Unos 56 funcionarios del chavismo enfrentarían sanciones del senado de EEUU
Senador republicano Marco Rubio, bastante antiguo en su forma de pensar y además con un historial de intolerancias hacia los gays muy grande
El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes el paquete de sanciones contra funcionarios del régimen venezolano involucrados en violaciones a los derechos humanos, medida adoptada por unanimidad tan solo 48 horas después que la senadora demócrata que había bloqueado la iniciativa perdiera su escaño en una segunda vuelta electoral.
La iniciativa, que suspende visas y congela propiedades en territorio estadounidense de una lista de funcionarios acusados, sanciona a una larga lista de funcionarios y militares que participaron en violaciones de los derechos humanos de cientos de estudiantes que participaron en las manifestaciones contra el régimen de Maduro previamente este año.
La resolución había sido bloqueada por la senadora demócrata por Luisiana Mary Landrieu, quien había presentado objeciones en agosto alegando su temor de que las sanciones pudieran provocar despidos en una planta que la petrolera venezolana Citgo posee en Luisiana.
Landrieu, que se había convertido en la única senadora estadounidense en salir en defensa del régimen chavista, perdió su puesto el fin de semana ante el republicano Bill Cassidy, cuya victoria terminó por destrabar la aprobación de las sanciones.
Según fuentes cercanas al proyecto de ley, unos 56 funcionarios del chavismo aparecen en una lista preliminar de posibles sancionables.
La resolución aprobada en el Senado, muy similar a la que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes bajo el liderazgo de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, solicita al presidente Barack Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro contra las personas que se manifiestan en su contra, acciones que han dejado un saldo de al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde febrero pasado.
El senador por Florida Marco Rubio -quien conjuntamente con el senador Bob Menéndez llevaba varios meses impulsando las sanciones- celebró la aprobación del proyecto de ley.
“Los Estados Unidos respaldan al pueblo de Venezuela en la lucha contra sus opresores en el régimen de Nicolás Maduro. Esta es un paso largamente esperado pero importante para demostrar el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, en palabras y en acciones”, dijo Rubio en un comunicado.
“Estas sanciones van contra funcionarios del régimen de Maduro y contra matones que han pasado la totalidad del 2014 autorizando y ejecutando asesinatos, golpizas, encarcelaciones injustificadas, juicios prefabricados y acusaciones absurdas contra sus oponentes políticos y venezolanos inocentes que exigen un mejor futuro”, agregó.
Personas familiarizadas con el proyecto de ley dijeron que las sanciones están divididas en diferentes tramos, con un total que podría eventualmente sumar entre 100 y 200 personas.
Entre los posibles sancionables se encuentran los funcionarios y los oficiales involucrados directamente en la represión en Venezuela, incluyendo al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, al actual jefe de ese organismo, Iván Hernández Dala y al ex canciller, Elías Jaua.
También aparece el ex ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, la fiscal Luisa Ortega Díaz y los gobernadores Francisco Rangel Gómez, Alexis Ramírez, José Gregorio Vielma Mora y Henry Rangel Silva.
El proceso para aprobar las sanciones pasa ahora a un proceso de reconciliación entre los proyectos del Senado y la Cámara Baja, para luego ser sometida a la firma del presidente Barack Obama.
Varias organizaciones no gubernamentales, que velan por la preservación de los derechos humanos, han denunciado que el uso de la tortura contra los manifestantes se ha vuelto una práctica usual por parte de los agentes del chavismo, documentando docenas de denuncias.
El Senado adoptó la iniciativa al día siguiente que Maduro anunciara públicamente que estudiaba las relaciones con Washington debido a informes que tendría de una supuesta injerencia de la embajada estadounidense en el país.
Dijo también que tomará medidas para combatir lo que cataloga como intentos de desestabilizar su gobierno.
Estados Unidos aseguró el lunes que su embajada en Caracas opera apegada a convenios internacionales.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
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