territorio de la base naval estadounidense, en la provincia de Guantánamo. Estas normas tampoco fueron mencionadas por los reporteros de la serie Las razones de Cuba.
Las trasmisiones televisivas extranjeras están incluidas por el gobierno dentro del servicio de telecomunicaciones destinadas exclusivamente al turismo, al cuerpo diplomático y a otras personas admitidas mediante contratación.
Tal vez eso explique por qué el cantautor Amaury Pérez puede reconocer públicamente tener en su casa equipos que captan señales de la televisión extranjeras, cuando la mayoría de la población disfruta de ellas de manera clandestina.
La ciudadanía desconoce que la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones del MIC es la encargada de autorizar la fabricación o importación de antenas u otros dispositivos para la recepción de señales de televisión con fines comerciales, para uso individual o colectivo.
Igualmente, dicha empresa expide autorización a quien se proponga instalar o hacer uso de antenas u otros dispositivos para la recepción de estas señales televisivas. Probablemente, ya que la norma no prevé un cobro por dicho servicio, los medios omitieron mencionarla en el reportaje.
Las solicitudes de autorización deben argumentarse, y la decisión de la empresa del MIC es discrecional. Quizás, porque las atribuciones de esta entidad estatal no pueden ser cuestionada por ninguna autoridad, sea administrativa o judicial, los reporteros de Las razones de Cuba la pasaron por alto.
¿Qué motivos tendría la televisión cubana para guardar silencio ante la impunidad que ofrece el gobierno a los inspectores del MIC, que en plena cacería de brujas violentan puertas y trasgreden domicilios, buscando, como sabuesos, cables y antenas?
Seguramente al gobierno no le interesa que los cubanos disfruten de estas señales legalmente. ¿Será que es más rentable ingresar al presupuesto miles de pesos en concepto de multas, que otorgar una simple autorización? Posiblemente es más fácil reprimir, hacer sentir culpa y obligar a la mayoría a vivir en la ilegalidad. Tal vez esas sean las razones de Cuba para callar.
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