Contra la discriminación
Cientos de personas protestan el sábado pasado frente al edificio de la Asamblea Estatal
de Indiana contra una ley firmada por el gobernador Mike Pence, diciendo que discrimina a los gays.
POR SERGIO MUÑOZ BATA - El Nuevo Herald
El estado de Indiana ha promulgado una ley que ha creado una enorme controversia en todo Estados Unidos. El asunto, sin embargo, es de alcance global porque, al menos en teoría, contrapone el tema de los derechos humanos con el de la libertad religiosa, dos derechos universales.
Según el gobernador y la mayoría en la legislatura estatal, todos conservadores republicanos, el propósito de la ley es proteger la libertad religiosa de las personas oponiéndose a los continuos embates del gobierno federal empeñado en legislar sobre las creencias de la gente.
Quienes se oponen a la implementación de la ley mantienen que su aplicación conduciría necesariamente a la discriminación porque permitiría que amparado por la ley estatal una persona o el dueño de un negocio le negara un servicio a cierto tipo de individuos, por ejemplo homosexuales, alegando que ofrecerlo va en contra de sus creencias religiosas.
Según Eric Miller, director ejecutivo del grupo de Advance America, y quien fuera uno de sus principales promotores, la nueva ley podría ayudar a los panaderos, floristas o fotógrafos cristianos evitar ser sancionados si se niegan a ofrecer sus servicios a un matrimonio homosexual. Asimismo, dijo Miller, protegería a las empresas dirigidas por cristianos que se niegan "a permitir que un hombre (transexual) use el baño de las mujeres", y resguardaría legalmente a las iglesias que se niegan a permitir que sus instalaciones se utilicen para bodas entre personas del mismo sexo.
Según la nueva ley, si la negativa de servicios fuera impugnada en los tribunales, el juez tendría que equilibrar la “carga religiosa” con el "interés obligatorio" del Estado para prevenir la discriminación, de acuerdo con la ley federal.
Es evidente que esta ley promueve la discriminación de las personas gay pero no solamente de ellas porque el mismo argumento podría ser utilizado en el caso de que un judío, musulmán o un ateo solicitaran servicios fotográficos o quisieran rentar un salón para una boda. Ambos servicios les podrían ser negados si el servidor aduce que atentan contra su fe cristiana.
El debate en Indiana no surge de manera espontánea. El año pasado, el gobierno estatal fue obligado por los tribunales a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo después de que la legislatura local lo prohibió. Y es precisamente en este contexto en el que hay que entender la nueva ley. Los conservadores ven esta legislación como la última línea de defensa en contra de la tendencia mundial hacia la tolerancia de la diversidad y el respeto a la autodeterminación de las personas.
Como era de esperarse, los políticos ya han tomado posiciones de manera previsible. Lo interesante e imprevisible ha sido la reacción de compañías, corporaciones, iglesias y organizaciones deportivas y cívicas que se han manifestado en contra de la ley. Así por ejemplo, la compañía de tecnología Salesforce.com, que tiene su sede en Indiana, ya anunció que cancelará todos sus eventos en el estado. Yelp, la compañía que publica reseñas de negocios por toda la nación, ha criticado duramente la promulgación de la ley. Varias compañías han anunciado que vetarán al estado para realizar sus convenciones, el ejecutivo en jefe de la Cámara de Comercio de Indiana ha declarado que la ley es “absolutamente innecesaria”, y la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, que lleva un siglo establecida en Indianápolis, ha anunciado que no celebrarán su convención de 2017 en esa ciudad.
“La medida”, escribió el prominente agente deportivo Arn Tellem, “codifica el odio bajo la cortina de humo de la libertad y hace peligrar los avances obtenidos. Legaliza la discriminación contra individuos L.G.B.T. y causará un daño irreparable a mucha gente”.
Durante un programa de televisión este domingo se le preguntó al gobernador que pasaría si amparados en la nueva ley un negocio se negara a ofrecer sus servicios a homosexuales. La respuesta fue infame: “No estamos hablando de disputas entre individuos”, dijo Mike Pence, “estamos hablando de un gobierno que se extralimita”. No, gobernador, sí estamos hablando de discriminación a individuos. Además, promulgar leyes que protegen la orientación sexual de las personas no es un abuso del gobierno federal, es una obligación porque pertenece al ámbito de los derechos civiles.
Sergio Muñoz Bata
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