Rafael Correa
promueve libertad de expresión en el extranjero, pero no en casa
JIM WYSS 
Pablo Castro es un joven precavido – y puede tener muchas razones para mantenerse así mientras el presidente Rafael Correa gobierna su país.
El año pasado, estaba reunido con nueve colegas, planeando unirse a protestas sobre los derechos del agua, cuando la policía derribó la puerta y los arrestaron. Los hombres y mujeres –la mayoría estudiantes en sus 20– fueron acusados de colocar pequeños explosivos panfletarios. El gobierno nunca pudo probarlo, pero el grupo Los 10 de Luluncoto, como son conocidos, fueron acusados de terrorismo y pasaron un año en prisión.
“¿Qué trataban de decir con ese juicio?” preguntó Castro, un activista estudiantil de 25 años. “Que cualquiera que se oponga al gobierno es un terrorista”.
Mientras Ecuador considera darle asilo al filtrador de la Administración de Seguridad Nacional Edward Snowden a nombre de la democracia y los derechos humanos, Correa, que le dio asilo el año pasado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es elogiado como un campeón de la libre expresión y consolida su papel como uno de los principales izquierdistas de América Latina.
Pero en casa, el expediente de Correa es más complicado. Ha impuesto algunas de las regulaciones más estrictas del hemisferio a su propia prensa, ha aprobado decretos limitando a los grupos de la sociedad civil y, como descubrieron activistas como Castro, desempolvó leyes de la época de la dictadura en la década de 1960 que le dan a las autoridades amplias facultades para eliminar a los “terroristas”.
El caso de Castro bajo Correa no es uno aislado. Hace dos semanas, Mery Zamora, líder del sindicato de maestros, fue sentenciada a ocho años de prisión por cargos de terrorismo y sabotaje. ¿Su delito? Incitar a los estudiantes a tomar las calles de Guayaquil en el 2010, en un momento en que Correa fue brevemente un rehén de la policía. El gobierno dice que los actos de Zamora fueron equivalentes a apoyar un golpe de estado. Siete personas en Cotopaxi enfrentan también cargos de terrorismo por encabezar una protesta similar.
Durante el 2011, hubo 204 líderes ambientales y de la sociedad civil acusados de terrorismo, según el Programa Andino de Derechos Humanos en la Universidad Simón Bolívar. Además, 48 líderes sindicales y 20 periodistas han enfrentado cargos criminales. La universidad no ha suministrado cifras actualizadas porque el gobierno disputa los datos del 2011, lo que llevó a la casa docente a someter sus datos a una comisión internacional, que todavía no ha dado a conocer sus hallazgos.
Las leyes se violaron en algunos de esos casos, dice Carlos David Herrera, un profesor de derechos humanos en la Universidad Católica de Quito, pero pocos, si es que hay alguno, pueden considerarse terrorismo. En su lugar, los cargos parecen estar hechos para silenciar a los críticos del gobierno.
“Oyes la palabra ‘terrorismo’ y ésta evoca todo tipo de imágenes”, dijo Herrera, al destacar que a algunos grupos de derechos humanos les preocupa defender a terroristas. “Pero la realidad es que esas personas realizaban marchas que, en su mayoría, eran absolutamente inocentes, y cuando hubo violencia, ellos no estuvieron directamente involucrados”.
El gobierno dice que el gobierno simplemente hace cumplir la ley y controla a organizaciones y conglomerados de prensa que actúan más como partidos políticos que como observadores neutrales. Antes de que Correa asumiera su cargo en el 2007, el país tuvo siete presidentes en una década – algunos derrocados durante manifestaciones masivas. Muchos en esta nación de 15 millones de habitantes están agradecidos por la estabilidad, y Correa ganó fácilmente la reelección en febrero pasado.
“Correa le está quitando el poder a los ricos para enfocarse en los pobres – él es el único que se ha preocupado de nosotros”, dijo Gonzalo Pérez, un electricista de 65 años de edad, sentado frente al palacio presidencial. “Es por eso que los medios lo odian, porque ellos están perdiendo poder”.
Pero la popularidad de Correa ha sido dura con la oposición, dijo Zamora, la líder sindical sentenciada a ocho años de prisión. Ella reclama que se convirtió en un objetivo porque guió a miles de maestros a la capital –semanas antes de la crisis que mantuvo como rehén a Correa– para protestar por reformas a la educación que incluían despidos. Durante su juicio, ella dijo que Correa y sus ministros pidieron abiertamente su condena.
“Mi único delito fue tener el valor para desafiar la arrogancia y el autoritarismo del gobierno, y no someter al sindicato de maestros al chantaje de Correa”, dijo Zamora, quien se encuentra en libertad pendiente de una apelación. “Voy a la escuela todos los días y enseño a niños de 10 años. ¿Cómo puedo ser acusada de terrorismo y ser todavía una maestra? Se lo digo, porque nunca he cometido un delito en mi vida”.
Correa, graduado de economista en EEUU, ha abrazado la izquierda latinoamericana mientras se enoja con lo que ve como la hipocresía estadounidense y su influencia indebida en la región.
Mientras Estados Unidos ataca las leyes de los medios en Ecuador y Venezuela, espía a su propia prensa, dijo recientemente Correa a sus partidarios. Y mientras cuestiona el expediente de derechos humanos de otros países, reconoce que ha torturado a sospechosos de terrorismo y ha mantenido durante años a detenidos en Guantánamo sin celebrarles un juicio.
La semana pasada, después de rechazar las preferencias comerciales de EEUU que se usaban para presionar a su gobierno en el caso Snowden, Correa dijo que le enviaría $23 millones al año a Estados Unidos para ayudarlo a mejorar su expediente de derechos humanos.
“Ecuador no está moralmente por encima de ningún país en el mundo”, dijo Correa. “Pero tampoco podemos aceptar posiciones cínicas llenas de doble moral que no se basan en la lógica o la verdad, sino en la fuerza y el poder”.
Correa se menciona a menudo como un posible sucesor del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y el hacerse cargo de conflictos como el caso Snowden sólo refuerza esa percepción.
“Mientras se separa de Estados Unidos, Correa surge como el líder izquierdista más poderoso de la región”, escribió Stratfor, el grupo de investigación con sede en Estados Unidos. “Correa ha dado la estabilidad política que el país carecía una década antes de su gobierno. Junto a un mayor gasto social, la estabilidad le da a Correa un importante apoyo político que otros líderes izquierdistas no tienen”.
“Sabemos que tienen el poder para destruirnos”, dijo Correa de Estados Unidos. “Pero si mi posición honesta y soberana provoca represalias que dañan a mi país, no tendré problemas en hacerme a un lado. Mi trabajo está siempre a disposición de mis jefes, el pueblo ecuatoriano”.
Castro, el líder estudiantil, admira la posición de principios de Correa y dice que darle asilo a Assange y Snowden es lo correcto. El sólo desea que el gobierno sea tan generoso con sus propios críticos.
“Si alguien revela documentos o actos de corrupción en este gobierno, mejor que encuentre otro país donde vivir”, dijo Castro. “Si fuera un periodista, y verdaderamente comprendiera las políticas nacionales de Ecuador, éste es el último lugar donde buscaría asilo”.
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