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General: UTAH se convierte en el estado 18º en permitir matrimonio gay
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From: cubanet20  (Original message) Sent: 21/12/2013 07:59
Un juez federal declara inconstitucional la prohibición
del matrimonio igualitario en Utah, bastión de la religión mormona
342020.jpg (520×343)
 
Un juez federal ha dictaminado este viernes 21 de diciembre que la prohibición estatal del matrimonio igualitario en Utah viola las garantías de igual protección y debido proceso recogidas en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Utah se convierte así en el 18º estado de los Estados Unidos en extender el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo.
 
Tan solo un día después de que la Corte Suprema de Nuevo México dictaminara a favor del matrimonio igualitario, Utah, uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos se ha unido al grupo de aquellos que respetan la igualdad de derechos. Bastión de la religión mormona, Utah no aparecía desde luego en las apuestas como el siguiente estado en reconocer este derecho a las parejas del mismo sexo, en un año 2013 decididamente histórico para los derechos civiles de las personas LGTB en los Estados Unidos.
 
El juez federal Robert J. Shelby ha fallado a favor de las tres parejas del mismo sexo que presentaron demanda ante la jurisdicción federal por habérseles negado el derecho a contraer matrimonio en Utah, o a que se reconocieran sus matrimonios celebrados en otro estado. El juez Shelby fallaba en su sentencia que “en aplicación de la ley tal y como está obligado a hacerlo, el tribunal sostiene que la prohibición de Utah del matrimonio entre personas del mismo sexo entra en conflicto con las garantías de la Constitución de los Estados Unidos de igual protección y debido proceso ante la ley. Las leyes actuales del estado niegan a los ciudadanos gays y lesbianas su derecho fundamental a contraer matrimonio y, al hacerlo, degradan la dignidad de las parejas del mismo sexo sin motivo racional. En consecuencia, el tribunal considera que estas leyes son inconstitucionales”.
 
En 2004, un 66% de los votantes del estado de Utah aprobó una enmienda a su Constitución que definía el matrimonio como “la unión legal entre un hombre y una mujer” y establecía que “ninguna otra unión doméstica, cualquiera que sea su denominación, podrá reconocerse como matrimonio u ofrecer los mismos efectos legales”. Es decir, no solo no se reconocía el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino también la posibilidad de una unión civil que recogiera algún beneficio sustancial. El Código Civil del estado recogía la prohibición expresa del matrimonio entre persones del mismo sexo e impedía el reconocimiento de cualquier derecho o beneficio a otro tipo de uniones distintas al matrimonio heterosexual.
 
Estas son las leyes que la sentencia del juez Shelby ha declarado inconstitucionales y, por tanto, han quedado automáticamente derogadas. Para el juez, “las cuestiones legales que se presentan en esta demanda no dependen de si las leyes de Utah fueron fruto de la legislatura o de un referéndum, o de si las leyes fueron aprobadas por un mayor o menor margen. La cuestión que aquí se presenta depende más bien de la propia Constitución, y de la interpretación de ese documento que figura en los precedentes vinculantes del Tribunal Supremo y la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito”.
 
El gobernador de Utah, Gary Herbert, se ha mostrado profundamente contrariado con la sentencia, llegando a calificar al juez de “activista” y afirmar estar trabajado con el fiscal general del estado para “determinar qué mejor camino seguir para defender el matrimonio tradicional dentro las fronteras de Utah”. Las alegaciones que el fiscal general hizo en la audiencia ante el juez federal no fueron estimadas por este, que en su sentencia alegaba que “el estado de Utah no ha aportado ninguna prueba de que el matrimonio entre personas de distinto sexo se vea afectado en modo alguno por el matrimonio entre personas del mismo sexo. En ausencia de tales pruebas, los infundados temores y especulaciones del estado son insuficientes para justificar su negativa a dignificar las relaciones familiares de sus ciudadanos gays y lesbianas. Por otra parte, la Constitución protege los derechos fundamentales de los demandantes, que incluyen el derecho a contraer matrimonio y el derecho a que ese matrimonio sea reconocido por su gobierno. Estos derechos no tendrían sentido is la Constitución también impidiera que el gobierno pueda interferir en las decisiones intensamente personales que un individuo adopta cuando decide comprometerse solemnemente con otro ser humano. Por ello, la Constitución protege la elección de pareja que hagan los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual “.
 
Al igual que la sentencia del día anterior en Nuevo México, la del juez Shelby hace un uso intensivo de los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al derogar la sección 3 de la DOMA el pasado mes de junio. Tanto los fallos como las argumentaciones utilizadas alimentan la esperanza de que sirvan de precedente para las 46 demandas presentadas en 22 estados diferentes en las que, de una u otra forma, se desafía la prohibición del matrimonio igualitario (entre ellos Arkansas, Carolina del Norte, Virginia, Kentucky o Pensilvania).
 
Primera boda del mismo sexo en Utah
 utahgaycouple.png (870×469)
 
Poco después de la publicación de la sentencia del juez Robert J. Shelby, que tenía efectos inmediatos, la pareja formada por Michael Adam Ferguson y J. Seth Anderson se dirigió a la Secretaría del condado de Salt Lake para obtener su licencia de matrimonio. La misma les fue facilitada por la vicesecretaria del condado, Wany Morrison, que no pudo contener las lágrimas.
 
Michael y Seth solicitaron un oficiante para celebrar la ceremonia de su matrimonio en ese momento, pero la emocionada vicesecretaria les comunicó que, muy a su pesar, no podía hacerlo ella misma, pues había recibido órdenes del fiscal del distrito de esperar hasta que el estado diera instrucciones.
 
Sin embargo, uno de los reporteros presentes para cubrir la noticia, Bob Henline del QSaltLake, les comunicó que tenía licencia para oficiar matrimonios, procediendo a celebrar la ceremonia inmediatamente y convirtiendo a Michael y Seth en la primera pareja del mismo sexo en casarse en el estado de Utah.
 
Con el fallo del juez Shelby, Utah se ha convertido en el 18º estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario (tras California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington). A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.


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Reply  Message 2 of 2 on the subject 
From: cubanet201 Sent: 04/01/2014 18:53
Utah solicita al Tribunal Supremo
de los Estados Unidos la suspensión del matrimonio igualitario
 
gay+marriage+good.jpg (650×366)
 
Bueno, bueno, bueno, este es un pais de leyes,  y siempre al final se hace justicia
lo malo de todo esto es que  los gastos del proceso será sufragado por los contribuyentes del estado de Utah, incluidos los contribuyentes LGTB contra cuyos derechos civiles se litiga.
  
El nuevo fiscal general de Utah, Sean Reyes, ha presentado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos una petición para que suspenda el matrimonio igualitario en el estado mientras se tramita la apelación contra la sentencia que lo permitió. Los expertos cifran en dos millones de dólares el gasto que supondrá el proceso de una apelación que alcance al Tribunal Supremo.
  
Agotadas todas las vías habituales para suspender la sentencia del juez Robert J. Shelby, que abría la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en el estado mormón, el fiscal general de Utah ha decidido recurrir al Tribunal Supremo para solicitar la suspensión. Sean Reyes acaba de tomar posesión de su cargo, tras la dimisión del anterior fiscal general, John Swallow, por encontrarse inmerso en una investigación por corrupción. Swallow presentó en su día sendas peticiones de suspensión que in el juez Shelby in la Corte de Apelaciones del 10º Distrito encontraron pertinentes. Tras la presentación de la nueva solicitud ante el Tribunal Supremo, la decisión ha recaído en las manos de la juez Sonia Sotomayor.
 
La juez Sotomayor abrió un periodo de presentación de informes cuyo plazo terminaba este viernes 3 de enero. Tras estudiar la solicitud del fiscal general de Utah y los informes presentados podrá fallar por sí misma o bien podrá convocar al pleno de los jueces del alto tribunal para que decidan.
 
Entre los argumentos esgrimidos por el fiscal Reyes para solicitar la suspensión del matrimonio entre personas del mismo sexo está la protección de los niños, que según él deben ser criados por un padre y una madre, citando para ello el polémico informe de Mark Regnerus, denostado incluso por su mismo autor. También arguye la vulneración de la decisión del pueblo de Utah, que en 2004 votó la prohibición del matrimonio igualitario. Por último, sorprendentemente, pretende velar por la protección de las parejas del mismo sexo. Según el fiscal, en el caso de que la sentencia del juez Shelby fuera anulada en apelación, también lo serían todos los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, y estas parejas verían perjudicados sus intereses al tener que devolver cualquier beneficio fiscal o social que hubieran obtenido. Argumentos que ya fueron desestimados en su día tanto por el juez Robert J. Shelby como por la Corte de Apelaciones del 10º Distrito.
 
Los abogados que defendieron ante el juez Shelby el matrimonio igualitario también han presentado una petición en la que solicitan a la juez Sotomayor que permita su continuidad en Utah. No por casualidad su informe alude repetidamente al histórico caso Windsor, que concluyó con la declaración de inconstitucionalidad de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía a la autoridad federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2013. La juez Sonia Sotomayor, considerada como perteneciente al sector liberal del alto tribunal, fue una de las que votó a favor de la derogación de la norma homófoba. Por otra parte, más de mil doscientos matrimonios entre parejas del mismo sexo se han celebrado en Utah desde la publicación de la sentencia del juez Shelby, lo que invita a pensar en la dificultad de aprobar una suspensión, más cuando el Tribunal Supremo tendría que contradecir con ello a la Corte de Apelaciones. A pesar de todo ello, cualquier decisión es posible.
 
El gobernador de Utah ha convocado oficialmente un concurso para recibir asistencia externa que preste asesoramiento en este caso, cubriendo tanto la apelación ante la Corte de Apelaciones como una posterior ante el Tribunal Supremo. Los expertos cifran en dos millones de dólares (casi un millón y medio de euros) la suma que supondrá en minutas y gastos procesales todo ese previsiblemente largo trámite, suma que será sufragada por los contribuyentes del estado de Utah, incluidos los contribuyentes LGTB contra cuyos derechos civiles se litiga.
 
En un comunicado, el colectivo de defensa de los derechos LGTB Human Rights Campaign ha criticado la contratación de estos expertos, y el gasto que ello supone, con las siguientes palabras: “defender la discriminación y gastar millones de dólares de los contribuyentes para hacerlo está más allá de cualquier explicación. Debería ser una afrenta para todos los habitantes de Utah que el dinero de sus impuestos, ganado con tanto esfuerzo, y que debería dedicarse a escuelas, carreteras o programas de salud, se utilice en su lugar para situarse en el lado equivocado de la historia”.



 
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