Por la capital cubana un rumor corre como la pólvora: según la voz popular este lunes habrá una “huelga de almendrones” entre los choferes que hacen piquera frente al Palacio Aldama y en otras zonas de La Habana, en respuesta a la arbitraria y unilateral medida gubernamental de topar los precios del pasaje que cobran los transportistas privados, últimamente afectados por el aumento del precio del petróleo en el mercado informal.
Se dice que un nutrido grupo del importante sector de los llamados “trabajadores por cuenta propia” que se dedican al transporte privado utilizando para ello una variopinta flota compuesta principalmente por automóviles de los años 40 y 50 del pasado siglo, popularmente conocidos como “almendrones”, ha decidido dejar de prestar servicio al considerar que no existe una correspondencia justa entre el precio actual del hidrocarburo, la carga impositiva del Estado –que permanece inmutable, ajena por completo a los vaivenes del mercado y a la creciente demanda de transporte de la población, en especial en este período de vacaciones de verano– y las tarifas que se han aplicado hasta el momento a los clientes.
A este tenor, desde aproximadamente el 12 de julio, se han estado produciendo aumentos en los cobros de los pasajes por parte de algunos “privados”. Las nuevas tarifas muchas veces duplican la que se aplicaba anteriormente, como es el caso de los autos que cubren la ruta playera Habana-Guanabo –que desde el inicio de la temporada se elevó de 25 a 50 pesos por persona en el viaje de “ida” y hasta 75 pesos por persona el viaje de “regreso” – o la de la ruta Parque de la Fraternidad-Santiago de las Vegas, que desde hoy lunes comenzaría a cobrar 30 pesos por persona frente a los 15 pesos que costaba hasta esta misma semana.
Otra de las soluciones que han comenzado a aplicar los choferes del sector a fin de compensar los costos del petróleo y evitar en lo posible mayores perjuicios en sus ganancias es recortar drásticamente la ruta para mantener las tarifas antiguas. Por ejemplo, una parte de los automóviles de la mencionada línea Parque de la Fraternidad-Santiago de las Vegas han limitado el viaje desde ese céntrico parque hasta la rotonda de la Ciudad Deportiva, y desde ese punto hacen el retorno aplicando el mismo precio. Cualquier pasajero que viaje en ese segmento debe abonar los habituales 10 pesos.
Por su parte, los viajeros habituales de esa línea cuyo destino se aparta más de la capital –como Santiago de las Vegas, Mulgoba, Fontanar, Calle 100, entronque de la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE), entre otros– se ven duramente afectados por esta práctica.
Algo similar ocurre con los carros que cubrían la ruta Habana-Playa, o Habana-Marianao, una parte de los cuales limita el trayecto hasta la concurrida heladería Coppelia, en el Vedado, aunque hay quienes aseguran que en este caso se ha establecido una especie de “sistema de relevo” donde una parte de los transportistas asume el trayecto desde Coppelia hasta el destino final.
A despecho de las medidas represivas gubernamentales anunciadas contra el sector, que incluyen el retiro de la licencia, multas y hasta posibles decomisos del automóvil cuyo dueño desobedezca el edicto real de atenerse a los precios topados, la tozuda realidad se impone siguiendo los principios naturales del mercado de la oferta y la demanda, que rigen en cualquier sociedad humana con independencia de las ideologías y de los mandatos de los poderes.
Básicamente, en Cuba el parque automotor del sistema de transporte de ómnibus públicos estatales no solo es (siempre ha sido) insuficiente para satisfacer siquiera medianamente la creciente demanda social, sino que además carece de las mínimas condiciones de confort y seguridad, y sufre de ineficacia y obsolescencia crónicas.
En consecuencia, a lo largo de los años se ha desarrollado un servicio transportista privado paralelo, relativamente fuerte, capaz de asimilar con mayor eficacia una parte significativa del transporte urbano, permitiendo la movilidad de la población y aliviando la carga del anémico transporte público estatal. Esto ha permitido que durante mucho tiempo los “almendrones” hayan sido un “mal necesario”, amargamente tolerado por las autoridades, puesto que la función que cumplen es tan crítica que de no existir ese servicio y solo prevalecieran los ómnibus estatales, prácticamente se paralizaría la ciudad.
Sin embargo, contraproducentemente las autoridades han decidido aplicar otra vuelta de rosca sobre los transportistas particulares –ya suficientemente abrumados por los impuestos y, sobre todo, por el mecanismo de extorsión-sobornos de los inspectores estatales–, contribuyendo con esto a agudizar la crisis interna y el descontento popular que se derivaría de la inevitable disminución del servicio de transporte, en especial en medio de un verano tórrido y de los inquietantes presagios de tiempos peores.
No satisfechas con topar los precios sobre el servicio privado –pese a que este sector no cuenta con un mercado mayorista de combustible, de piezas de repuesto, ni de otros implementos para el mantenimiento y reparación de los automóviles–, las autoridades han convocado desde su monopolio mediático a las masas populares para que se apresten a delatar a todo aquel chofer privado que aplique un aumento de la tarifa del servicio. Incluso se ha habilitado un número telefónico –al que no se accede desde el exterior del país– para que las víctimas de la supuesta avaricia de los transportistas privados denuncien al infractor. El 18820 es el número creado por la Santa Inquisición verde olivo para el nuevo sistema de delación entre esclavos y bastará una denuncia anónima para que al presunto autor de la herejía le sea retirada la licencia que le permite ejercer como transportista.
Ahora bien, cabría suponer que –habida cuenta de la importancia de los servicios que presta este sector transportista en la capital y de lo numeroso del gremio– sus miembros tuviesen el coraje de protagonizar una huelga de brazos caídos y llevar la ciudad a una especie de semi-parálisis tal que obligaría a las autoridades a reconsiderar su disposición de topar los precios, o en su defecto a facilitar a los transportistas el acceso a combustible con precios favorables, entre otras demandas, exigiéndoles a cambio el mantenimiento de tarifas justas. La realidad, sin embargo, es bien diferente.
Ciertamente son muchos los choferes privados que han manifestado su decisión de no prestar servicios a partir de hoy lunes 18, cuando entre en vigor la disposición gubernamental de precios topados. Pero a juzgar por sus propias declaraciones no aspiran a manifestarse abiertamente en huelga, sino que se limitarán a “tomarse unas vacaciones” o “parar unos días a ver qué pasa y declarar que voy a hacer reparaciones al carro”. Exactamente como aquellos trabajadores estatales que, incapaces de negarse a asistir a una marcha convocada por el gobierno, son capaces de declararse enfermos y hasta agenciarse un certificado médico para justificar su ausencia.
Es decir, hasta el momento estamos frente a una especie de simulación de huelga, pero no ante una huelga propiamente dicha. Desafiar abiertamente a los Inquisidores, reclamar derechos o luchar contra lo que muchos perciben como un atropello es algo que no se les pasa por la cabeza a nuestros aguerridos choferes privados.
No obstante, los señores del Poder se han estado mostrando algo nerviosos en los últimos tiempos. Lo más probable es que hoy las áreas aledañas al Palacio Aldama, el Parque de la Fraternidad y las calles adyacentes hayan amanecido copadas por la policía –la uniformada y la otra– enfrascados en sus rutinas de disuasión, amenaza, revisiones de licencias y detección de potenciales líderes de la apócrifa insubordinación. Seguramente los choferes que no se presenten a trabajar caerán en el tenebroso saco de los sospechosos, serán de alguna manera escarmentados y definitivamente aislados del resto del rebaño. Será quizás el final de “la huelga que nunca fue”, otra oportunidad de plantar cara a la arbitrariedad del Poder, perdida por los cubanos.
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