Las uniones civiles entre personas del mismo sexo no son equivalentes al matrimonio. No lo decimos nosotros, sino la Oficina de Administración de Personal del Gobierno de los Estados Unidos, que tras la declaración de inconstitucionalidad de la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo) ha dejado claro que los beneficios federales plenos serán reconocidos solo a las parejas del mismo sexo legalmente casadas.
En un memorándum hecho público el 3 de julio, la Oficina de Administración de Personal recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos se refería expresamente al matrimonio entre personas del mismo sexo, no a otro tipo de uniones. Esta agencia federal considera por tanto que las parejas del mismo sexo que hayan contraído unión civil o vinculadas a través de otra institución jurídica distinta del matrimonio no están afectadas por la sentencia, si bien conservarán las pocas ventajas que les han sido reconocidas ya por la administración federal (aquellas que la DOMA no limitaba).
El criterio de la agencia ha sido recibido con sentimientos encontrados por parte de los activistas LGTB. Por una parte supone que muchas parejas del mismo sexo de estados que no permiten el matrimonio igualitario seguirán sin poder acceder a beneficios de los que sí dispondrían si se pudieran casar. Pero por otro da la razón a los activistas que siempre han denunciado la falacia del “separate but equal”, que defiende que es posible mantener una institución jurídica distinta al matrimonio para parejas del mismo sexo pero “con los mismos derechos”. Tribunal Supremo y Gobierno federal demuestran ahora que lo único que garantiza la igualdad entre parejas del mismo y de distinto sexo es que la institución jurídica que determina sus derechos y obligaciones sea exactamente la misma.
La decisión es de especial trascendencia para los cuatro estados que ofrecen a las parejas del mismo sexo uniones civiles supuestamente similares al matrimonio: Hawaii, Colorado, Illinois y Nueva Jersey (también Rhode Island, pero aquí el 1 de agosto entrará en vigor la ley de matrimonio igualitario recientemente aprobada). En el caso de Nueva Jersey, además, las uniones civiles fueron legisladas como respuesta a un fallo de la Corte Suprema del estado, que ordenó en 2006 equiparar totalmente los derechos de las parejas del mismo sexo a los de las parejas heterosexuales casadas, sin especificar la vía. Dos años después una comisión delegada encargada de evaluar el funcionamiento de las uniones civiles determinó por unanimidad que la existencia de dos categorías distintas promovía un tratamiento diferenciado hacia las parejas del mismo sexo y sus hijos. Finalmente la legislatura de Nueva Jersey, de mayoría demócrata, aprobó en febrero de 2012 una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue vetada por el gobernador republicano Christopher Christie. Y aunque la batalla parlamentaria no está definitivamente perdida (hasta enero de 2014 hay tiempo para levantar el veto) la situación creada tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos hace muy posible que cualquier nueva demanda que se plantee ante la Corte Suprema de Nueva Jersey desemboque en la obligatoriedad de reconocer el matrimonio igualitario.
Conviene recordar además que ya pocos días después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo la administración federal dejó claro que los beneficios federales podrán reconocerse a parejas del mismo sexo casadas en uno de los estados que lo permiten pero que residan en otro estado donde el matrimonio
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