Utah solicita al Tribunal Supremo
de los Estados Unidos la suspensión del matrimonio igualitario
Bueno, bueno, bueno, este es un país de leyes, y siempre al final se hace justicia
lo malo de todo es que los gastos del proceso será sufragado por los contribuyentes del estado de Utah, incluidos los contribuyentes LGTB contra cuyos derechos civiles se litiga.
El nuevo fiscal general de Utah, Sean Reyes, ha presentado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos una petición para que suspenda el matrimonio igualitario en el estado mientras se tramita la apelación contra la sentencia que lo permitió. Los expertos cifran en dos millones de dólares el gasto que supondrá el proceso de una apelación que alcance al Tribunal Supremo.
Agotadas todas las vías habituales para suspender la sentencia del juez Robert J. Shelby, que abría la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en el estado mormón, el fiscal general de Utah ha decidido recurrir al Tribunal Supremo para solicitar la suspensión. Sean Reyes acaba de tomar posesión de su cargo, tras la dimisión del anterior fiscal general, John Swallow, por encontrarse inmerso en una investigación por corrupción. Swallow presentó en su día sendas peticiones de suspensión que in el juez Shelby in la Corte de Apelaciones del 10º Distrito encontraron pertinentes. Tras la presentación de la nueva solicitud ante el Tribunal Supremo, la decisión ha recaído en las manos de la juez Sonia Sotomayor.
La juez Sotomayor abrió un periodo de presentación de informes cuyo plazo terminaba este viernes 3 de enero. Tras estudiar la solicitud del fiscal general de Utah y los informes presentados podrá fallar por sí misma o bien podrá convocar al pleno de los jueces del alto tribunal para que decidan.
Entre los argumentos esgrimidos por el fiscal Reyes para solicitar la suspensión del matrimonio entre personas del mismo sexo está la protección de los niños, que según él deben ser criados por un padre y una madre, citando para ello el polémico informe de Mark Regnerus, denostado incluso por su mismo autor. También arguye la vulneración de la decisión del pueblo de Utah, que en 2004 votó la prohibición del matrimonio igualitario. Por último, sorprendentemente, pretende velar por la protección de las parejas del mismo sexo. Según el fiscal, en el caso de que la sentencia del juez Shelby fuera anulada en apelación, también lo serían todos los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, y estas parejas verían perjudicados sus intereses al tener que devolver cualquier beneficio fiscal o social que hubieran obtenido. Argumentos que ya fueron desestimados en su día tanto por el juez Robert J. Shelby como por la Corte de Apelaciones del 10º Distrito.
Los abogados que defendieron ante el juez Shelby el matrimonio igualitario también han presentado una petición en la que solicitan a la juez Sotomayor que permita su continuidad en Utah. No por casualidad su informe alude repetidamente al histórico caso Windsor, que concluyó con la declaración de inconstitucionalidad de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía a la autoridad federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2013. La juez Sonia Sotomayor, considerada como perteneciente al sector liberal del alto tribunal, fue una de las que votó a favor de la derogación de la norma homófoba. Por otra parte, más de mil doscientos matrimonios entre parejas del mismo sexo se han celebrado en Utah desde la publicación de la sentencia del juez Shelby, lo que invita a pensar en la dificultad de aprobar una suspensión, más cuando el Tribunal Supremo tendría que contradecir con ello a la Corte de Apelaciones. A pesar de todo ello, cualquier decisión es posible.
El gobernador de Utah ha convocado oficialmente un concurso para recibir asistencia externa que preste asesoramiento en este caso, cubriendo tanto la apelación ante la Corte de Apelaciones como una posterior ante el Tribunal Supremo. Los expertos cifran en dos millones de dólares (casi un millón y medio de euros) la suma que supondrá en minutas y gastos procesales todo ese previsiblemente largo trámite, suma que será sufragada por los contribuyentes del estado de Utah, incluidos los contribuyentes LGTB contra cuyos derechos civiles se litiga.
En un comunicado, el colectivo de defensa de los derechos LGTB Human Rights Campaign ha criticado la contratación de estos expertos, y el gasto que ello supone, con las siguientes palabras: “defender la discriminación y gastar millones de dólares de los contribuyentes para hacerlo está más allá de cualquier explicación. Debería ser una afrenta para todos los habitantes de Utah que el dinero de sus impuestos, ganado con tanto esfuerzo, y que debería dedicarse a escuelas, carreteras o programas de salud, se utilice en su lugar para situarse en el lado equivocado de la historia”.
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