Por Alberto Méndez Castelló / Cuba / http://www.cubanet.org/
Arrestos arbitrarios se producen cada día en ciudades y pueblos de Cuba. Incluso, hasta en las más apartadas regiones del campo. Los motivos: el disentimiento, la oposición política, y aun el más mínimo ejercicio cívico que contravenga lo que el régimen denomina la “legalidad socialista”.
Paradójicamente, este régimen viola sus propias leyes, luego de vanagloriarse descaradamente al hablar del respeto por los derechos humanos y la pulcritud de sus jueces, fiscales y policías, quienes se supone que hagan cumplir un cuerpo legal legislado por representantes del pueblo y para proteger derechos ciudadanos.
-¿Qué delito cometí?-, pregunté al joven instructor que me detuvo el 12 de septiembre.
El instructor se retrepó en su silla de interrogador y, sonriendo, dijo, con un cinismo capaz de causar espasmo a un domador de leones: “Usted, ninguno”.
Cierto: no había cometido ningún delito. O sí, según el régimen, estoy cometiendo un delito gravísimo: hacer público con mis escritos lo que ellos pretenden mantener oculto.
Pero no estaba yo en aquel calabozo por quebrantar la Ley Mordaza. Según el instructor, y así lo hizo constar en el acta de detención, mi arresto se debía a un delito de alteración del orden público.
Mueve a risa, pero es bien serio. Esa es la marca registrada por la policía nacional, y la usan para meter en un calabozo a cualquier ciudadano, cuando así se lo ordenan unos tipos vestidos de civil, que generalmente van en motocicletas y que, a su vez, reciben órdenes superiores mediante la telefonía celular.
Aunque la policía nacional es la que hace uso de la marca registrada, no es ella, ni siquiera la todopoderosa policía política, sino personajes aún más encumbrados, los dueños de la patente. Y la utilizan para encerrar a quienes les venga en gana, siempre y cuando hayan levantado la voz contra sus intereses.
Encerrar a alguien bajo cargos de alteración del orden público, mediante acusaciones falsas, entraña conexión de delitos, según el código penal cubano. La continuidad delictiva se produce cuando, para privar de libertad a alguien, fuera de los casos y de las condiciones previstas en la ley, se simula la existencia de pruebas con el ánimo de inculparlo.
Si, desde el fiscal del pueblo más apartado de Cuba hasta el presidente del Tribunal Supremo, conocen de la comisión de delitos de privación de libertad, por parte de la policía, ¿por qué lo permiten?
Solo existe una respuesta ajustada a la lógica: el encarcelamiento de 75 personas, en marzo de 2003, lejos de provocar temor, contribuyó a despertar el valor cívico de los cubanos.
Esa energía tomó vigor cuando los encarcelados por el ejercicio de derechos universalmente aceptados, debieron ser puestos en libertad ante los reclamos del mundo civilizado, y de un puñado de mujeres y hombres dignos, dentro de Cuba.
Hoy, al régimen solo le queda un recurso para hacer callar a los insumisos: Interceptarlos cuando se proponen ejercitar sus derechos. Por eso nos privan de libertad a cada paso, mediante acusaciones falsas.
Pueden desatar otra Primavera Negra, y encarcelar, no a 75, sino a 150 o a 300. Pueden, pero, incluso, solo encarcelando a 2 o 3, saben que provocarían la repulsa nacional e internacional ante el anacronismo de un sistema incapaz de aceptar críticas. Eso haría crecer la credibilidad de los encarcelados con el valor del martirio. Tales razones, más que cualquier otra, los hace emplear cada día sus marcas y patentes para hacer callar, privando a los cubanos de libertad, mediante falsas acusaciones de alteración del orden público.
A ese punto han llegado en su deriva represora: a desdecirse, violando hasta sus propias leyes.
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