Dos iraníes en un cibercafé.
Yolanda Monge Washington Las compañías occidentales de tecnología llevan años proveyendo de sistemas de comunicación y vigilancia a algunos de los regímenes más opresivos del planeta, como Irán, Siria o Bahrein, mientras organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionan si esas compañías —léase Google o Apple— no deberían poner límites a aquellos con quien hacen negocios y abandonar un peligroso juego de dobles barajas. Moral e intereses empresariales cobran un nuevo cariz en la era de la globalización y la revolución de las comunicaciones mundiales, según expone un informe hecho público ayer por el Centro de Estudios Pew sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas frente a la sociedad.
Más de 1.000 expertos en tecnología —desde profesores a ingenieros o lobbistas, pasando por compañías como Microsoft, Netflix, Google, Yahoo o Nokia— han ofrecido para el estudio sus puntos de vista y proporcionado una dividida respuesta a si los Gobiernos represores deberían o no poder mantener relaciones comerciales con las grandes compañías de Internet. Las explicaciones llegan justo cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha declarado por primera vez la libertad de expresión en Internet como un derecho de las personas. “Es la primera resolución de la ONU afirmando que los derechos humanos en el ámbito digital deben ser protegidos y promovidos en la misma medida y con el mismo compromiso que los derechos humanos en el mundo físico”, dijo el jueves Eileen Donahoe, embajadora de EE UU ante el organismo.
Las reglas están por escribir, por lo que el Pew lanzó la siguiente pregunta a los analistas consultados: en el año 2020, ¿estarán las compañías de tecnología limitadas por requerimientos universales que protejan a sus usuarios frente a regímenes opresivos o, por el contrario, acomodarán sus negocios a las exigencias de los Gobiernos que impongan prácticas de censura con tal de vender sus productos?.
De momento, ya hay alguna iniciativa para establecer reglas de comportamiento. Chris Smith, representante republicano del Congreso de EE UU, ha presentado una ley en la Cámara que prohibiría a las compañías norteamericanas de tecnología vender material a regímenes que usen sus productos para censurar o reprimir disidentes.
Algo más de la mitad de los encuestados en el estudio de Pew confían en que suceda lo primero, que los proveedores de servicios se blinden con un código ético que proteja a los consumidores frente a las injerencias gubernamentales. Pero un abultado 40% consideró justo lo contrario, que las corporaciones serán cada vez más acomodaticias y sucumbirán al poder.
Según Jonathan Grudin, principal investigador de Microsoft citado en el estudio, también los Gobiernos democráticos quieren controlar las protestas en sus países. Pero considera que “las firmas que traten de controlar los contenidos en respuesta a una intervención estatal se arriesgarán a que sus clientes las abandonen en masa”. “El mercado presionará de manera tal que las grandes empresas no podrán doblegarse a los intereses de los Estados”.
Los más pesimistas, como Mike Liebhold, investigador y académico en The Institute for The Future, están convencidos de que las corporaciones sucumbirán a la presión de los Gobiernos. “Las empresas de tecnología inevitablemente cederán a la petición de los regímenes autoritarios para acceder a controlar a sus ciudadanos”, explica Liebhold. “La buena noticia es que las capacidades de software libre de las organizaciones de base serán cada vez más útiles para la gente a la hora de trabajar en la penetración de los gobiernos”.
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