Un crimen que aún permanece impune
24 de febrero: 20 aniversario de la masacre de Hermanos al Rescate
En febrero del 2015 el presidente Barack Obama prorrogó el documento aprobado en 1996 tras el derribo de las dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate.
Han pasado veinte años, pero los sobrevivientes del ataque de cazas MiG cubanos contra tres avionetas de Hermanos al Rescate no pueden olvidar "el miedo en los huesos" que sintieron durante la persecución de casi una hora que convirtió un día soleado en el Estrecho de Florida en un infierno.
El exilio en Miami rinde homenaje este 24 de febrero, a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por parte de la fuerza aérea cubana, una tragedia que marcó un hito en la historia de la diáspora cubana.
Cuatro personas sobrevivieron el ataque con misiles ocurrido el 24 de febrero de 1996, pero cuatro pilotos de la brigada humanitaria perdieron la vida: Carlos Alberto Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre, Jr.
Ese sábado, en un lapso de siete minutos, fueron fulminadas dos avionetas en el espacio aéreo internacional, la acción de los Hermanos al Rescate
La Habana alega que las naves violaron el espacio aéreo cubano, lo cual fue desmentido por peritajes internacionales y la Organización Internacional de la Aviación Civil. Washington mantiene que se encontraban en espacio aéreo internacional, al norte de la isla.
Años después de los sucesos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desmanteló en 1999 la llamada Red Avispa, con decenas de espías. Cinco agentes cubanos fueron convictos en Estados Unidos. El jefe de la red, Gerardo Hernández, fue condenado a cadena perpetua por su participación en el derribo de las avionetas.
Expertos han apuntado que el derribo de las avionetas permitió a Fidel Castro desplegar una ofensiva contra la oposición interna y la coalición opositora Concilio Cubano, que había ganado reconocimiento en Europa.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, dijo a Efe que fue una situación para propiciar el terror, pero que también hubo calma.
La reacción de Estados Unidos
En febrero del 2015, casi tres meses después del anuncio de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama renovó un año más la Declaración de Emergencia contra Cuba aprobada en 1996, durante el mandato de Bill Clinton.
"El Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso de fuerza excesiva contra buques o aeronaves estadounidenses que pueden participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba", indicó Obama en un comunicado justamente hace un año.
La proclamación emitida inicialmente por el presidente Bill Clinton el 1 de marzo de 1996, buscaba hacer frente a la amenaza de una perturbación de las relaciones internacionales como consecuencia del derribo de estas avionetas, el 24 de febrero de ese año.
El 26 de febrero de 2004, Estados Unidos extendió el estado de emergencia para negar cualquier apoyo económico y material al Gobierno de La Habana.
La vigencia de esta decisión incluye la regulación del anclaje y circulación de flotillas de buques en actividades pacíficas de protesta y de homenaje.
Obama señaló en aquella ocasión que la entrada no autorizada de cualquier buque registrado en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas "continúa siendo perjudicial para nuestra política exterior".
El texto íntegro de la Declaración firmada por Clinton
Buenas tardes. Hace dos días, a plena luz del día y sin justificación, aviones militares cubanos derribaron dos avionetas civiles en el espacio aéreo internacional. Esfuerzos de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, que comenzaron inmediatamente después de haber recibido la noticia del incidente, no han podido encontrar a ninguna de las cuatro personas que estaban a bordo de las avionetas.
Estos pequeños aviones no estaban armados y eso estaba claro. Las autoridades cubanas lo sabían. Las avionetas no representaban ninguna amenaza creíble para la seguridad de Cuba.
Aunque el grupo que operaba los aviones había entrado antes, en otros vuelos, en el espacio aéreo cubano, esto no es excusa, ni proporciona – quiero enfatizarlo - ninguna base jurídica bajo la ley internacional para el ataque. Seamos claros: este derribo de aviones civiles fue una violación flagrante del derecho internacional. Es inapropiado, y Estados Unidos no lo va a tolerar.
El ataque del sábado es una prueba más de que La Habana está más desesperada en sus esfuerzos por negar la libertad al pueblo de Cuba. También para el sábado Concilio Cubano, una coalición que busca llevar la democracia a Cuba, había planeado una jornada de discusión y debate pacíficos. En su lugar, en los días previos a la reunión, decenas de activistas fueron detenidos. Dos de ellos ya han sido condenados a largas penas de prisión. Ellos se unen a cerca de 1.000 más que están en prisión en Cuba únicamente por sus deseos de libertad.
Ahora, el derribo de estos aviones exige una respuesta firme, tanto por parte de los Estados Unidos como de la comunidad internacional. Me complace que hoy la Unión Europea haya condenado enérgicamente esta acción.
Anoche, siguiendo instrucciones mías, la Embajadora (de EE.UU. en la ONU Madeleine) Albright convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar la acción cubana y para explicar las sanciones a Cuba hasta que se comprometa a cumplir con su obligación de respetar los aviones civiles y compense a los familiares de las víctimas.
También estoy ordenando hoy las siguientes medidas unilaterales:
En primer lugar, estoy pidiendo al Congreso que apruebe una legislación para proporcionar compensación inmediata a las familias, algo a lo que tienen derecho en virtud de la ley internacional, a partir de los activos cubanos congelados aquí en los Estados Unidos. Si el Congreso aprueba esta legislación, podremos ofrecerles compensación inmediata.
En segundo lugar, me apresuraré a llegar a un acuerdo con el Congreso sobre la pendiente ley Helms-Burton sobre Cuba a fin de fortalecer la eficacia del embargo de manera que haga avanzar la causa de la democracia en Cuba.
Tercero, he ordenado que Radio Martí amplíe su alcance. Todo el pueblo de Cuba debe poder conocer la verdad sobre el régimen de La Habana: el aislamiento al que se ha hecho acreedor a través de su menosprecio por los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional.
En cuarto lugar, estoy ordenando que se apliquen restricciones adicionales a los viajes dentro de Estados Unidos de funcionarios cubanos que residen aquí, y que se limiten más las visitas de funcionarios cubanos a nuestro país.
Por último, serán suspendidos indefinidamente todos los viajes aéreos chárter desde los Estados Unidos a Cuba.
Estas acciones deliberadas son las más adecuadas por el momento. Responden a La Habana de una manera que sirve a nuestro objetivo de acelerar la llegada de la democracia a Cuba. Pero no descarto otras medidas en el futuro, en caso de que fueran necesarias.
El ataque del sábado fue un espantoso recordatorio de la naturaleza del régimen cubano: represivo, violento, desdeñoso del derecho internacional. En nuestros tiempos, la democracia ha conquistado al mundo, desde Filipinas hace exactamente 10 años, a Europa Central y Oriental, a África del Sur, a Haití, y todas menos una nación en nuestro hemisferio. Haré todo lo que esté a mi alcance para lograr que esta marea histórica llegue a las costas de Cuba.
Permítanme concluir extendiendo en nombre de nuestra familia y nuestro país las más profundas condolencias a los familiares de los que perdieron la vida.
Un crimen que aún permanece impune
Al cumplirse 20 años del derribo de las avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate por misiles cubanos, los familiares de los pilotos abatidos no cesan de clamar justicia.
Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales murieron el 24 de febrero de 1996 cuando las avionetas Cessna en las que volaban fueron abatidas por aviones de guerra en espacio aéreo internacional, según comprobó un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), adscrita a la ONU.
"Fue un acto terrorista, premeditado, contra dos avionetas desarmadas. Ni siquiera fueron advertidos que podrían ser derribados", recordó Maggie Alejandre Khuly, hermana de Armando Alejandre, que junto a Mario, Carlos y Pablo, buscaba a refugiados cubanos en el mar y ayudaba a los guardacostas de EEUU a rescatarlos.
El día del derribo, que coincidió con el aniversario 101 del inicio de la Guerra de Independencia de Cuba, los pilotos, tres de ellos estadounidenses y uno cubano, notificaron sus planes de vuelo a las autoridades aéreas de Miami y de La Habana. La meta era llegar al llamado paralelo 24, ubicado en aguas internacionales, al norte del límite de las 12 millas de mar territorial de Cuba, en el Estrecho de la Florida.
Acorde al informe oficial de OACI, las avionetas se encontraban a 21 y 22 millas de la costa cubana, cuando dos aviones caza de la Fuerza Aérea cubana, un MiG-23 y un MiG-29, dispararon sus misiles contra ellas.
El ataque fue casualmente observado desde un buque crucero y un barco pesquero, así como desde la tercera avioneta de Hermanos al Rescate, al mando de José Basulto, presidente de la organización, que logró escapar.
Voluntad política
“Podemos decir que el Gobierno de Estados Unidos, desde Bill Clinton hasta Barack Obama, no tuvo voluntad política para hacer justicia. Optaron por sobrellevar la situación lo mejor posible para no perjudicar las relaciones internacionales. Prefirieron enfocar el caso como un problema de derecho internacional, y ahí quedó. Hoy vemos cómo ambos países restablecen relaciones diplomáticas, mientras tratan de rehacer las relaciones comerciales”, señaló Alejandre Khuly.
Hace apenas cinco días, durante un simposio conmemorativo en Miami, que fue organizado por la agrupación Patria Martí, Alejandre Khuly aseguró haber perdido la confianza en los Estados Unidos en cuestión de los derechos humanos.
“Si coinciden con el poder económico que necesita el país, entonces sí funcionan, si no, se olvidan por completo”, subrayó.
De hecho, Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, señaló que durante la presidencia de George W. Bush hubo cierta disposición para llevar a cabo “un proceso judicial justo”.
De la Peña recordó que lograron una condena al derribo de las avionetas en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como el veredicto de culpabilidad en un juicio civil contra el Gobierno de Cuba.
“Quisieron compensarnos con dinero del fondo para las familias víctimas del terrorismo, pero no lo aceptamos. No se trata de dinero, si fuera dinero tendría que venir del Gobierno de Cuba, no del contribuyente estadounidense”, resaltó Alejandre Khuly.
Entonces, el cubano Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa de espionaje cubano en EEUU, fue condenado por conspirar en el derribo de las avionetas.
Sin embargo, Hernández, que fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, obtuvo, junto a cuatro compañeros de causa por espiar, el perdón del presidente Barack Obama, como parte del proceso que restablecería las relaciones diplomáticas con Cuba.
Perspectivas
Tras 20 años del horrible suceso, los familiares de Armando, Carlos, Mario y Pablo refuerzan sus ansias para juzgar a los militares cubanos por su presunta participación en la consumación del hecho.
“Hay muchas maneras de apoyar la justicia. Una de ellas es llamar la atención de los medios de comunicación. Llamar a las cadenas de televisión, a la prensa, para que se ocupen de temas tan importantes como este”, manifestó De la Peña.
Alejandre Khuly recordó cómo lograron probar que “fue un crimen premeditado, durante el juicio al espía Gerardo Hernández. Incluso hay grabaciones, donde Fidel y Raúl Castro manifiestan la autorización del derribo”.
Y ahora, que Cuba y EEUU formalizan sus relaciones diplomáticas, e incluso hablan de facilitar el trabajo de la Organización Internacional de Policía Criminal, (INTERPOL), los familiares de los cuatro pilotos abatidos planean continuar sus esfuerzos.
“Si es cierto que INTERPOL podrá trabajar en Cuba, esperamos que podamos proceder judicialmente contra el general Rubén Martínez Puentes, que ordenó el ataque, y los pilotos Lorenzo y Francisco Pérez Pérez, que ejecutaron la orden. Vamos a ver si este gobierno o el próximo hacen algo para traer a esas personas a EEUU, para hacerles un juicio”, definió Alejandre Khuly.
De cualquier manera, la normalización de las relaciones diplomáticas abre la puerta a otras dificultades. La administración del Gobierno cubano no ha cambiado y los Castro no permitirían la extradición de los implicados porque eso significaría reconocer el acto violento y el daño ocasionado.
“Ha sido un año muy difícil, desde que el presidente Obama perdonó a Gerardo Hernández y lo devolvió a Cuba”, comentó Alejandre Khuly, visiblemente afligida. “Si el único acto de justicia que teníamos se esfumó, con una orden presidencial, sólo podemos decir que tenemos pocas esperanzas que el Gobierno estadounidense pida la extradición del general y los pilotos implicados”.
Más tarde reconoció: “Fidel y Raúl Castro nunca serán juzgados en EEUU, mucho menos ahora que hay intereses políticos y económicos. Además es algo muy complicado, pues es muy difícil juzgar a jefes de estado, a no ser que se trate de un genocidio de miles de personas e intervenga una corte internacional”.
De todas formas, quedan la fuerza y la esperanza.
“Quiero mencionar unas palabras del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, cuando habló sobre la [reciente] captura de los militares involucrados en la muerte de seis jesuitas en 1989: “Lo que interesa es que opere la justicia y que se recuerde el caso apegado al derecho por el bien de la sociedad”.
Más tarde recalcó: “Nosotros no queremos matar a nadie, sólo queremos justicia. No sabemos cómo lograremos la justicia, pero sí sabemos que nunca vamos a olvidar a Armando, Carlos, Mario y Pablo.”
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