El Supremo de EE UU
estudia el derecho al matrimonio igualitario
Decenas de personas aguardan delante del Tribunal Supremo en Washington.
El Tribunal este martes puede legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo
Por Cristina F. Pereda - Washington
El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia este martes un caso que puede poner el broche final a uno de los movimientos por los derechos civiles de las últimas décadas: el derecho al matrimonio igualitario. Doce parejas homosexuales han pedido a la máxima autoridad judicial que reconozca el derecho a casarse para todos los ciudadanos y en todos los Estados. Si la mayoría de los jueces dan la razón a los demandantes, EE UU puede establecer el derecho a la igualdad de gais y lesbianas a nivel federal.
¿Qué deben decidir los jueces?
Los nueve magistrados estudian cuatro casos que han planteado dos preguntas similares. La primera es si la Decimocuarta Enmienda de la Constitución requiere a los Estados que otorguen licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, es decir, si los homosexuales tienen derecho a casarse. La segunda es si esta misma Enmienda, que prohíbe a los estados negar la misma protección a todos los ciudadanos, les obliga también a reconocer aquellos matrimonios contraídos en estados o países que sí está legalizado.
¿Cómo llegó el caso al Supremo?
Las leyes de los estados de Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee defienden que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Los demandantes argumentan que al serles negados tanto su derecho a casarse como a ser tratados en condiciones de igualdad, con acceso a los mismos beneficios que una pareja hetersexual, los Estados están violando su derecho a la igualdad. Hasta ahora todas las instancias judiciales les han dado la razón, pero la última Corte de Apelaciones respaldó la vigencia de las leyes argumentando que son los Estados quienes tienen competencia para definir las leyes de matrimonio y no el Gobierno federal. Ahora deberá ser el Supremo quien aclare la constitucionalidad de las normativas.
¿Quiénes son los demandantes?
Son doce parejas que denunciaron la negativa de estos estados a concederles una licencia matrimonial por ser homosexuales. En uno de los casos, un hombre de Ohio se querelló contra el estado por no dar validez a su matrimonio con su pareja, ya fallecida, negándole por tanto su herencia. En otro, una pareja de lesbianas considera que el Estado perjudica los derechos de sus cuatro hijos adoptados -cada una adoptó a dos de ellos- ya que, al carecer de validez su matrimonio, en el caso de fallecer una de ellas la otra no tendría la custodia de los menores.
¿Qué factores considerará el Tribunal?
Para saber si los estados implicados en este caso han violado el derecho a la igualdad de los demandantes, el Tribunal puede aplicar tres niveles distintos de “escrutinio”. En el nivel más alto y el más difícil de demostrar, los jueces deben determinar si un Estado ha discriminado contra una persona por cuestión de raza, por ejemplo, para satisfacer el interés general. El nivel intermedio, los jueces estudian si una persona ha sido discriminada por una cuestión de género para satisfacer el interés del gobierno. En este caso la ley estatal puede ser rechazada si el individuo ha sido discriminado en base a estereotipos, prejuicios o por una razón que solo satisface el interés del estado, pero no del país. El nivel inferior es el reservado para casos en los que la discriminación se basa en razones de odio.
La novedad en este caso es que los jueces todavía no han determinado que nivel de escrutinio debe aplicarse en demandas de discriminación por orientación sexual. Sólo ha habido dos casos anteriores, en 1996 y 2013, y en ambos los jueces dictaron sentencia sin especificar cómo deben justificar los estados cualquier ley que viole el derecho a la igualdad de un ciudadano por ser homosexual. Si los jueces deciden que se debe aplicar el nivel más alto de control para casos de discriminación por orientación sexual, la sentencia afectaría a leyes más allá de las del matrimonio.
Argumentos a favor
Los demandantes aseguran que el derecho al matrimonio está protegido por la Constitución desde el siglo XIX y que la Corte lo respaldó como “derecho fundamental” en 1978. Aseguran además que ese derecho se puede ampliar a nuevas parejas como en la sentencia de 1967 en el caso Loving vs. Virginia, cuando el Supremo reconoció el derecho a casarse a parejas interraciales. De no incluir a las parejas homosexuales, aseguran, los Estados discriminan contra ellos por su orientación sexual. La exclusión, afirman, “niega a los homosexuales la dignidad que proviene del matrimonio así como la red de protección y responsabilidades mutuas que se conceden a las parejas casadas y sus familiares”.
El juez Anthony Kennedy (segundo por la izquierda) se ha alineado con los magistrados progresistas en las última sentencias sobre la igualdad de los homosexuales. En la imagen, junto a los jueces John Roberts, Ruth Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
El Gobierno federal se ha personado en el caso del lado de los demandantes junto a otras 71 instituciones, 167 miembros de la Cámara de Representantes, 44 senadores y 226 alcaldes de todo el país. La Administración Obama pide a los jueces que apliquen el nivel más alto de escrutinio sobre las leyes que prohíben el matrimonio igualitario. Alegan además que los demandantes cumplen con los requisitos legales que demuestran que no disfrutan de la misma protección porque hay una trayectoria de discriminación contra ellos, su orientación sexual no les impide participar en sociedad, forma parte de su identidad y tienen un poder político limitado para defender sus demandas.
Argumentos en contra
Los estados piden al Tribunal que les devuelva su potestad para determinar qué es el matrimonio y quién tiene derecho a casarse. El Supremo declaró inconstitucional la definición federal de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y, desde entonces, varios Estados exigen que sean sus legislaturas y no el Gobierno federal quien lo regule. Afirman, además, que su definición no está basada en la discriminación sino en la defensa de una idea tradicional y que el caso debe resolverse creando el derecho a casarse para las personas del mismo sexo, pero en una institución separada de la del matrimonio.
La Corte ha recibido declaraciones escritas de 70 organismos que respaldan las prohibiciones impuestas por los estados. Entre ellas se encuentran Family Research Council, que alega que el matrimonio igualitario destruirá la institución del matrimonio como se conoce hasta ahora, o el excandidato presidencial Mike Huckabee, que defiende que el “estilo de vida” homosexual es una amenaza para la salud pública.
¿Por qué esta sentencia puede ir más lejos que la de 2013?
En 2013 el Tribunal Supremo estableció que el Gobierno federal no puede discriminar contra parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio en Estados o países donde ya esté legalizado, declarando inconstitucional la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la sentencia no dijo que exista un derecho a casarse para las personas del mismo sexo ni que los estados estén obligados a conceder ni reconocer estas uniones.
Esa es la pregunta que debe responder ahora el Supremo. Si da la razón a los demandantes, puede legalizar el matrimonio igualitario en todo el país. Si se la da a los estados, abriría un proceso complejo en el que cada gobierno estatal pueda regularizar el matrimonio a su manera, sin que pueda prevalecer una sola norma federal.
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