MILITARES Y HOTELES
Los negocios estadounidenses continúan su avance en
Cuba, pese a las limitaciones y las presiones en todo sentido
Un gran letrero anuncia al primer hotel en Cuba operado por una firma norteamericana. Otra señal del actual cambio de la situación cubana, en que cada vez más las consignas revolucionarias se echan a un lado y se sustituyen por anuncios comerciales —y del simple hecho de que la Isla se convierte en un “país de marcas”—, pero también una indicación de la compleja y por momentos contradictoria relación entre el Gobierno cubano, la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos.
El Hotel Quinta Avenida Habana, de la empresa militar cubana Gaviota y ubicado en el vecindario de Miramar, es uno de los hoteles que serán administrados por Starwood Hotels & Resorts Worldwide bajo el acuerdo multimillonario firmado con Cuba en marzo, según la agencia Reuters. CUBAENCUENTRO ya había anunciado el acuerdo en su momento.
Durante décadas, este tipo de acuerdos estaban prohibidos por el embargo económico de EEUU hacia la Isla. Pero aunque el embargo sigue en pie, el gobierno de Barack Obama ha flexibilizado las restricciones para negociar e invertir desde que se anunció el deshielo entre los dos países en diciembre de 2014.
“Será un momento histórico”, dijo Nancy Sarabia, jefa de relaciones públicas del hotel. La reinauguración del hotel se realizó el martes, añadió, describiendo el hotel como un “símbolo de hermandad y colaboración.
Ya están disponibles las habitaciones en El Hotel Gaviota Quinta Avenida, para reservaciones futuras, con un precio aproximado de $200 la noche, anuncia la empresa estadounidense.
Starwood también anunció que durante el proceso de remodelación, que llevará varios meses, la instalación hotelera permanecerá abierta.
De acuerdo al website de Starwood, la empresa también comenzará a operar otro hotel propiedad del Gobierno cubano, el Hotel Inglaterra, dentro de su línea de Colección de Lujo (Luxury Collection brand) a partir del 31 de agosto.
La noticia contrasta con otra aparecida el pasado 3 de junio, cuando se supo que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó prohibir exportaciones a militares cubanos. Por su parte, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, quien favorece prohibir las transacciones con entidades militares cubanas.
Ese mismo mes el senador demócrata Bob Menéndez apoyó la propuesta de los dos republicanos cubanoamericanos Marco Rubio y Ted Cruz de presentar una ley para prohibir acuerdos financieros entre Estados Unidos y entidades militares cubanas.
La propuesta de ley fue presentada por siete senadores republicanos, siendo Menéndez el único demócrata en apoyar una ley que, además de prohibir transacciones con las fuerzas militares y de la Seguridad del Estado cubanas, busca conseguir la extradición de fugitivos de Estados Unidos refugiados en Cuba, así como la devolución de las propiedades privadas confiscadas a principios de la revolución.
¿Hace o no hace negocios Estados Unidos con los militares cubanos?
Con independencia de la complejidad del proceso legislativo estadounidense, donde una resolución de la Cámara no implica la existencia de la aprobación de otra similar en el Senado, una iniciativa de varios senadores no implica su aprobación por el pleno del cuerpo legislativo correspondiente, y la necesidad de una firma presidencial en el caso de cualquier propuesta de ley, asistimos a una especie de pugilato entre las ramas ejecutivas y legislativas que no se define simplemente por el enfrentamiento, sino fundamentalmente en pasos en una dirección y la contraria.
En la práctica resulta imposible excluir a los militares de una negociación comercial amplia. Como señala el analista Juan Juan Almeida en un artículo, “dejar de exportar productos americanos a instituciones dirigidas por militares cubanos implica no venderle a Cuba”. Simplemente por el hecho de que el paralelismo civil-militar con tentáculos bancarios y comerciales en varias latitudes del mundo, que por años protagonizaron los bandos de Fidel y de Raúl, ha dejado de existir.
“Desde el año 2009, cuando el GAE (Grupo de Administración Empresarial, S.A.) se apoderó de CIMEX (Cuba Import-Export, S.A.), le impuso como presidente al coronel Héctor Oroza Busutil y dispuso que la Central de Compras e Importaciones Nacionales quedara bajo las órdenes de Tecnoimport, (que no es una empresa fantasma, sus oficinas centrales están en el Edificio La Marina, Ave. del Puerto, No. 102, entre Justiz y Obrapía, Habana Vieja), conquistó, entre otras cosas, el último reducto “civil” despojándolo de las Tiendas Panamericanas, los Servi-Cupet (servicentros), las cafeterías El Rápido, los Videocentros y las tiendas fotográficas Photoservice, los Centros Comerciales, la naviera, ZELCOM (que incluye zona franca, los parques industriales y el servicios de almacenes in bond), el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes Havanatur, el servicio de Rent a Car y taxis, Coral Negro (joyerías), Contex (el diseño y producción de uniformes y colecciones de moda), Acuñaciones de Moneda, la agencia aduanal, Imágenes (publicitaria y productora de videos), ECUSE (reparación y mantenimiento de equipos automotores y construcción de inmuebles), la Inmobiliaria, el Centro de Tarjetas de Crédito y servicios financieros, el BFI (Banco Financiero Internacional), Cubapacks (mensajería, paquetería y venta por catálogo), Abdala (estudios de grabación, sello discográfico y editora musical) y la división que maneja todas las marcas y patentes”, señala Almeida.
“Lo mismo sucedió en Habaguanex, en el sistema de cuentapropistas y en todos los ministerios e instituciones; ya sean gubernamentales o no. A todos les han enjaretado coroneles y generales travestidos de CEO con ropaje de Anderson & Sheppard”, agrega.
El otro problema presente en este tipo de acuerdos es la posibilidad de demandas judiciales a partir del tráfico con propiedades confiscadas. Pero al respecto poco es posible hacer en estos momentos, ya que el título 3 de la ley Helms Burton, que conferiría ese derecho a los dueños con reclamaciones de ese tipo, ha sido suspendido por cada presidente desde la entrada en vigor de la ley, tanto republicanos y demócratas. Es muy difícil que dicha “tradición presidencial” se rompa, cualquiera que sea el posible candidato presidencial que llegue a la Casa Blanca el próximo año.
La realidad es que la política del presidente Barack Obama continúa avanzando sobre hechos concretos, mientras sus opositores están enfrascados en medidas legislativas que hasta el momento no logran avanzar más allá de la reafirmación de posiciones o la simple propaganda, según el ángulo en que se mire. Este afianzamiento llevará —si no se producen acontecimientos políticos de trascendencia— a que los negocios norteamericanos terminen por posesionarse en ciertos sectores económicos en la Isla, y entonces resultará prácticamente imposible una marcha atrás, porque no será entonces el Gobierno cubano quien los perjudique sino el de su propio país.
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