En los últimos días los arrestos por parte de la seguridad cubana han sido más violentos, según activistas.
Juan O. Tamayo
La disidente cubana Ana Celia Rodríguez Torres afirma que la policía la arrestó, la golpeó y la mantuvo todo el día en un ómnibus bajo un calor abrasador, y que la dejaron en libertad a la mañana siguiente en un área remota del campo a 20 millas de su casa.
No es ninguna coincidencia que otra disidente en la provincia oriental de Santiago de Cuba, Yasnay Ferrer Santos, dice que fue sacada violentamente de un carro por la policía, mantenida todo el día y toda la noche en un carro patrullero y luego puesta en libertad en una carretera rural a 10 millas de su casa.
Agentes de la Seguridad del Estado de Cuba han cambiado recientemente sus tácticas en contra de opositores domésticos, incrementando el uso de la fuerza física y abandonándolos en lugares remotos para acosarlos e intimidarlos, de acuerdo con líderes disidentes y de activismo por los derechos humanos.
“Ha estado pasando decenas de veces, son demasiado, sólo en UNPACU varios centenares”, dijo José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo del organismo de oposición Unión Patriótica de Cuba.
Ferrer y Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de La Habana, dicen que ellos creen que saben cuándo y por qué empezó el cambio de táctica.
El 1 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza publicó un informe criticando el historial del gobierno cubano, y expresando una preocupación específicamente sobre el gran aumento en el número de detenciones a corto plazo de disidentes.
Aumento de detenciones
Esas detenciones, generalmente en estaciones de policía y diseñadas para acosar a los activistas de oposición, aumentaron de 2,074 en el 2010 a 6,602 el año pasado. El aumento se percibió como el resultado de un esfuerzo por parte del gobernante cubano Raúl Castro para distanciarse de las condenas de cárcel notoriamente largas que hizo comunes su hermano Fidel Castro pero manteniendo al mismo tiempo la presión sobre los disidentes.
Las detenciones a corto plazo ahora han caído, con 2,376 reportadas en los primeros siete meses de este año, en contraste con 4,051 en el mismo período del año pasado, según el informe más reciente de la comisión de Sánchez.
Pero ahora el aparato de seguridad estatal de la única nación de gobierno comunista en el Hemisferio Occidental está recurriendo cada vez con mayor frecuencia a otras tácticas, según Ferrer y Sánchez, incluyendo violencia física, abandono en áreas remotas, vandalismo de la vivienda de los disidentes y “actos de repudio” por parte de gamberros organizados por el gobierno.
Tres miembros de UNPACU han sido asaltados de noche por jóvenes vestidos de civil, dijo Ferrer. En uno de los casos, los atacantes fueron conocidos empleados de centros deportivos del gobierno, actuando en apariencia bajo órdenes de agentes de la seguridad del estado, agregó.
Se ha escuchado cada vez más a oficiales de la Seguridad del Estado a cargo de algunos de los arrestos ordenando a sus hombres que golpeen a los disidentes que encabezan las protestas o que gritan más alto, añadió Ferrer, y los disidentes están reportando más lesiones recibidas durante sus arrestos.
Violencia y lesiones
Sánchez dijo que su comisión ha recibido además crecientes reportes de violencia y lesiones durante arrestos, así como ataques a las casas de los disidentes con piedras, pintura y heces fecales y manifestaciones progubernamentales frente a las mismas.
Pero el cambio más significativo ha sido la disminución de las detenciones temporales en estaciones de policía y el aumento de las detenciones en carros y ómnibus policiales, seguidas por el abandono en áreas remotas sin transporte público y escaso tráfico de vehículos, dijeron Ferrer y Sánchez.
“Nosotros también lo estamos viendo. Parece que no les ha dado resultado llevarlos al calabozo”, dijo Berta Soler, líder de la organización disidente Las Damas de Blanco.
Rodríguez, de 43 años, economista desempleada, dijo que ella fue detenida y luego puesta en libertad en lugares alejados cuatro veces solo en los últimos meses para impedirle asistir a reuniones de oposición, muchas de ellas en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, la santa patrona cubana, en el poblado de El Cobre.
El mes pasado, ella fue retenida durante largas horas en ómnibus y autos policiales, sin que le dieran agua o alimento alguno a pesar del calor sofocante, y fue puesta en libertad en un remoto camino cerca de una vaquería, dijo. En junio ella fue puesta en libertad en el camino de una playa a 21 millas de su casa, dijo.
Cada detención fue acompañada de puñetazos y maltratos físicos, dijo a El Nuevo Herald por teléfono durante el receso de una reunión de UNPACU en la casa de Ferrer en Palmarito de Cauto. Cuando Ferrer preguntó a su grupo cuántos de ellos habían sido detenidos y abandonados en puntos remotos, seis levantaron la mano, dijo él.
Yasnay Ferrer —quien no es familia del líder de UNPACU—, dijo que la empujaron, la tiraron al suelo o le dieron puñetazos en casi todas de las cinco o seis ocasiones en que ella estuvo detenida en los meses recientes.
“Lo que estamos viendo es una verdadera metamorfosis en las modalidades de represión política”, dijo Sánchez por teléfono desde La Habana. “Debido a todas las críticas, el número de detenciones (a corto plazo) ha disminuido visiblemente mientras que estos otros procedimientos de intimidación se usan más”.
Sánchez señaló además que, solo este mes, Amnistía Internacional (AI) agregó cinco nombres a su lista de “prisioneros de conciencia” cubanos, la cual estaba vacía desde que Castro liberara a 116 presos políticos entre el 2010 y el 2011 tras conversaciones con la alta jerarquía de la Iglesia Católica.
Rafael Matos y Emilio Planas fueron arrestados en la ciudad oriental de Guantánamo en septiembre luego de que aparecieron carteles antigubernamentales por toda la ciudad. Ellos fueron convictos de “peligrosidad precriminal”, dijo el grupo de derechos humanos radicado en Londres.
Los jóvenes hermanos Alexeis, Django y Vianco Vargas Martín, de la provincia de Santiago de Cuba y todos miembros de UNPACU —fueron acusados de “usar violencia o intimidación contra un funcionario estatal”, según AI.
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