Las confiscaciones, un escollo para la reconciliación Cuba-EEUU
Sede de Bacardí en Santiago de Cuba. Luego de que Fidel Castro bajara de las montañas para asumir el control de la isla, el nuevo gobierno, mayormente entre 1959 y 1961, expropió la mayor parte de los activos corporativos y personales de EEUU en ese país. MARTHA BRANNIGAN / El Nuevo Herald
Si es cierto que el diablo se esconde en los detalles, como dice el dicho, un problema infernal en la vía de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba será encontrar una manera de resolver las reclamaciones de compañías e individuos estadounidenses que perdieron propiedades en la revolución cubana hace ya más de medio siglo.
Luego de que Fidel Castro bajara de las montañas para asumir el control de la isla, el nuevo gobierno, mayormente entre 1959 y 1961, expropió la mayor parte de los activos corporativos y personales de EEUU en ese país. Eso incluyó unos dos millones de acres de tierras, por ejemplo de cañaverales, además de fábricas, compañías de servicios básicos, de operaciones mineras y puertos.
Ciudadanos estadounidenses han presentado reclamaciones certificadas por alrededor de $7,000 millones en contra del gobierno cubano, en base a las actas de la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero de EEUU (FCSC), una sección del Departamento de Justicia autorizada a resolver ese tipo de asuntos.
Entre los reclamantes están Exxon Corp., Texaco, Coca-Cola Co. y Colgate-Palmolive Co., además de otras compañías norteamericanas de primera línea, pero además incluyen a muchos individuos con reclamaciones de menor escala, que llegan hasta la pérdida de una bicicleta.
“Buscar la manera de resolver esas reclamaciones va a ser un proceso sumamente complicado, porque Cuba no tiene $7,000 millones”, dijo Mauricio Tamargo, asociado del bufete legal PobleteTamargo LLP, quien dirigió la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero del 2002 al 2010. “Hará falta mucha creatividad para resolver esta deuda”.
Muchos reclamantes han muerto, o en el caso de las compañías, han sido adquiridas o se han fundido con otras entidades.
Entretanto, el gobierno cubano tiene presentadas reconvenciones contra Estados Unidos por daños económicos derivados del prolongado embargo.
Tras el histórico anuncio del presidente Obama sobre sus planes de normalizar las relaciones diplomáticas, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado de EEUU para asuntos el Hemisferio Occidental, hizo referencia de pasada al asunto de las reclamaciones en una entrevista con la prensa el jueves. Jacobson dijo que habrá que resolver ese tema, pero sugirió que eso ocurriría probablemente después de que se reanuden los lazos diplomáticos.
Al esbozar el proceso que se avecina, Jacobson dijo que representantes de ambos gobiernos comenzarán pronto a trabajar en los detalles de modo en que EEUU puede hacer la transición a tener una embajada en la isla.
“Pero hay otras cosas que se tienen que acordar que siempre han sido parte de la discusión de relaciones diplomáticas con Cuba, tales como las reclamaciones registradas contra el gobierno cubano”, afirmó Jacobson. Ella agregó: “No creemos que esas son cosas que puedan resolverse antes de que se reanuden las relaciones diplomáticas, pero consideramos que deberían ser parte de la conversación”.
Expertos están de acuerdo en que si el esfuerzo de la administración de Obama por reanudar lazos diplomáticos evoluciona hacia la terminación del embargo, el asunto de las reclamaciones será seguramente parte de ese proceso.
La Ley Helms-Burton, que define particularidades del embargo, establece como una condición esencial de la reanudación de plenas relaciones económicas y diplomáticas que esas reclamaciones tienen que resolverse.
Pero todavía está por verse cómo y cuándo ambos gobiernos abordarán el tema tras las históricas decisiones tomadas esta semana.
“Antes de que podamos llegar al tipo de relaciones que tenemos con China, por ejemplo, el asunto de las reclamaciones tendrá que resolverse de un modo o de otro”, dijo Patrick J. Borchers, director y profesor de leyes del Instituto Werner en la Universidad Creighton en Omaha, Nebraska, el cual encabezó en el 2007 un estudio sobre las reclamaciones a Cuba.
La Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero, establecida en 1964, ha certificado 5,913 reclamaciones, de acuerdo con Timothy Ashby, abogado de la Florida radicado ahora en Londres que ha trabajado además extensamente en el tema. La comisión completó su proceso inicial en 1972, y luego añadió dos reclamaciones adicionales en el 2005.
Las reclamaciones eran originalmente de $1,700 millones, pero aumentaron en valor a alrededor de $7,000 millones al calcularle un interés simple anual del 6 por ciento.
El proceso de la FCSC se ocupa de las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses. Las de los cubanoamericanos y cubanos todavía en la isla que perdieron propiedades no se incluyen.
Cuba ha llegado a acuerdos anteriormente con respecto a reclamaciones de toda una serie de países, como España, Canadá, Francia y Suiza, relacionadas con la expropiación de activos.
Con el tiempo, se han expresado diversas ideas sobre cómo llegar a un acuerdo en el caso de la gigantesca disputa con firmas y ciudadanos estadounidenses.
En el 2006, Ashby, quien estaba entonces radicado en Miami, creó una compañía que se dedicó a adquirir reclamaciones certificadas a precios descontados. Ashby dijo que el gobierno cubano “estaba dispuesto a establecer empresas de capital de riesgo y otras empresas mixtas” a cambio de satisfacer la deuda.
Pero sus esfuerzos, dijo, se vieron frustrados por la administración del presidente George W. Bush, quien dijo que el proceso requería una licencia de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la cual nunca les fue entregada.
“Era un círculo vicioso”, dijo Ashby. “Ellos nos paralizaron al establecer la necesidad de una licencia, y la compañía quedó inactiva”.
Un estudio del 2007 de la Universidad Creighton, financiado por USAID, desarrolló un modelo para resolver las reclamaciones que incluiría brindar a los reclamantes oportunidades económicas en la isla, tales como derechos de construcción o zonas libres de impuestos en lugar de dinero.
“El mayor problema práctico es que Cuba ciertamente no cuenta con las divisas fuertes para pagar ninguna proporción sustancial de estas reclamaciones”, afirmó Borchers, el profesor de leyes de Creighton.
Brindar oportunidades para el desarrollo económico “ayudaría a la economía cubana y al pueblo cubano”, añadió.
Una embotelladora de Coca Cola en Santa Clara, una de las propiedades confiscadas.
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