PERSONAS LGBT EN MÉXICO:
UN GRUPO DISCRIMINADO, HOSTIGADO Y ODIADO
México está pasando una profunda y grave crisis de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la violencia y la generalización de la impunidad, se han convertido en el pan de cada día para muchas mexicanas y mexicanos. Estos fenómenos de violencia afectan directamente a grupos de poblaciones vulnerables, especialmente a las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, en adelante LGBT.
Una discriminación institucional y generalizada
El primer artículo de la Constitución, a raíz de la reforma del 2011, dicta que todos los Mexicanos y Mexicanas son iguales y que gozan de los mismos derechos sin sufrir discriminación por ninguna condición, incluyendo la “preferencia sexual” (termino que se usa en la Constitución). En México está prohibida toda práctica de discriminación contra las personas LGBTI que incluya la violencia física o psicológica a causa de la orientación sexual diferente (Enadis, 2010). Además, la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association calificó a México como un país con un marco normativo que protege y garantiza los derechos de la población LGBT (CIDH, 2016) en 2014. Sin embargo, México es un país progresista y avanzado solo en papel, ya que las personas LGBT siguen siendo hostigadas, perseguidas y asesinadas por tener una orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual. Una cosa es el cuerpo de leyes, y otra muy diferente es su aplicación efectiva.
Ser LGBT en el contexto social mexicano es sinónimo de vergüenza. Sinónimo de ser objeto de odio y discriminación. Esta discriminación tiene una naturaleza no sólo institucional (a pesar de los últimos avances que se han logrado), sino que es estructural porque la sociedad percibe a las personas LGBT como “enfermos, desviados o confundidos”. Esto nos ayuda a entender por dónde realmente deben de ir dirigidos los esfuerzos del Estado en proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBT.
Esta discriminación es motivada por la homolesbitransfobia, un tipo de discriminación estructural. Las diversidades sexuales y de género que no encajan en la heteronormatividad, y que significan una disidencia en contra de la violencia machista, misógina y patriarcal que coexiste con las costumbres y prácticas sociales de la sociedad mexicana, es automáticamente despreciada y discriminada.
Así pues, el 52.0% del total de las personas LGBT en México consideran que el principal problema que viven es la discriminación, la falta de aceptación acompañada de críticas y burlas por asumir una orientación sexual diferente. Es más, nos llevamos la sorpresa de que la policía, la gente de la Iglesia o de la congregación, el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal son los actores más intolerantes hacia las personas LGBT (Enadis 2010). Por ejemplo, los encuestados respondieron que el 42.8% de los agentes de la policía son intolerantes hacia orientaciones sexuales diferentes. En este contexto, asumirse en México con una orientación sexual, identidad o expresión de género diferente a la heterosexual, es un acto de valentía.
Además, los LGTB en situación de pobreza sufren una doble discriminación: mientras más pobre eres más discriminación sufres. Por ejemplo, la percepción de discriminación de las personas LGBT de nivel socioeconómico muy bajo es de 58.5% y la percepción de discriminación del mismo grupo poblacional pero de nivel socioeconómico medio alto/alto es de 37.4%. Esto resulta aún más grave cuando vemos que casi la mitad de la población mexicana vive en pobreza.
Una consecuencia de esa discriminación generalizada es la posición de México en número de homicidios. Según el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 2016, es el segundo lugar a nivel mundial, superado por Brasil, con mayor número de homicidios de odio a personas transexuales, por aversión a su orientación sexual o su identidad de género. Cabría preguntarnos: Si tanto se protege y se garantiza a esta población sus derechos humanos, ¿por qué hay tantos asesinatos de personas trans en el país?
De la violencia, el hostigamiento y los crímenes de odio
La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, en su último informe dijo que entre el 1995 y el 2015 en México se han registrado 1.310 casos de homicidios motivados por odio contra personas LGBT, pero no parece que la situación esté mejorando. Así pues, entre 2013 y el 2014, los crímenes de odio contra personas LGBT llegaron a niveles graves: hubo 42 homicidios contra personas transexuales y 37 homicidios de hombres homosexuales.
El asesinato y la eliminación de una persona LGBT es sólo el fin de la discriminación de la que sufre esta comunidad. Según la CCCOH el 80% de los asesinatos registrados, sufrieron maltratos, golpes y agresiones físicas antes de ser asesinados (CIDH, 2016); y aquí estamos frente a una situación de discriminación estructural, las personas LGBT no sólo son eliminadas por discrepar con el status quo, sino que son torturas y maltratadas con el afán de deshumanizarlas.
Las personas LGBT no son solamente asesinadas, sino que su integridad personal y sus derechos más fundamentales son constantemente menoscabados y violentados tanto por la policía como por sus conciudadanos. Según el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 2016, las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual son acosadas y hostigadas por la policía. En Chihuahua por ejemplo, son sometidas a realizarse forzosamente las pruebas de VIH, y cuando no acceden son amenazas por las autoridades. Otro ejemplo es un caso de mutilación donde le extirparon los ojos a un hombre homosexual.
Este y otros muchos casos de los cuáles las autoridades tienen conocimiento pero no se pone remedio, dejan a miles de víctimas sin acceso a la justicia y en completa desprotección frente a la crisis de violencia que vive el país. Según la CIDH, los casos de violencia contra personas LGBT casi siempre se quedan impunes y cuando llegan a instancias judiciales no se resuelven. Encima, las violaciones ni siquiera suelen ser denunciadas por las víctimas porque perciben a las autoridades como corruptas y coludidas con la violencia y la inseguridad que vive el país.
El avance no es suficiente
Todavía existen muchos obstáculos para que las personas LGBT puedan gozar de sus derechos al igual que el resto de sus conciudadanos. En efecto, a pesar los avances en contra de la discriminación hacia las personas LGBT en la Ciudad de México, la CIDH menciona que no son suficientes, ya que en otras entidades federativas siguen existiendo graves violaciones de los derechos de esta comunidad. La centralización de los programas y las políticas públicas contra la discriminación en Ciudad de México se ha convertido en un problema, ya que deja en estado de indefensión a muchas personas LGBT de otros estados y localidades. Por este motivo, el último informe de la CIDH menciona una frase que ha sido reivindicada por la sociedad civil organizada: “el Distrito Federal no es México”. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar políticas públicas no-discriminatorias y promotoras de derechos humanos que sean incluyentes, generales y accesibles a todas las personas LGBT sin importar la ubicación geográfica y observando el contexto socioeconómico de manera diferenciada.
Además, la normativa penal no permite tratar adecuadamente los crímenes del odio dirigidos hacia esta comunidad. No existe a nivel federal un tipo penal especial para aquellos casos motivados por la fobia y la intolerancia a las personas LGBT, por lo que si encuentran a un transexual asesinado, lo categorizan como crimen pasional como cualquier otro. La propia Procuraduría General de la República dijo que no cuenta a nivel federal con estadísticas específicas desagregadas sobre los casos de violencia sufridos por la población LGBT por falta de tipificación penal a nivel federal. Es decir, el Estado mexicano no sabe cuantas personas LGBT son asesinadas por su orientación e identidad de género, y no existe una figura penal federal que sancione de manera general e integral la violencia que soportan las personas LGBTI en México (CIDH, 2016).
En el lanzamiento de la campaña internacional “Libre e Iguales” de Naciones Unidas, el Secretario General Ban Ki Moon expresó: “Déjenme decirlo alto y claro: las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero tienen los mismos derechos que todos los demás. Ellos también nacen libres e iguales”.
Es necesario que esta reflexión y el cumplimento de los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y los tratados internacionales se materialicen y sean una realidad para todos y todas. Esto solo se logrará con una ciudadanía activa, que exija y sea lo suficientemente contestataria frente a los abusos de poder y favor de los derechos de la comunidad LGBT.
Esta es una explicación sin ánimo de lucro.
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