El emigrado debe hacer méritos para entrar a Cuba
Ana Perdigón Brito.
Con la ropa manchada de sangre, heridas y hematomas en los brazos, regresó a Miami Ana Margarita Perdigón Brito del aeropuerto José Martí de La Habana el pasado mes de junio. Nadie le supo contestar bajo qué argumento el Estado cubano le prohibía a ella, ciudadana de ese país y con los papeles en orden, la entrada a la tierra que la vio nacer.
"Se trata de una venganza del Gobierno cubano hacia los emigrados. Es una especie de chantaje por el cual, si tú te comportas como ellos desean, -es decir, sin ser contestatario-, puedes entrar a tu país, pero si te atreves a criticar al régimen puedes perder ese derecho", dice la activista, que salió de Cuba en 2012 para vivir en EE UU.
La exiliada cubana, que reside en Homestad, en el sur de Florida, intentó entrar por segunda vez a Cuba para visitar a su madre enferma en la provincia de Sancti Spíritus. "La primera vez me regresaron desde el aeropuerto de Miami, cuando intentaba volar a Santa Clara. En esta segunda ocasión, me dejaron llegar a La Habana, pero una vez allí me dijeron que no podría ingresar en el territorio nacional porque, según el sistema, yo tenía prohibida la entrada a Cuba", comenta.
Su pasaporte se encuentra actualizado y vigente, con las prórrogas correspondientes además de la habilitación, un permiso de entrada por el cual deben pagar los cubanos residentes en el exterior y que supuestamente tiene vigencia "para toda la vida", aunque puede ser anulado por los funcionarios cubanos.
Intentó en vano convencer a los agentes de Inmigración para que le permitieran hablar con un superior o que le explicaran bajo qué argumentos le impedían el acceso a un derecho universal. La respuesta siempre fue la misma: "El sistema indica que usted tiene prohibida la entrada. Debe regresar", mientras le insistían que si quería entrar al país debería pedir una visa humanitaria.
La práctica no es nueva, de Arturo Sandoval a Celia Cruz, un número considerable de cubanos han tenido que vérselas con la todopoderosa Dirección de Inmigración y Extranjería a lo largo de las últimas seis décadas para entrar a la Isla. En mucho casos infructuosamente, como ha ocurrido con varias personas que no pudieron asistir ni siquiera al funeral de sus padres. Muchos expertos pensaban que con la nueva ley migratoria, promulgada en 2012, cambiaría la situación, pero no ha sido así.
Perdigón cree que se trata de una muestra más de la falta de escrúpulos del Gobierno cubano en relación con la diáspora. "Ellos no me perdonan el activismo que realicé dentro de Cuba", explica.
Al no tener respuesta sobre su caso, intentó escapar del local donde la habían conducido los oficiales de inmigración y en un forcejeo resultó herida y golpeada. "Traté de no mendigar mi derecho sino conquistarlo [porque] nadie está obligado a obedecer leyes injustas", como decía Martí.
Originaria de la provincia de Sancti Spíritus, tanto ella como su familia pertenecieron a diversos movimientos independientes, integrando partidos políticos e iniciativas a favor de la promoción de los derechos humanos.
El pasaporte de la activista cubana exiliada Ana Perdigón Brito.
"En muchas ocasiones fuimos reprimidos y sufrimos actos de repudio. Una tarde mi hija pequeña llegó corriendo asustada para avisarme de que venían muchas personas gritando. Era un acto de repudio que me habían preparado en el barrio. En otra ocasión, nos dieron una golpiza tremenda en un pueblo llamado Tuinucú y nos encarcelaron", recuerda.
Su caso no es único. Según estadísticas independientes compiladas por los medios, decenas de historias similares han ocurrido en los últimos años. Sin embargo, no existen datos oficiales sobre el número de cubanos a los que se les ha prohibido la entrada al país.
"Las personas no reclaman sus derechos públicamente y no denuncian estas situaciones arbitrarias", comenta desde Cuba, vía telefónica, la directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent Cambara. "Cuando vamos a revisar estadísticas, países como Canadá tienen más denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que Cuba y todos sabemos que se trata de desconocimiento o falta de información sobre el lugar adecuado para reclamar sus derechos, porque si algo sobra en este país son violaciones a los derechos humanos", argumenta.
Según la abogada, no está contemplado en la legislación cubana la denegación de entrada a los connacionales. "Se trata de una decisión discrecional de la Seguridad del Estado o de la Dirección de Inmigración y Extranjería, pero no existen leyes que regulen eso, por lo cual las personas están expuestas a los caprichos y abusos de funcionarios", opina la jurista.
"No puedan dar los motivos por los cuales niegan la entrada al país. No arguyen que sea por una amenaza terrorista o porque a la persona le falta algún documento o trámite. Sencillamente se trata de una decisión arbitraria", añade.
La práctica no se circunscribe solamente a disidentes, activistas y opositores. Diversent cuenta que su oficina atendió el caso de un balsero que abandonó la Isla en 2011 y que continuó viajando regularmente, hasta que en 2015 las autoridades cubanas le comunicaron que no podría entrar nuevamente al territorio nacional.
14ymedio ha conocido casos similares de periodistas, médicos que se acogieron al programa Cuban Medical Professional Parole (CMPP) que ofrece Estados Unidos o religiosos.
"En una ocasión, hice unas declaraciones a un diario local en España sobre la situación de penuria que vive el pueblo cubano y al regresar a la Isla me confrontaron en el aeropuerto varios oficiales, asegurándome que si volvía a hacer algo como eso me revocarían la residencia temporal de religioso", comentó un misionero español que prefiere omitir su nombre por razones de seguridad.
Las modalidades de impedir la entrada son tan variadas como los trámites a realizar para gestiones migratorias en Cuba. Hay personas a las que se les niega la habilitación del pasaporte, como fue el caso del conocido artista plástico Aldo Menéndez. En otras ocasiones, regresan a los cubanos a último minuto desde el aeropuerto del que pretendían volar a la Isla, como ocurrió a la activista Ana Lupe Busto Machado, o esperan a que aterricen en La Habana para después de que se han gastado 450 dólares en la confección del pasaporte, 20 dólares en la habilitación o 180 dólares en las prórrogas, más el precio del pasaje desde Miami que ronda los 500 dólares, decirles que no pueden entrar nunca más a su país.
14ymedio intentó comunicarse con la Oficina de Inmigración y Extranjería de Cuba, pero las autoridades se negaron a responder sus preguntas.
"No debe extrañarle a nadie este tipo de procedimientos", dice el abogado Wilfredo Vallín, fundador de la Asociación Jurídica Cubana. "El Gobierno tiene un largo historial de acciones que no acatan su propia legalidad. ¿Acaso no estuvo vigente hasta hace poco una prohibición expresa e inconstitucional para que los nacionales no entraran a los hoteles? ¿Qué pasa con la movilidad humana dentro de la Isla? ¿No es regulada.
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