en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, en marzo del 2004.
Por Juan O. Tamayo
Un panel sobre tortura de la ONU exigió el martes a Cuba que diera información sobre las muertes de varios presos políticos, la represión contra disidentes como las Damas de Blanco y los 2,400 arrestos de críticos del gobierno reportados en el 2011.
La exigencia tuvo lugar el mismo día en que el periódico oficial Granma y la agencia noticiosa Prensa Latina publicaran reportajes defendiendo el sistema carcelario de la isla, que enfrenta una ola de acusaciones de usar “trabajo esclavo” y otros abusos.
La información exigida por el Comité Contra la Tortura de la ONU, radicado en Ginebra, Suiza, constituye uno de los questionamientos más severos del historial de derechos humanos de Cuba en años recientes.
Miembros del panel solicitaron al gobierno cubano que explique las recientes muertes de los disidentes Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar tras largas huelgas de hambre en la cárcel, y la de Juan Wilfredo Soto tras una supuesta paliza propinada por agentes de la Seguridad del Estado.
En Ginebra se han recibido quejas de que las prisiones cubanas están marcadas por el hacinamiento, la malnutrición, la falta de higiene, las palizas a los que protestan y el exilio forzado, declaró el miembro del panel George Tugushi.
Cuba tendrá además que explicar las “agresiones y acosos” contra disidentes como las Damas de Blanco, los blogueros Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo y la madre de Zapata, Reina Luisa Tamayo, señaló el panel durante el primer día de su audiencia de dos días dedicada a Cuba.
El panel pidió también explicaciones por las más de 2,400 detenciones breves de disidentes reportadas en el 2011 por activistas de derechos humanos en La Habana, entre ellos Elizardo Sánchez Santa Cruz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
“Queremos que Cuba aclare todos estos casos”, afirmó Nora Sveaass, una de los 10 miembros del panel y abogada de los derechos humanos en Noruega, según reportes de prensa recibidos desde Ginebra.
El panel, que supervisa la Convención sobre la Tortura y Otros Abusos y Transgresiones Físicas de la ONU, revisa el expediente de varios miembros de la ONU todos los años, y este año le tocó el turno a Cuba.
El vicefiscal general de Cuba Rafael Pino defendió a su gobierno durante su comparecencia ante el panel, diciendo que “en nuestro país nadie ha sido enjuiciado o sancionado por ejercer sus derechos, incluyendo los de libertad de expresión y de asociación”.
Pino añadió que de las 263 quejas de abusos en la cárcel presentadas al gobierno del 2007 al 2011, solamente en 46 casos se encontró que agentes de la Seguridad del Estado habían sido responsables. No dio más detalles.
Sus comentarios ocurrieron al mismo tiempo que el Granma publicaba un artículo defendiendo el sistema carcelario del país y que Prensa Latina citara a Antonio Llibre, identificado como el experto cubano en derecho internacional, declarando que Cuba había estado “libre de tortura” desde 1959.
Estas alegaciones fueron desestimadas como mentiras por activistas de los derechos humanos en Cuba y el extranjero.
“Los ex presos describen consistentemente condiciones profundamente inhumanas en las cárceles de Cuba, desde el hacinamiento en las celdas a provisiones inadecuadas de comida y agua, desde mala atención médica a una peligrosa falta de higiene”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Sánchez y Vivanco señalaron además que Cuba no permite que la Cruz Roja inspeccione sus cárceles. “Is las cárceles cubanas son instituciones modelo, ¿por qué impedir que la gente las vea?”, añadió Vivanco.
El artículo de Granma incluyó información que Cuba no ha revelado durante décadas, aunque nuevamente no mencionó el número de cárceles en Cuba.
Cuba tiene ahora 57,337 presos, incluyendo 31,494 “en condiciones cerradas” y 25,843 “en instalaciones abiertas”, señaló el Granma, pero sin explicar estos términos. Sánchez ha estimado que la población de las prisiones era de entre 70,000 y 80,000.
Sánchez señaló anteriormente que, antes de que Fidel Castro tomara el poder en 1959, Cuba tenía 14 cárceles y 4,000 presos en una población de 6 millones, o sea, alrededor de un preso por cada 1,500 personas. En la actualidad, los 57,337 presos en una población de 11.2 millones equivale a uno por cada 195 habitante.
Alrededor de 27,100 presos reciben clases, y 24,531 están participando en programas de entrenamiento laboral, agregó Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El diario reportó además que los presos pueden practicar deportes y participar en actividades religiosas, y que el famoso cantautor Silvio Rodríguez y otros artistas actuaron en 16 cárceles durante una gira hecha en el 2008.
Mencionó que los presos tienen “un fuerte programa de atención integral de salud”, pero no dio detalles. Un bloguero progubernamental escribió la semana pasada que las prisiones tienen un médico por cada 300 presos, un dentista por cada 1,000 y un enfermero por cada 120.
Críticas de las cárceles de la isla estallaron este año tras informaciones de que la cadena de muebles IKEA había contratado mano de obra penitenciaria cubana a finales de la década de 1980, y una serie de videos filmados dentro de una cárcel de La Habana mostraron inodoros y paredes grotescamente sucios y salideros de aguas albañales.
Granma reportó que alrededor de 23,113 presos están “incorporados al trabajo” y reciben un sueldo “según las tarifas establecidas en el país para el resto de los trabajadores”, pero no dio más detalles sobre sus ingresos o dónde trabajan.
Cuatro congresistas cubanoamericanos enviaron una carta el lunes a la Organización Internacional del Trabajo de la ONU pidiendo una investigación sobre las informaciones relacionadas con IKEA.
“Organizaciones internacionales dispuestas a hacerse de la vista gorda sobre los graves abusos de los derechos humanos en Cuba le han permitido demasiadas veces al régimen de Castro salirse con la suya”, indicó la carta de los republicanos del sur de la Florida Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart y David Rivera, y el demócrata de Nueva Jersey Albio Sires.
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